La asociación Hazte Oír ha interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional contra Fouad Ali El Himma, consejero del rey Mohamed VI, y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por presunta responsabilidad en la masiva entrada de migrantes en la ciudad autónoma. La organización solicita que se investigue una posible operación coordinada y que se determine si hubo órdenes de no intervención a las fuerzas de seguridad.
La querella atribuye, de forma indiciaria, delitos contra la paz o independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones serán ahora evaluadas por la Justicia y no suponen que las personas señaladas hayan cometido los ilícitos mencionados.
Piden conservar grabaciones y comunicaciones oficiales
Hazte Oír solicita a la Audiencia Nacional que disponga con urgencia la conservación de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia para evitar su destrucción o sobrescritura.
Además, reclama las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
La asociación pide que su querella se unifique con las diligencias iniciadas por la magistrada María Tardón tras una denuncia previa de Iustitia Europa.
En el marco de dicho procedimiento, la Policía estaría analizando si la entrada masiva fue resultado de una acción previamente coordinada.
La querella señala a agentes marroquíes “infiltrados”
Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano indican que se deben investigar cuatro niveles posibles de responsabilidad.
En primer lugar, se refieren a presuntos agentes de inteligencia marroquíes que habrían actuado infiltrados en Ceuta, además de mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
La denuncia también reclama identificar a quienes promovieron, reclutaron y financiaron la movilización, incluyendo a quienes difundieron convocatorias vía redes sociales o facilitaron transportes y puntos de concentración cerca de la frontera.
También apunta a autoridades españolas
La querella se dirige igualmente contra autoridades españolas que presuntamente ordenaron, transmitieron o ejecutaron instrucciones para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.
Hazte Oír solicita investigar al delegado del Gobierno, a los responsables de la cadena de mando policial y a funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad que podrían haber participado en esas decisiones.
También pide aclarar si algún responsable público conocía un riesgo cierto e inminente y, sin embargo, no tomó medidas de protección.
Un vehículo observado cerca del Tarajal
La asociación añade a la querella documentación sobre un vehículo con matrícula española visto durante la madrugada del 31 de julio en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.
De acuerdo con el relato de los abogados, sus ocupantes llegaron antes de la entrada masiva y entregaron cajas de ropa solo a ciertas personas, mientras intentaban evitar ser grabados.
Hazte Oír sostiene que estas personas parecían ser agentes vinculados con Marruecos y exige su identificación para determinar si tenían algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Dicha versión deberá ser verificada por los investigadores.
Críticas sobre la escasez de recursos y refuerzos
La querella también cuestiona la respuesta española tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones inmediatas a quienes intentan entrar nadando en Ceuta y Melilla.
La asociación recuerda que la resolución no eliminaba todas las opciones de actuación del Estado y permitía la instalación de elementos de contención en el mar.
No obstante, señala que las primeras boyas no se instalaron hasta el 1 de agosto, cuando la entrada masiva ya había sucedido.
También afirma que la plantilla operativa de seguridad ciudadana de la Policía Nacional no llegaba a 200 agentes y que solo unos 40 pertenecían a la Unidad de Intervención Policial frente a decenas de miles de personas.
Los refuerzos procedentes de Sevilla, Málaga y unidades centrales no habrían sido notificados hasta dos días después del inicio de la crisis.
El rol de la Guardia Civil y el Ejército
Según la querella, la Guardia Civil estuvo limitada por la falta de recursos y se centró principalmente en tareas de rescate y encauzamiento.
Respecto a la Comandancia General de Ceuta, Hazte Oír indica que las unidades desplegadas realizaron labores de presencia, vigilancia y apoyo logístico.
La asociación afirma que los militares no sustituyeron a las fuerzas policiales, no actuaron como agentes de autoridad y recibieron instrucciones de no utilizar la fuerza.
Hazte Oír solicita que la Audiencia Nacional determine si existió una intervención organizada desde Marruecos y quién tomó las decisiones operativas en España durante las horas más críticas.
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UNIRME GRATIS AL CANALLa asociación Hazte Oír ha interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional contra Fouad Ali El Himma, consejero del rey Mohamed VI, y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por presunta responsabilidad en la masiva entrada de migrantes en la ciudad autónoma. La organización solicita que se investigue una posible operación coordinada y que se determine si hubo órdenes de no intervención a las fuerzas de seguridad.
La querella atribuye, de forma indiciaria, delitos contra la paz o independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones serán ahora evaluadas por la Justicia y no suponen que las personas señaladas hayan cometido los ilícitos mencionados.
Piden conservar grabaciones y comunicaciones oficiales
Hazte Oír solicita a la Audiencia Nacional que disponga con urgencia la conservación de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia para evitar su destrucción o sobrescritura.
Además, reclama las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
La asociación pide que su querella se unifique con las diligencias iniciadas por la magistrada María Tardón tras una denuncia previa de Iustitia Europa.
En el marco de dicho procedimiento, la Policía estaría analizando si la entrada masiva fue resultado de una acción previamente coordinada.
La querella señala a agentes marroquíes “infiltrados”
Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano indican que se deben investigar cuatro niveles posibles de responsabilidad.
En primer lugar, se refieren a presuntos agentes de inteligencia marroquíes que habrían actuado infiltrados en Ceuta, además de mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
La denuncia también reclama identificar a quienes promovieron, reclutaron y financiaron la movilización, incluyendo a quienes difundieron convocatorias vía redes sociales o facilitaron transportes y puntos de concentración cerca de la frontera.
También apunta a autoridades españolas
La querella se dirige igualmente contra autoridades españolas que presuntamente ordenaron, transmitieron o ejecutaron instrucciones para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.
Hazte Oír solicita investigar al delegado del Gobierno, a los responsables de la cadena de mando policial y a funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad que podrían haber participado en esas decisiones.
También pide aclarar si algún responsable público conocía un riesgo cierto e inminente y, sin embargo, no tomó medidas de protección.
Un vehículo observado cerca del Tarajal
La asociación añade a la querella documentación sobre un vehículo con matrícula española visto durante la madrugada del 31 de julio en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.
De acuerdo con el relato de los abogados, sus ocupantes llegaron antes de la entrada masiva y entregaron cajas de ropa solo a ciertas personas, mientras intentaban evitar ser grabados.
Hazte Oír sostiene que estas personas parecían ser agentes vinculados con Marruecos y exige su identificación para determinar si tenían algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Dicha versión deberá ser verificada por los investigadores.
Críticas sobre la escasez de recursos y refuerzos
La querella también cuestiona la respuesta española tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones inmediatas a quienes intentan entrar nadando en Ceuta y Melilla.
La asociación recuerda que la resolución no eliminaba todas las opciones de actuación del Estado y permitía la instalación de elementos de contención en el mar.
No obstante, señala que las primeras boyas no se instalaron hasta el 1 de agosto, cuando la entrada masiva ya había sucedido.
También afirma que la plantilla operativa de seguridad ciudadana de la Policía Nacional no llegaba a 200 agentes y que solo unos 40 pertenecían a la Unidad de Intervención Policial frente a decenas de miles de personas.
Los refuerzos procedentes de Sevilla, Málaga y unidades centrales no habrían sido notificados hasta dos días después del inicio de la crisis.
El rol de la Guardia Civil y el Ejército
Según la querella, la Guardia Civil estuvo limitada por la falta de recursos y se centró principalmente en tareas de rescate y encauzamiento.
Respecto a la Comandancia General de Ceuta, Hazte Oír indica que las unidades desplegadas realizaron labores de presencia, vigilancia y apoyo logístico.
La asociación afirma que los militares no sustituyeron a las fuerzas policiales, no actuaron como agentes de autoridad y recibieron instrucciones de no utilizar la fuerza.
Hazte Oír solicita que la Audiencia Nacional determine si existió una intervención organizada desde Marruecos y quién tomó las decisiones operativas en España durante las horas más críticas.
La asociación Hazte Oír ha interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional contra Fouad Ali El Himma, consejero del rey Mohamed VI, y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por presunta responsabilidad en la masiva entrada de migrantes en la ciudad autónoma. La organización solicita que se investigue una posible operación coordinada y que se determine si hubo órdenes de no intervención a las fuerzas de seguridad.
La querella atribuye, de forma indiciaria, delitos contra la paz o independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones serán ahora evaluadas por la Justicia y no suponen que las personas señaladas hayan cometido los ilícitos mencionados.
Piden conservar grabaciones y comunicaciones oficiales
Hazte Oír solicita a la Audiencia Nacional que disponga con urgencia la conservación de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia para evitar su destrucción o sobrescritura.
Además, reclama las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
La asociación pide que su querella se unifique con las diligencias iniciadas por la magistrada María Tardón tras una denuncia previa de Iustitia Europa.
En el marco de dicho procedimiento, la Policía estaría analizando si la entrada masiva fue resultado de una acción previamente coordinada.
La querella señala a agentes marroquíes “infiltrados”
Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano indican que se deben investigar cuatro niveles posibles de responsabilidad.
En primer lugar, se refieren a presuntos agentes de inteligencia marroquíes que habrían actuado infiltrados en Ceuta, además de mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
La denuncia también reclama identificar a quienes promovieron, reclutaron y financiaron la movilización, incluyendo a quienes difundieron convocatorias vía redes sociales o facilitaron transportes y puntos de concentración cerca de la frontera.
También apunta a autoridades españolas
La querella se dirige igualmente contra autoridades españolas que presuntamente ordenaron, transmitieron o ejecutaron instrucciones para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.
Hazte Oír solicita investigar al delegado del Gobierno, a los responsables de la cadena de mando policial y a funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad que podrían haber participado en esas decisiones.
También pide aclarar si algún responsable público conocía un riesgo cierto e inminente y, sin embargo, no tomó medidas de protección.
Un vehículo observado cerca del Tarajal
La asociación añade a la querella documentación sobre un vehículo con matrícula española visto durante la madrugada del 31 de julio en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.
De acuerdo con el relato de los abogados, sus ocupantes llegaron antes de la entrada masiva y entregaron cajas de ropa solo a ciertas personas, mientras intentaban evitar ser grabados.
Hazte Oír sostiene que estas personas parecían ser agentes vinculados con Marruecos y exige su identificación para determinar si tenían algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Dicha versión deberá ser verificada por los investigadores.
Críticas sobre la escasez de recursos y refuerzos
La querella también cuestiona la respuesta española tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones inmediatas a quienes intentan entrar nadando en Ceuta y Melilla.
La asociación recuerda que la resolución no eliminaba todas las opciones de actuación del Estado y permitía la instalación de elementos de contención en el mar.
No obstante, señala que las primeras boyas no se instalaron hasta el 1 de agosto, cuando la entrada masiva ya había sucedido.
También afirma que la plantilla operativa de seguridad ciudadana de la Policía Nacional no llegaba a 200 agentes y que solo unos 40 pertenecían a la Unidad de Intervención Policial frente a decenas de miles de personas.
Los refuerzos procedentes de Sevilla, Málaga y unidades centrales no habrían sido notificados hasta dos días después del inicio de la crisis.
El rol de la Guardia Civil y el Ejército
Según la querella, la Guardia Civil estuvo limitada por la falta de recursos y se centró principalmente en tareas de rescate y encauzamiento.
Respecto a la Comandancia General de Ceuta, Hazte Oír indica que las unidades desplegadas realizaron labores de presencia, vigilancia y apoyo logístico.
La asociación afirma que los militares no sustituyeron a las fuerzas policiales, no actuaron como agentes de autoridad y recibieron instrucciones de no utilizar la fuerza.
Hazte Oír solicita que la Audiencia Nacional determine si existió una intervención organizada desde Marruecos y quién tomó las decisiones operativas en España durante las horas más críticas.
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La querella atribuye, de forma indiciaria, delitos contra la paz o independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones serán ahora evaluadas por la Justicia y no suponen que las personas señaladas hayan cometido los ilícitos mencionados.
Piden conservar grabaciones y comunicaciones oficiales
Hazte Oír solicita a la Audiencia Nacional que disponga con urgencia la conservación de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia para evitar su destrucción o sobrescritura.
Además, reclama las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
La asociación pide que su querella se unifique con las diligencias iniciadas por la magistrada María Tardón tras una denuncia previa de Iustitia Europa.
En el marco de dicho procedimiento, la Policía estaría analizando si la entrada masiva fue resultado de una acción previamente coordinada.
La querella señala a agentes marroquíes “infiltrados”
Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano indican que se deben investigar cuatro niveles posibles de responsabilidad.
En primer lugar, se refieren a presuntos agentes de inteligencia marroquíes que habrían actuado infiltrados en Ceuta, además de mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
La denuncia también reclama identificar a quienes promovieron, reclutaron y financiaron la movilización, incluyendo a quienes difundieron convocatorias vía redes sociales o facilitaron transportes y puntos de concentración cerca de la frontera.
También apunta a autoridades españolas
La querella se dirige igualmente contra autoridades españolas que presuntamente ordenaron, transmitieron o ejecutaron instrucciones para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.
Hazte Oír solicita investigar al delegado del Gobierno, a los responsables de la cadena de mando policial y a funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad que podrían haber participado en esas decisiones.
También pide aclarar si algún responsable público conocía un riesgo cierto e inminente y, sin embargo, no tomó medidas de protección.
Un vehículo observado cerca del Tarajal
La asociación añade a la querella documentación sobre un vehículo con matrícula española visto durante la madrugada del 31 de julio en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.
De acuerdo con el relato de los abogados, sus ocupantes llegaron antes de la entrada masiva y entregaron cajas de ropa solo a ciertas personas, mientras intentaban evitar ser grabados.
Hazte Oír sostiene que estas personas parecían ser agentes vinculados con Marruecos y exige su identificación para determinar si tenían algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Dicha versión deberá ser verificada por los investigadores.
Críticas sobre la escasez de recursos y refuerzos
La querella también cuestiona la respuesta española tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones inmediatas a quienes intentan entrar nadando en Ceuta y Melilla.
La asociación recuerda que la resolución no eliminaba todas las opciones de actuación del Estado y permitía la instalación de elementos de contención en el mar.
No obstante, señala que las primeras boyas no se instalaron hasta el 1 de agosto, cuando la entrada masiva ya había sucedido.
También afirma que la plantilla operativa de seguridad ciudadana de la Policía Nacional no llegaba a 200 agentes y que solo unos 40 pertenecían a la Unidad de Intervención Policial frente a decenas de miles de personas.
Los refuerzos procedentes de Sevilla, Málaga y unidades centrales no habrían sido notificados hasta dos días después del inicio de la crisis.
El rol de la Guardia Civil y el Ejército
Según la querella, la Guardia Civil estuvo limitada por la falta de recursos y se centró principalmente en tareas de rescate y encauzamiento.
Respecto a la Comandancia General de Ceuta, Hazte Oír indica que las unidades desplegadas realizaron labores de presencia, vigilancia y apoyo logístico.
La asociación afirma que los militares no sustituyeron a las fuerzas policiales, no actuaron como agentes de autoridad y recibieron instrucciones de no utilizar la fuerza.
Hazte Oír solicita que la Audiencia Nacional determine si existió una intervención organizada desde Marruecos y quién tomó las decisiones operativas en España durante las horas más críticas.
La asociación Hazte Oír ha interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional contra Fouad Ali El Himma, consejero del rey Mohamed VI, y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por presunta responsabilidad en la masiva entrada de migrantes en la ciudad autónoma. La organización solicita que se investigue una posible operación coordinada y que se determine si hubo órdenes de no intervención a las fuerzas de seguridad.
La querella atribuye, de forma indiciaria, delitos contra la paz o independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones serán ahora evaluadas por la Justicia y no suponen que las personas señaladas hayan cometido los ilícitos mencionados.
Piden conservar grabaciones y comunicaciones oficiales
Hazte Oír solicita a la Audiencia Nacional que disponga con urgencia la conservación de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia para evitar su destrucción o sobrescritura.
Además, reclama las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
La asociación pide que su querella se unifique con las diligencias iniciadas por la magistrada María Tardón tras una denuncia previa de Iustitia Europa.
En el marco de dicho procedimiento, la Policía estaría analizando si la entrada masiva fue resultado de una acción previamente coordinada.
La querella señala a agentes marroquíes “infiltrados”
Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano indican que se deben investigar cuatro niveles posibles de responsabilidad.
En primer lugar, se refieren a presuntos agentes de inteligencia marroquíes que habrían actuado infiltrados en Ceuta, además de mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
La denuncia también reclama identificar a quienes promovieron, reclutaron y financiaron la movilización, incluyendo a quienes difundieron convocatorias vía redes sociales o facilitaron transportes y puntos de concentración cerca de la frontera.
También apunta a autoridades españolas
La querella se dirige igualmente contra autoridades españolas que presuntamente ordenaron, transmitieron o ejecutaron instrucciones para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.
Hazte Oír solicita investigar al delegado del Gobierno, a los responsables de la cadena de mando policial y a funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad que podrían haber participado en esas decisiones.
También pide aclarar si algún responsable público conocía un riesgo cierto e inminente y, sin embargo, no tomó medidas de protección.
Un vehículo observado cerca del Tarajal
La asociación añade a la querella documentación sobre un vehículo con matrícula española visto durante la madrugada del 31 de julio en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.
De acuerdo con el relato de los abogados, sus ocupantes llegaron antes de la entrada masiva y entregaron cajas de ropa solo a ciertas personas, mientras intentaban evitar ser grabados.
Hazte Oír sostiene que estas personas parecían ser agentes vinculados con Marruecos y exige su identificación para determinar si tenían algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Dicha versión deberá ser verificada por los investigadores.
Críticas sobre la escasez de recursos y refuerzos
La querella también cuestiona la respuesta española tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones inmediatas a quienes intentan entrar nadando en Ceuta y Melilla.
La asociación recuerda que la resolución no eliminaba todas las opciones de actuación del Estado y permitía la instalación de elementos de contención en el mar.
No obstante, señala que las primeras boyas no se instalaron hasta el 1 de agosto, cuando la entrada masiva ya había sucedido.
También afirma que la plantilla operativa de seguridad ciudadana de la Policía Nacional no llegaba a 200 agentes y que solo unos 40 pertenecían a la Unidad de Intervención Policial frente a decenas de miles de personas.
Los refuerzos procedentes de Sevilla, Málaga y unidades centrales no habrían sido notificados hasta dos días después del inicio de la crisis.
El rol de la Guardia Civil y el Ejército
Según la querella, la Guardia Civil estuvo limitada por la falta de recursos y se centró principalmente en tareas de rescate y encauzamiento.
Respecto a la Comandancia General de Ceuta, Hazte Oír indica que las unidades desplegadas realizaron labores de presencia, vigilancia y apoyo logístico.
La asociación afirma que los militares no sustituyeron a las fuerzas policiales, no actuaron como agentes de autoridad y recibieron instrucciones de no utilizar la fuerza.
Hazte Oír solicita que la Audiencia Nacional determine si existió una intervención organizada desde Marruecos y quién tomó las decisiones operativas en España durante las horas más críticas.
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La querella atribuye, de forma indiciaria, delitos contra la paz o independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones serán ahora evaluadas por la Justicia y no suponen que las personas señaladas hayan cometido los ilícitos mencionados.
Piden conservar grabaciones y comunicaciones oficiales
Hazte Oír solicita a la Audiencia Nacional que disponga con urgencia la conservación de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia para evitar su destrucción o sobrescritura.
Además, reclama las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
La asociación pide que su querella se unifique con las diligencias iniciadas por la magistrada María Tardón tras una denuncia previa de Iustitia Europa.
En el marco de dicho procedimiento, la Policía estaría analizando si la entrada masiva fue resultado de una acción previamente coordinada.
La querella señala a agentes marroquíes “infiltrados”
Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano indican que se deben investigar cuatro niveles posibles de responsabilidad.
En primer lugar, se refieren a presuntos agentes de inteligencia marroquíes que habrían actuado infiltrados en Ceuta, además de mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
La denuncia también reclama identificar a quienes promovieron, reclutaron y financiaron la movilización, incluyendo a quienes difundieron convocatorias vía redes sociales o facilitaron transportes y puntos de concentración cerca de la frontera.
También apunta a autoridades españolas
La querella se dirige igualmente contra autoridades españolas que presuntamente ordenaron, transmitieron o ejecutaron instrucciones para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.
Hazte Oír solicita investigar al delegado del Gobierno, a los responsables de la cadena de mando policial y a funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad que podrían haber participado en esas decisiones.
También pide aclarar si algún responsable público conocía un riesgo cierto e inminente y, sin embargo, no tomó medidas de protección.
Un vehículo observado cerca del Tarajal
La asociación añade a la querella documentación sobre un vehículo con matrícula española visto durante la madrugada del 31 de julio en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.
De acuerdo con el relato de los abogados, sus ocupantes llegaron antes de la entrada masiva y entregaron cajas de ropa solo a ciertas personas, mientras intentaban evitar ser grabados.
Hazte Oír sostiene que estas personas parecían ser agentes vinculados con Marruecos y exige su identificación para determinar si tenían algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Dicha versión deberá ser verificada por los investigadores.
Críticas sobre la escasez de recursos y refuerzos
La querella también cuestiona la respuesta española tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones inmediatas a quienes intentan entrar nadando en Ceuta y Melilla.
La asociación recuerda que la resolución no eliminaba todas las opciones de actuación del Estado y permitía la instalación de elementos de contención en el mar.
No obstante, señala que las primeras boyas no se instalaron hasta el 1 de agosto, cuando la entrada masiva ya había sucedido.
También afirma que la plantilla operativa de seguridad ciudadana de la Policía Nacional no llegaba a 200 agentes y que solo unos 40 pertenecían a la Unidad de Intervención Policial frente a decenas de miles de personas.
Los refuerzos procedentes de Sevilla, Málaga y unidades centrales no habrían sido notificados hasta dos días después del inicio de la crisis.
El rol de la Guardia Civil y el Ejército
Según la querella, la Guardia Civil estuvo limitada por la falta de recursos y se centró principalmente en tareas de rescate y encauzamiento.
Respecto a la Comandancia General de Ceuta, Hazte Oír indica que las unidades desplegadas realizaron labores de presencia, vigilancia y apoyo logístico.
La asociación afirma que los militares no sustituyeron a las fuerzas policiales, no actuaron como agentes de autoridad y recibieron instrucciones de no utilizar la fuerza.
Hazte Oír solicita que la Audiencia Nacional determine si existió una intervención organizada desde Marruecos y quién tomó las decisiones operativas en España durante las horas más críticas.
La asociación Hazte Oír ha interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional contra Fouad Ali El Himma, consejero del rey Mohamed VI, y contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por presunta responsabilidad en la masiva entrada de migrantes en la ciudad autónoma. La organización solicita que se investigue una posible operación coordinada y que se determine si hubo órdenes de no intervención a las fuerzas de seguridad.
La querella atribuye, de forma indiciaria, delitos contra la paz o independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones serán ahora evaluadas por la Justicia y no suponen que las personas señaladas hayan cometido los ilícitos mencionados.
Piden conservar grabaciones y comunicaciones oficiales
Hazte Oír solicita a la Audiencia Nacional que disponga con urgencia la conservación de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia para evitar su destrucción o sobrescritura.
Además, reclama las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
La asociación pide que su querella se unifique con las diligencias iniciadas por la magistrada María Tardón tras una denuncia previa de Iustitia Europa.
En el marco de dicho procedimiento, la Policía estaría analizando si la entrada masiva fue resultado de una acción previamente coordinada.
La querella señala a agentes marroquíes “infiltrados”
Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano indican que se deben investigar cuatro niveles posibles de responsabilidad.
En primer lugar, se refieren a presuntos agentes de inteligencia marroquíes que habrían actuado infiltrados en Ceuta, además de mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
La denuncia también reclama identificar a quienes promovieron, reclutaron y financiaron la movilización, incluyendo a quienes difundieron convocatorias vía redes sociales o facilitaron transportes y puntos de concentración cerca de la frontera.
También apunta a autoridades españolas
La querella se dirige igualmente contra autoridades españolas que presuntamente ordenaron, transmitieron o ejecutaron instrucciones para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.
Hazte Oír solicita investigar al delegado del Gobierno, a los responsables de la cadena de mando policial y a funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad que podrían haber participado en esas decisiones.
También pide aclarar si algún responsable público conocía un riesgo cierto e inminente y, sin embargo, no tomó medidas de protección.
Un vehículo observado cerca del Tarajal
La asociación añade a la querella documentación sobre un vehículo con matrícula española visto durante la madrugada del 31 de julio en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.
De acuerdo con el relato de los abogados, sus ocupantes llegaron antes de la entrada masiva y entregaron cajas de ropa solo a ciertas personas, mientras intentaban evitar ser grabados.
Hazte Oír sostiene que estas personas parecían ser agentes vinculados con Marruecos y exige su identificación para determinar si tenían algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Dicha versión deberá ser verificada por los investigadores.
Críticas sobre la escasez de recursos y refuerzos
La querella también cuestiona la respuesta española tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones inmediatas a quienes intentan entrar nadando en Ceuta y Melilla.
La asociación recuerda que la resolución no eliminaba todas las opciones de actuación del Estado y permitía la instalación de elementos de contención en el mar.
No obstante, señala que las primeras boyas no se instalaron hasta el 1 de agosto, cuando la entrada masiva ya había sucedido.
También afirma que la plantilla operativa de seguridad ciudadana de la Policía Nacional no llegaba a 200 agentes y que solo unos 40 pertenecían a la Unidad de Intervención Policial frente a decenas de miles de personas.
Los refuerzos procedentes de Sevilla, Málaga y unidades centrales no habrían sido notificados hasta dos días después del inicio de la crisis.
El rol de la Guardia Civil y el Ejército
Según la querella, la Guardia Civil estuvo limitada por la falta de recursos y se centró principalmente en tareas de rescate y encauzamiento.
Respecto a la Comandancia General de Ceuta, Hazte Oír indica que las unidades desplegadas realizaron labores de presencia, vigilancia y apoyo logístico.
La asociación afirma que los militares no sustituyeron a las fuerzas policiales, no actuaron como agentes de autoridad y recibieron instrucciones de no utilizar la fuerza.
Hazte Oír solicita que la Audiencia Nacional determine si existió una intervención organizada desde Marruecos y quién tomó las decisiones operativas en España durante las horas más críticas.
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La querella atribuye, de forma indiciaria, delitos contra la paz o independencia del Estado, favorecimiento agravado de la inmigración irregular, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Las acusaciones serán ahora evaluadas por la Justicia y no suponen que las personas señaladas hayan cometido los ilícitos mencionados.
Piden conservar grabaciones y comunicaciones oficiales
Hazte Oír solicita a la Audiencia Nacional que disponga con urgencia la conservación de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia para evitar su destrucción o sobrescritura.
Además, reclama las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos mantenidos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto.
La asociación pide que su querella se unifique con las diligencias iniciadas por la magistrada María Tardón tras una denuncia previa de Iustitia Europa.
En el marco de dicho procedimiento, la Policía estaría analizando si la entrada masiva fue resultado de una acción previamente coordinada.
La querella señala a agentes marroquíes “infiltrados”
Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano indican que se deben investigar cuatro niveles posibles de responsabilidad.
En primer lugar, se refieren a presuntos agentes de inteligencia marroquíes que habrían actuado infiltrados en Ceuta, además de mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
La denuncia también reclama identificar a quienes promovieron, reclutaron y financiaron la movilización, incluyendo a quienes difundieron convocatorias vía redes sociales o facilitaron transportes y puntos de concentración cerca de la frontera.
También apunta a autoridades españolas
La querella se dirige igualmente contra autoridades españolas que presuntamente ordenaron, transmitieron o ejecutaron instrucciones para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas.
Hazte Oír solicita investigar al delegado del Gobierno, a los responsables de la cadena de mando policial y a funcionarios de la Secretaría de Estado de Seguridad que podrían haber participado en esas decisiones.
También pide aclarar si algún responsable público conocía un riesgo cierto e inminente y, sin embargo, no tomó medidas de protección.
Un vehículo observado cerca del Tarajal
La asociación añade a la querella documentación sobre un vehículo con matrícula española visto durante la madrugada del 31 de julio en las inmediaciones de la frontera del Tarajal.
De acuerdo con el relato de los abogados, sus ocupantes llegaron antes de la entrada masiva y entregaron cajas de ropa solo a ciertas personas, mientras intentaban evitar ser grabados.
Hazte Oír sostiene que estas personas parecían ser agentes vinculados con Marruecos y exige su identificación para determinar si tenían algún vínculo con las autoridades marroquíes.
Dicha versión deberá ser verificada por los investigadores.
Críticas sobre la escasez de recursos y refuerzos
La querella también cuestiona la respuesta española tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones inmediatas a quienes intentan entrar nadando en Ceuta y Melilla.
La asociación recuerda que la resolución no eliminaba todas las opciones de actuación del Estado y permitía la instalación de elementos de contención en el mar.
No obstante, señala que las primeras boyas no se instalaron hasta el 1 de agosto, cuando la entrada masiva ya había sucedido.
También afirma que la plantilla operativa de seguridad ciudadana de la Policía Nacional no llegaba a 200 agentes y que solo unos 40 pertenecían a la Unidad de Intervención Policial frente a decenas de miles de personas.
Los refuerzos procedentes de Sevilla, Málaga y unidades centrales no habrían sido notificados hasta dos días después del inicio de la crisis.
El rol de la Guardia Civil y el Ejército
Según la querella, la Guardia Civil estuvo limitada por la falta de recursos y se centró principalmente en tareas de rescate y encauzamiento.
Respecto a la Comandancia General de Ceuta, Hazte Oír indica que las unidades desplegadas realizaron labores de presencia, vigilancia y apoyo logístico.
La asociación afirma que los militares no sustituyeron a las fuerzas policiales, no actuaron como agentes de autoridad y recibieron instrucciones de no utilizar la fuerza.
Hazte Oír solicita que la Audiencia Nacional determine si existió una intervención organizada desde Marruecos y quién tomó las decisiones operativas en España durante las horas más críticas.
