Madrid, 29 de junio de 2026. — La investigación del ‘caso Leire’ enfrenta un nuevo giro con alcance significativo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confiscado en la sede principal del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, una agenda manuscrita que contiene notas detalladas sobre las ayudas públicas concedidas a Tubos Reunidos. Entre las anotaciones, se destaca la aprobación para posponer el pago anticipado parcial de una deuda millonaria contraída por la empresa con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Este hallazgo se incluye en el último informe que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado al juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El propio juez ordenó este lunes la imputación de 25 personas, entre las cuales se encuentra Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI.
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Participación de la dirección socialista: la función de Santos Cerdán
Según el escrito del Ministerio Público, las pruebas incautadas en la sede socialista bajo mandato judicial resultan fundamentales para el avance del caso. El documento señala que las notas manuscritas en la agenda evidencian que:
«El exdirigente socialista Santos Cerdán tendría conocimiento de las demandas de Tubos Reunidos, así como del rol desempeñado por los investigados en la obtención de la autorización pertinente».
Esta información vincula de manera directa a altos cargos del partido con el control o conocimiento de las operaciones presuntamente fraudulentas, fortaleciendo la hipótesis de los investigadores sobre una red de influencias diseñada para intervenir tanto en la concesión de fondos públicos como en procesos judiciales relacionados con la administración pública.
El esquema del fraude: el colectivo ‘Hirurok’ y facturas fraudulentas
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el núcleo de la operación estaba constituido por el grupo conocido como Hirurok (que significa «Nosotros tres» en euskera), integrado supuestamente por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Este grupo habría gestionado el préstamo de 112,9 millones de euros concedido a Tubos Reunidos.
Como contraprestación por estas gestiones, los involucrados recibieron una comisión de 114.950 euros camuflada como supuestos servicios de «prospección de mercados» bajo contratos con la empresa Mediaciones Martínez. Aunque dichos pagos cuentan con documentación, la UCO los califica rotundamente como «facturas fraudulentas» destinadas a dar una apariencia de legalidad a los cobros ilegítimos.
Control informal y extensión a otras cuatro entidades públicas
El informe policial destaca especialmente la actuación de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, quien presuntamente se apropió de 40.000 euros relacionados con esta operación. Según los agentes, Fernández habría mantenido el control efectivo de la SEPI de forma no oficial, incluso después de cesar y antes de nombrarse un nuevo presidente legalmente. La UCO acredita su participación en reuniones representando a la entidad, acceso a bases de datos internas, y la toma de decisiones con instrucciones directas al personal.
Con la agenda de Ferraz disponible y los recientes informes de la UCO, el juez Pedraz amplía la investigación más allá de la siderúrgica, ampliando el enfoque a posibles irregularidades en otras cuatro adjudicaciones o acuerdos con entidades públicas bajo sospecha: Mercasa, Enusa, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias.
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