Madrid, 29 de junio de 2026. — El magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha decidido imputar a 25 personas en el denominado ‘caso Leire’. Entre los investigados figura Belén Gualda, actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La investigación se centra en una supuesta red que habría manipulado ayudas públicas y alterado procesos judiciales asociados al PSOE o al Gobierno.
En una providencia emitida este lunes, el juez Pedraz indica que, tras revisar un extenso documento presentado por la Fiscalía Anticorrupción, se inicia la investigación formal al existir evidencias sólidas de posibles delitos.
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Altos cargos de empresas públicas y privadas afectados
La orden judicial incluye a numerosos directivos y ex altos cargos de sectores estratégicos y de la administración estatal. Destacan los siguientes nombres:
- En la SEPI y entidades estatales: Julián Mateos Aparicio (director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), Miguel Ángel Santiago Mesa (director corporativo), Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra. También se encuentran en la lista José Vicente Berlanga (expresidente de Enusa) y José Ramón Sempere (expresidente de Mercasa).
- Sector privado: Francisco Irazusta y Carlos López de las Heras (expresidente y consejero delegado de Tubos Reunidos, respectivamente), Francisco Javier López Buciega (exdirectivo de Acciona) y Antonio José Sánchez Campos (hijo del propietario de Forestalia).
- Ámbito institucional y jurídico: Juan Antonio Carrillo Donaire (catedrático y exmiembro del consejo consultivo andaluz) y Miguel Ángel Figueroa Teva (exinterventor general de la Junta de Andalucía).
Comisiones bajo sospecha y facturas falsas
La investigación inicial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se concentró en la concesión de una ayuda pública de 112,9 millones de euros por parte de la SEPI a Tubos Reunidos.
De acuerdo con Anticorrupción, el grupo denominado Hirurok («Nosotros tres» en euskera), presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, habría empleado maniobras ilícitas para garantizar la aprobación del crédito. A cambio habrían recibido una comisión de 114.950 euros, canalizada través de la empresa Mediaciones Martínez bajo el concepto de «prospección de mercados». La UCO califica estas facturas como «falsas», apuntando que el verdadero motivo del pago fue la comisión.
La influencia de la presidencia en la sombra: Según los investigadores de la Guardia Civil, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, habría recibido 40.000 euros por estas gestiones. Además, se sospecha que Fernández continuó ejerciendo de facto el control de la entidad antes del nombramiento oficial de su sucesor, participando en reuniones clave, adoptando decisiones y dando instrucciones internas.
La pesquisa alcanza cinco operaciones
Aunque el caso se desencadenó por el rescate a Tubos Reunidos, el juez Pedraz ha ampliado considerablemente el alcance del procedimiento. Siguiendo las indicaciones de la Fiscalía, el juzgado ha encontrado indicios razonables de irregularidades similares en contratos o transacciones relacionadas con otras cuatro entidades:
- Mercasa
- Enusa
- Parque Empresarial Principado de Asturias
- Forestalia
Con estas nuevas imputaciones, la Audiencia Nacional pretende esclarecer la magnitud total de esta red de influencias que, presuntamente, habría utilizado información privilegiada del Estado para alterar de forma ilícita la distribución de fondos públicos.
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