MADRID — El Partido Popular, que actúa como acusación popular unificada en el denominado ‘caso SEPI’, ha presentado ante la Audiencia Nacional una solicitud para imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; a su predecesor en el cargo, Leonardo Marcos; y al Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas. En el escrito, los populares acusan a estos tres altos cargos de una posible colaboración con las denominadas ‘cloacas del PSOE’ para obstaculizar investigaciones judiciales con implicaciones políticas.
La petición fue presentada en el Tribunal Central de Instancia número 5 siguiendo informes recientes de la Unidad Central Operativa (UCO) que revelan encuentros, eliminación de mensajes telefónicos y supuestas instrucciones para limitar la actuación de los agentes en casos relacionados con el entorno gubernamental, como el que afecta al hermano del presidente Pedro Sánchez.
Mensajes eliminados y una investigación interna acelerada
Los hechos que motivan la solicitud se remontan a mayo de 2025, concretamente a la mañana en que se publicaron conversaciones de WhatsApp entre el presidente del Gobierno y el exministro José Luis Ábalos. Según el informe adicional entregado al juez Santiago Pedraz, la UCO identificó las siguientes acciones bajo sospecha:
- Activación del borrado automático: El 11 de mayo de 2025, Mercedes González mantuvo mensajes con Leire Díez, considerada la ‘fontanera’ del PSOE. Los investigadores destacan que a las 9:16 horas de ese día, la directora general configuró la aplicación para borrar automáticamente los mensajes cada 24 horas.
- Presiones sobre la UCO: Dos horas después, el DAO, Manuel Llamas, se reunió en una cafetería con el jefe de Seguridad del cuerpo para ordenar la apertura urgente de una investigación interna destinada a localizar al presunto ‘filtrador’ dentro de la UCO.
Cuatro días después, el jefe de la UCO manifestó que el instructor del expediente interno le informó que el DAO estaba siendo objeto de importantes presiones políticas para impulsar la búsqueda del filtrador, una acción que fue finalmente paralizada por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
Órdenes de moderar la actuación en casos políticos
El documento del PP subraya que tanto el exdirector Leonardo Marcos como el DAO Manuel Llamas instruyeron a varios mandos de la UCO a adoptar una actitud pasiva y reducir su iniciativa en causas penales con implicación política. Mientras tanto, la directora general sostuvo hasta tres reuniones presenciales con Leire Díez, quien en privado afirmaba tener un control completo sobre Mercedes González.
Investigaciones paralelas: Este nuevo desarrollo judicial coincide con la decisión del juez Santiago Pedraz de llamar como testigos a los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, asistente principal del Fiscal General Álvaro García Ortiz, para que expliquen sus encuentros con Leire Díez en la sede de la Fiscalía General del Estado.
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