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La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de un individuo acusado de cometer varios delitos económicos, específicamente por defraudar más de 800.000 euros mediante la evasión del pago del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), un impuesto local de la Ciudad Autónoma de Melilla. Esta actividad irregular ha tenido un impacto negativo en más de 2.000 ciudadanos, quienes han visto perjudicados sus patrimonios y, en muchos casos, los salarios de sus empleados.
La investigación se inició tras recibir una denuncia por parte de la fiscalía de Melilla, que alertó sobre el comportamiento del detenido, quien había asumido la titularidad y administración de un gran número de empresas de transporte en la región. Se descubrió que el acusado se había apropiado ilícitamente de los pagos correspondientes al IPSI tanto de las empresas que administraba como de ciudadanos particulares, lo que generó un considerable perjuicio económico en sus actividades comerciales.
Para abordar esta situación, se establecieron dos líneas de investigación. La primera se centró en identificar a los miles de ciudadanos afectados y evaluar el impacto en sus negocios y trabajadores, quienes a menudo no recibían sus salarios. La segunda línea se enfocó en localizar al principal investigado, quien fue encontrado en la Isla de Gran Canaria, donde llevaba una vida ostentosa.
Las gestiones realizadas incluyeron un análisis exhaustivo de documentos mercantiles intervenidos y cuentas bancarias, lo que reveló que las actividades del detenido no se limitaban a Melilla. Sus operaciones se extendieron a varias provincias españolas, incluyendo Málaga, Ceuta, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid.
Cabe destacar que el detenido cuenta con un amplio historial delictivo, con múltiples antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, tales como robos, malversación, estafa, fraude y apropiación indebida.
La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Melilla y el Equipo Contra el Crimen Organizado de Canarias (ECO), bajo la supervisión de la Unidad Central Operativa (UCO) y en el marco de la operación denominada “Monopolio–Latente”, tutelada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla.
