Madrid — La Guardia Civil ha fortalecido sus capacidades tecnológicas de investigación tras adjudicar un contrato de 2,5 millones de euros (impuestos incluidos) para adquirir un sistema de registro informático remoto. Esta tecnología permitirá a los agentes acceder telemáticamente a teléfonos móviles con sistemas Android e iOS (iPhone), sin intervenir o incautar físicamente los dispositivos.
Registro remoto y de manera «transparente»
De acuerdo con los datos oficiales de la contratación pública, el sistema está diseñado para irrumpir en el dispositivo de manera completamente «transparente» y oculta. La tecnología posibilita la instalación de un software específico en los terminales sospechosos para analizar toda la información almacenada, incluidos mensajes, archivos y registros de comunicaciones.
A diferencia del análisis forense tradicional —que obliga a los investigadores a confiscar físicamente el móvil y extraer su contenido en instalaciones policiales—, esta herramienta funciona a distancia. Además, según los pliegos técnicos, el sistema puede seguir operativo incluso si el teléfono se reinicia o actualiza.
Adjudicación y marco legal
El contrato fue adjudicado a Fortier Europe, S.L.U., con sede en Boadilla del Monte, Madrid, tras un proceso que sólo recibió una oferta, lo que permitió la adjudicación directa debido a los derechos exclusivos para comercializar la tecnología.
Aunque esta herramienta de rastreo y ciberinvestigación es muy sofisticada, las fuentes jurídicas y policiales indican que su uso está regulado estrictamente por la ley. Su activación y la obtención de datos requieren siempre una autorización judicial previa y deben limitarse a investigaciones complejas relacionadas con delitos graves, como terrorismo, delincuencia organizada o delitos informáticos de gran relevancia.
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Registro remoto y de manera «transparente»
De acuerdo con los datos oficiales de la contratación pública, el sistema está diseñado para irrumpir en el dispositivo de manera completamente «transparente» y oculta. La tecnología posibilita la instalación de un software específico en los terminales sospechosos para analizar toda la información almacenada, incluidos mensajes, archivos y registros de comunicaciones.
A diferencia del análisis forense tradicional —que obliga a los investigadores a confiscar físicamente el móvil y extraer su contenido en instalaciones policiales—, esta herramienta funciona a distancia. Además, según los pliegos técnicos, el sistema puede seguir operativo incluso si el teléfono se reinicia o actualiza.
Adjudicación y marco legal
El contrato fue adjudicado a Fortier Europe, S.L.U., con sede en Boadilla del Monte, Madrid, tras un proceso que sólo recibió una oferta, lo que permitió la adjudicación directa debido a los derechos exclusivos para comercializar la tecnología.
Aunque esta herramienta de rastreo y ciberinvestigación es muy sofisticada, las fuentes jurídicas y policiales indican que su uso está regulado estrictamente por la ley. Su activación y la obtención de datos requieren siempre una autorización judicial previa y deben limitarse a investigaciones complejas relacionadas con delitos graves, como terrorismo, delincuencia organizada o delitos informáticos de gran relevancia.
Madrid — La Guardia Civil ha fortalecido sus capacidades tecnológicas de investigación tras adjudicar un contrato de 2,5 millones de euros (impuestos incluidos) para adquirir un sistema de registro informático remoto. Esta tecnología permitirá a los agentes acceder telemáticamente a teléfonos móviles con sistemas Android e iOS (iPhone), sin intervenir o incautar físicamente los dispositivos.
Registro remoto y de manera «transparente»
De acuerdo con los datos oficiales de la contratación pública, el sistema está diseñado para irrumpir en el dispositivo de manera completamente «transparente» y oculta. La tecnología posibilita la instalación de un software específico en los terminales sospechosos para analizar toda la información almacenada, incluidos mensajes, archivos y registros de comunicaciones.
A diferencia del análisis forense tradicional —que obliga a los investigadores a confiscar físicamente el móvil y extraer su contenido en instalaciones policiales—, esta herramienta funciona a distancia. Además, según los pliegos técnicos, el sistema puede seguir operativo incluso si el teléfono se reinicia o actualiza.
Adjudicación y marco legal
El contrato fue adjudicado a Fortier Europe, S.L.U., con sede en Boadilla del Monte, Madrid, tras un proceso que sólo recibió una oferta, lo que permitió la adjudicación directa debido a los derechos exclusivos para comercializar la tecnología.
Aunque esta herramienta de rastreo y ciberinvestigación es muy sofisticada, las fuentes jurídicas y policiales indican que su uso está regulado estrictamente por la ley. Su activación y la obtención de datos requieren siempre una autorización judicial previa y deben limitarse a investigaciones complejas relacionadas con delitos graves, como terrorismo, delincuencia organizada o delitos informáticos de gran relevancia.
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Registro remoto y de manera «transparente»
De acuerdo con los datos oficiales de la contratación pública, el sistema está diseñado para irrumpir en el dispositivo de manera completamente «transparente» y oculta. La tecnología posibilita la instalación de un software específico en los terminales sospechosos para analizar toda la información almacenada, incluidos mensajes, archivos y registros de comunicaciones.
A diferencia del análisis forense tradicional —que obliga a los investigadores a confiscar físicamente el móvil y extraer su contenido en instalaciones policiales—, esta herramienta funciona a distancia. Además, según los pliegos técnicos, el sistema puede seguir operativo incluso si el teléfono se reinicia o actualiza.
Adjudicación y marco legal
El contrato fue adjudicado a Fortier Europe, S.L.U., con sede en Boadilla del Monte, Madrid, tras un proceso que sólo recibió una oferta, lo que permitió la adjudicación directa debido a los derechos exclusivos para comercializar la tecnología.
Aunque esta herramienta de rastreo y ciberinvestigación es muy sofisticada, las fuentes jurídicas y policiales indican que su uso está regulado estrictamente por la ley. Su activación y la obtención de datos requieren siempre una autorización judicial previa y deben limitarse a investigaciones complejas relacionadas con delitos graves, como terrorismo, delincuencia organizada o delitos informáticos de gran relevancia.
