Ayuso alerta a los cónsules sobre la ilegalidad de conceder nacionalidad mediante la «ley de nietos» sin cumplir requisitos

Madrid.— La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, emitió hoy una clara advertencia dirigida a cónsules y funcionarios de las embajadas españolas, señalando que otorgar la nacionalidad a personas que no cumplen con las normativas vigentes constituye una acción ilegal.

Estas declaraciones se refieren específicamente a la llamada «ley de nietos», que permite a los descendientes de españoles adquirir la nacionalidad sin necesidad de residir en España.

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“Cada cónsul y funcionario que conceda la nacionalidad a quien no reúna los requisitos debe saber que estaría incurriendo en una acción ilegal. Esto es nuestro aviso”, aseguró la presidenta durante un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Acusaciones sobre la modificación del censo electoral

Díaz Ayuso expresó fuertes críticas hacia la aplicación de esta ley, advirtiendo que su repercusión político-social podría provocar que Argentina se convierta en la tercera circunscripción con mayor número de votos en las próximas elecciones generales.

Según la presidenta regional, la administración central estaría llevando a cabo una estrategia para influir en el resultado electoral:

• Alteración de escaños: Ayuso indicó que el Gobierno está incrementando la presencia de agentes gubernamentales en las embajadas con el objetivo de modificar las normas electorales y alterar el censo de votantes.
• Regularización de migrantes: Relacionó esta situación con la regularización extraordinaria de migrantes dentro del país, advirtiendo que esto podría saturar los servicios públicos.
• Asignación arbitraria de provincias: Señaló que el Ejecutivo pretende asignar las provincias de forma arbitraria según el resultado del recuento de votos, especialmente en aquellas donde necesiten votos para obtener un escaño adicional.

Para concluir, Díaz Ayuso manifestó su preocupación por la situación política actual en España, afirmando que «la política española está perdiendo el rumbo» y lamentó lo que considera un cuestionamiento sin precedentes de la soberanía popular expresada a través de las urnas.