Núcleo Nacional, organización neonazi desarticulada esta semana, excluyó de su delegación en Murcia a una mujer que «era judía» y también a un militante de Valencia por su presunta ascendencia gitana, dentro de un plan para establecer una «raza pura» en sus filas, según el sumario al que tuvo acceso la Policía Nacional. Además, se expulsó a miembros vinculados con ciudadanos árabes y latinoamericanos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón indica que estas medidas se aplicaron bajo criterios supremacistas como parte de una política interna de purga racial. «Nuestro blindaje legal», afirmaron sus responsables para justificar la formación de un partido político denominado Noviembre Nacional, inscrito en febrero con el fin de evitar su ilegalización por delitos de odio. La estructura de Núcleo Nacional implicaba un juramento ideológico y la exigencia de que los miembros fueran originarios de países europeos, salvo excepciones justificadas por ascendencia española o alemana. «Sangre, suelo y tradición» resumía su ideario, sustentado en discursos supremacistas y planes organizados para acosar a minorías religiosas, principalmente musulmanes y judíos, incluyendo propuestas de acciones violentas como «incineraciones». Seis años después de denuncias por amenazas en redes sociales y agresiones espontáneas en Asturias, la Policía procedió recientemente a la detención de catorce integrantes de la cúpula en diversas provincias. A ellos se les imputa delitos de odio, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Diez de ellos quedaron en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.
Núcleo Nacional y la posible ilegalización conforme a la normativa española
La Ley Orgánica 6/2022 introdujo reformas en el Código Penal de España, específicamente en el artículo 510, estableciendo penas de uno a cuatro años de prisión y multas de seis a doce meses para quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas por su pertenencia a grupos protegidos debido a motivos racistas, antisemitas o antigitanos, entre otros. También sanciona la creación o difusión de material con contenido que incite al odio. Estas reformas fortalecen la capacidad judicial para perseguir penalmente, e incluso ilegalizar, colectivos dedicados al extremismo basado en el odio.
Antecedentes del caso y precedentes en Asturias
La investigación comenzó en Asturias, tras la denuncia en noviembre de 2024 de un menor que sufrió agresiones por parte de jóvenes relacionados con el grupo ultra juvenil White Boys, que posteriormente se integró en Núcleo Nacional como base para captar nuevos militantes. Desde entonces, las autoridades identificaron una estructura organizada y jerarquizada que elaboraba planes y discursos violentos contra minorías.
En fechas más recientes, la Policía interceptó comunicaciones internas en las que se discutían ataques a mezquitas, sinagogas, la alteración de manifestaciones y «incineraciones grupales», además de desplazamientos a Ucrania para recibir formación paramilitar. Estas actuaciones condujeron a las detenciones y al procesamiento de miembros tanto adultos como menores de edad.
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