La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó este jueves una actuación en el Ministerio de Igualdad para obtener documentación vinculada a un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato. La Fiscalía Europea lidera la investigación, tras detectar un uso irregular de fondos europeos asignados a estas pulseras telemáticas.
Los agentes de la UCO también registraron el Tribunal de Cuentas, que en un informe reciente detectó severas deficiencias en la compra de estas pulseras por parte del Ministerio de Igualdad, cuyo coste superó los 100 millones de euros.
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Fallos técnicos y problemas en las pulseras
Los inconvenientes con las pulseras antimaltrato salieron a la luz en septiembre de 2025, cuando se identificaron fallos que derivaron en sobreseimientos, absoluciones y casos de desprotección para las víctimas. Bajo la gestión de Irene Montero como ministra, se perdieron todos los datos relativos a las órdenes de alejamiento por maltrato.
La Fiscalía Europea ha informado que las acciones emprendidas forman parte de una indagación por un presunto delito de fraude relacionado con fondos europeos destinados a la compra de estos dispositivos telemáticos que garantizan el cumplimiento de medidas cautelares y condenas en delitos de violencia de género.
Consecuencias en la protección a las víctimas
El cambio de proveedor del sistema telemático para el seguimiento de órdenes de alejamiento, efectuado por el Ministerio de Igualdad, ha provocado una falta de información que afecta los procesos judiciales contra agresores. Desde el 20 de marzo de 2024, el centro de control Cometa no puede ofrecer datos anteriores a esa fecha, lo que conlleva la pérdida de pruebas necesarias para acusaciones por incumplimiento de medidas de alejamiento.
Las pulseras actuales, con un coste inferior a 150 euros y compradas en plataformas económicas como AliExpress, tienen una calidad baja que facilita que los maltratadores se las puedan quitar y falsifiquen su ubicación. El sistema administra alrededor de 5.000 dispositivos activos para 100.000 casos de violencia de género en seguimiento, de los cuales 60.000 requieren protección policial.
Medidas adoptadas y auditorías en desarrollo
En febrero de 2025 el Ministerio de Igualdad reconoció la necesidad de optimizar la vigilancia electrónica para la protección de víctimas de violencia de género, pero no implementó acciones hasta que se reveló el problema. Aunque la ministra Ana Redondo negó inicialmente los errores, el Gobierno sancionó con 25.285 euros a la adjudicataria Vodafone y luego destinó 71 millones de euros para corregir las deficiencias.
A pesar de que ha transcurrido más de un año desde que se detectaron los fallos, la auditoría interna sobre las pulseras antimaltrato aún está pendiente de finalización. El Ejecutivo ha indicado que existe una auditoría externa e independiente, pero permanece pendiente la del Ministerio de Igualdad.
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