CÁDIZ — Este miércoles, agentes de la Guardia Civil acudieron al Edificio Roma de la Diputación Provincial de Cádiz para solicitar formalmente la documentación relacionada con cinco contratos de patrocinio para eventos musicales. Esta actuación forma parte de una amplia operación judicial que indaga un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con narcotráfico, cuyo principal investigado es el conocido promotor de ocio nocturno y festivales, Pascual Llopis.
La investigación está bajo secreto de sumario y es dirigida por un juzgado de Cádiz en coordinación con la Fiscalía Antidroga. Al mismo tiempo que la petición de información, se llevaron a cabo registros en varios locales de hostelería, oficinas e inmuebles ligados al empresario en las provincias de Cádiz —con especial atención en El Puerto de Santa María— y Sevilla.
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Contratos sospechosos por un valor superior a un millón de euros
La pesquisa se centra en el uso de fondos públicos otorgados al entramado empresarial de Llopis, principalmente a través de las sociedades Bahía Luz Restauración, S.L. y Luna Bahía, S.L.. En un periodo inferior a dos años —entre mayo de 2024 y abril de 2026— estas empresas firmaron cinco contratos negociados sin publicidad que en conjunto superan el millón de euros.
Entre los documentos solicitados destacan:
- Circuito ‘Pal Sur Festival’ (2026): El contrato más elevado, formalizado el 28 de abril por un importe de 550.000 euros (IVA incluido), destinado al patrocinio de un festival que recorre nueve municipios de la provincia de Cádiz.
- Preferia de El Puerto de Santa María (2026): Contrato de patrocinio firmado en marzo por un total de 150.000 euros.
- Edición previa del ‘Pal Sur Festival’ (2025): Con un importe cercano a 314.000 euros (sin incluir IVA).
- Puro Latino Fest: Varios contratos de patrocinio para este evento multitudinario de El Puerto de Santa María, cuyas subvenciones también fueron reclamadas por la Guardia Civil a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Respuesta política y colaboración institucional
Los requerimientos se centraron en el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, dependiente del alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente de la Diputación, Germán Beardo (PP). A través de un comunicado, Beardo aclaró que no se realizó ningún registro en su despacho y señaló que la Diputación facilitó toda la documentación solicitada con plena disposición hacia la Guardia Civil.
Petición de la oposición: Ante la gravedad del caso, Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz, solicitó al Partido Popular que garantice la mayor transparencia en relación con los contratos adjudicados a las empresas vinculadas al empresario en investigación. «Estamos atentos y con cierta incredulidad. ¿Qué está sucediendo?», afirmó el dirigente socialista.
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