El Congreso examina este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PNV y Junts, que critican una invasión de competencias, mientras el Partido Popular valora abstenerse ante la ausencia de un estudio de impacto económico.
MADRID. — Se inicia en el pleno del Congreso de los Diputados el debate sobre la propuesta de ley que busca disminuir notablemente el número de alumnos por aula en Educación Primaria y Secundaria, además de reducir la carga lectiva del profesorado en la enseñanza pública. El avance de esta iniciativa depende de la postura definitiva del Partido Popular y ocurre en un contexto de discusión sobre la distribución de competencias autonómicas.
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Las dos enmiendas a la totalidad, que fueron presentadas de manera independiente por PNV y Junts per Catalunya, serán sometidas a debate y votación en la Cámara Baja. Ambos grupos solicitan que el texto sea devuelto al Gobierno encabezado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. La normativa propone modificar dos leyes educativas fundamentales para establecer un máximo de 22 estudiantes por clase en Primaria (en lugar de los 25 actuales) y de 25 en Secundaria (frente a los 30 vigentes), junto con la reducción de la jornada laboral docente a un máximo de 23 horas semanales para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas en Secundaria y Bachillerato.
Diferencias competenciales: posturas de PNV y Junts
Aunque PNV y Junts han manifestado su apoyo a mejorar las condiciones laborales y salariales del profesorado, sus enmiendas se fundamentan en la alegación de que el proyecto representa una «invasión de las competencias autonómicas» por parte del Ejecutivo Central.
Junts señala que la iniciativa vulnera la autonomía financiera y busca imponer obligaciones a las comunidades autónomas «sin asegurar los recursos necesarios para su aplicación». Este grupo catalán califica la propuesta como una «modificación profunda y anticonstitucional».
Por otro lado, el PNV rechaza el proyecto porque plantea desde el centro un régimen de «ratios rígidas y uniformes» para todo el territorio español. Los nacionalistas vascos critican la perspectiva «homogeneizadora del sistema educativo, que no considera la diversidad educativa ni las distintas necesidades territoriales». También critican la «falta de verdadera cooperación institucional con Euskadi», que tiene competencia en educación, durante la elaboración del texto.
Aritmética parlamentaria y reservas de las comunidades del PP
A pesar de las críticas de sus socios en el Gobierno, se estima que las enmiendas a la totalidad serán rechazadas debido al apoyo del bloque formado por PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu. El avance de la ley en esta fase dependerá, salvo imprevistos, de la abstención del Partido Popular. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo no ha presentado una enmienda de devolución y opta por dejar continuar el trámite sin obstaculizarlo.
Sin embargo, esta actitud no equivale a un respaldo absoluto. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP expresaron su disconformidad en la última Conferencia Sectorial de Educación. El punto de conflicto principal es la ausencia de un análisis del impacto económico que estas medidas tendrían en los presupuestos regionales, especialmente respecto a la contratación de personal derivada de la significativa reducción de horas lectivas del profesorado.
Sindicatos expresan preocupación por la demora en la implementación
Tras superar este primer paso, la tramitación continuará con el análisis de las enmiendas parciales. El plazo para presentar modificaciones ya ha sido ampliado tres veces esta semana y, según fuentes parlamentarias, podría extenderse nuevamente hasta septiembre.
Este retraso ha generado inquietud en el sector educativo. La mayoría de sindicatos de la enseñanza pública no universitaria han comunicado a la Agencia EFE su preocupación por la imposibilidad de que la mayoría de la ley entre en vigencia para el inicio del curso escolar 2026-2027. Después de su aprobación en el Congreso, el texto debe pasar al Senado, y las Cortes Generales finalizan su periodo ordinario de sesiones este mes de junio.
Aunque el proceso está ralentizado, el propio proyecto establece que para el curso 2026-2027 se aplicarán la doble contabilización del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) para el cálculo de ratios, y el comienzo de la reducción horaria docente. Por otra parte, la disminución general de alumnos por aula se implementará de manera gradual, esperándose su culminación para el curso 2031-2032.
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