La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reforzado su investigación sobre la denominada «trama del fuel», solicitando documentación esencial en Correos, Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica. De acuerdo con el informe policial, una organización criminal integrada por empresarios asociados a Villafuel habría invertido un millón de euros para asegurar la concesión de la licencia como operador mayorista de hidrocarburos.
La suma principal, 585.000 euros, se destinó al chalet de La Alcaidesa (Cádiz) que utilizaba el exministro José Luis Ábalos, quien actualmente se encuentra en prisión provisional por este caso. Además, 292.416 euros fueron pagados a Víctor de Aldama por su papel de intermediario, mientras que Koldo García, considerado la mano derecha de Ábalos, recibió remuneraciones mediante un contrato laboral con una empresa relacionada con uno de los empresarios implicados, sin evidencia de servicios efectivos prestados.
La pesquisa revela que la red sostuvo encuentros y mantuvo contactos con responsables de los ministerios que estaban bajo la dirección de Reyes Maroto y Teresa Ribera, buscando facilitar la obtención de la licencia a pesar de la falta de solvencia económica demostrada por Villafuel. Entre estas gestiones se registran reuniones en diciembre de 2020 y enero de 2021 con Juan Ignacio Díaz Bidart, director de gabinete de Maroto, así como encuentros en abril y julio de 2021 con Marc Pons, director de gabinete de Ribera.
Los investigadores destacan que, aunque algunos ministerios implicados no tenían competencias directas para autorizar a operadores mayoristas, la red presionó para acelerar los procesos a través de intermediarios y pagos no regulares.
La UCO prosigue con la recopilación de pruebas para esclarecer la magnitud del entramado y la posible participación de altos cargos en la concesión de las licencias de hidrocarburos.
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