El Ejecutivo en funciones contempla conceder una medida de gracia al fiscal general del Estado tras las elecciones, protegiéndolo frente a un fallo judicial próximo que se espera adverso.
El devenir judicial de Álvaro García Ortiz vuelve a encontrarse en el foco del debate político. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por varios medios, el Palacio de la Moncloa considera seriamente la alternativa de otorgar un indulto al fiscal general del Estado si el Tribunal Supremo emite una sentencia condenatoria definitiva. Sin embargo, la implementación de esta medida se retrasaría intencionadamente hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre, para evitar un impacto electoral directo durante la campaña.
El caso del fiscal general se ha tornado en uno de los asuntos más complejos para el Gobierno, sobre todo tras la acumulación de recursos y la presión por parte de asociaciones de fiscales y grupos parlamentarios de oposición.
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Un calendario delimitado por periodos judiciales y electorales
La dirección gubernamental reconoce que el Tribunal Supremo podría pronunciarse pronto sobre el proceso abierto contra García Ortiz, una fecha a la que se solapan las elecciones:
- Estrategia de cautela: Tomar una decisión sobre una posible gracia durante la precampaña o al inicio oficial de las elecciones supondría un foco más de desgaste para el equipo de Gobierno, que prefiere centrar el debate en asuntos económicos y sociales.
- Gobierno en funciones: A pesar de las limitaciones propias de un Ejecutivo en interinidad en periodo preelectoral, los servicios jurídicos y la dirección política estudian las opciones legales para gestionar el expediente de indulto una vez concluido el proceso judicial.
Respuesta en el ámbito político y judicial
La mera especulación sobre un indulto para el fiscal general ha generado una fuerte reacción institucional y un intercambio inmediato de críticas entre partidos:
- Críticas intensas desde la oposición: Partido Popular y Vox han denunciado la iniciativa como un «ataque sin precedentes a la separación de poderes» y un intento de «controlar las instituciones», reclamando la renuncia inmediata de García Ortiz para preservar la credibilidad de la fiscalía.
- Apoyo desde el ámbito gubernamental: Sectores cercanos al Gobierno subrayan la presunción de inocencia de García Ortiz y recuerdan que el indulto es una prerrogativa legítima contemplada en la legislación española, accesible a cualquier persona o funcionario implicado en un procedimiento judicial.
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