Los armadores advierten sobre la incertidumbre ante el fin del protocolo en noviembre y el aumento de los costes operativos.
La flota pesquera española que faena en aguas de Mauritania se muestra preocupada por los próximos meses debido a la incertidumbre acerca de la renovación del acuerdo entre la Unión Europea y el estado africano, un convenio que finaliza en noviembre y que es clave para la continuidad de una parte significativa de la pesca nacional.
Los barcos con base en Huelva que forman parte de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Productos del Mar (Anamar) han expresado su preocupación por el porvenir de esta flota específica, que en la actualidad cuenta con pocas opciones si se llegara a romper el acuerdo o si se endurecen las condiciones económicas.
De acuerdo con Anamar, las negociaciones entre Bruselas y Nuakchot son complicadas debido a las mayores demandas financieras presentadas por Mauritania para mantener el acceso europeo a sus zonas de pesca. Los retrasos en estas negociaciones han aumentado la incertidumbre entre los armadores, quienes esperan una resolución antes de que termine el protocolo vigente.
Una flota con escasas opciones
La asociación señala que esta situación aparece tras varios años difíciles para el sector, caracterizados por restricciones y cierres en otros caladeros internacionales.
Los barcos españoles debieron abandonar temporalmente Guinea-Bissau en 2024 a la espera de la aprobación de un nuevo protocolo por parte de Bruselas. Asimismo, la Unión Europea dejó de operar en áreas pesqueras como Marruecos (2023), Senegal (2024), Gambia (2025) y Gabón (2026).
Anamar subraya que la flota dedicada a la captura de cefalópodos congelados dispone de una capacidad limitada para desplazar sus actividades a otros lugares, a diferencia de otros segmentos pesqueros que tienen mayor flexibilidad para adaptarse.
El incremento de costes presiona al sector
Además de la incertidumbre sobre el convenio con Mauritania, el sector enfrenta un aumento en los costes de explotación, principalmente debido al alza del precio del combustible y a las dificultades relacionadas con las paradas biológicas del pulpo, que han reducido los días efectivos de pesca en los últimos años.
El protocolo más reciente, firmado en 2021, establecía una contribución europea de 57,5 millones de euros a Mauritania, además de otros 3,3 millones de euros para proyectos locales de desarrollo, investigación e infraestructuras.
Anamar indica que los costes operativos por buque superan fácilmente el millón de euros anuales, lo que deja a la flota especialmente vulnerable ante posibles incrementos de las tasas de acceso o un eventual cierre del caladero.
La asociación espera que se logre una prórroga que garantice la continuidad de la actividad mientras prosiguen las negociaciones entre la Unión Europea y Mauritania, evitando así un impacto económico mayor para el sector pesquero español.
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La flota pesquera española que faena en aguas de Mauritania se muestra preocupada por los próximos meses debido a la incertidumbre acerca de la renovación del acuerdo entre la Unión Europea y el estado africano, un convenio que finaliza en noviembre y que es clave para la continuidad de una parte significativa de la pesca nacional.
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De acuerdo con Anamar, las negociaciones entre Bruselas y Nuakchot son complicadas debido a las mayores demandas financieras presentadas por Mauritania para mantener el acceso europeo a sus zonas de pesca. Los retrasos en estas negociaciones han aumentado la incertidumbre entre los armadores, quienes esperan una resolución antes de que termine el protocolo vigente.
Una flota con escasas opciones
La asociación señala que esta situación aparece tras varios años difíciles para el sector, caracterizados por restricciones y cierres en otros caladeros internacionales.
Los barcos españoles debieron abandonar temporalmente Guinea-Bissau en 2024 a la espera de la aprobación de un nuevo protocolo por parte de Bruselas. Asimismo, la Unión Europea dejó de operar en áreas pesqueras como Marruecos (2023), Senegal (2024), Gambia (2025) y Gabón (2026).
Anamar subraya que la flota dedicada a la captura de cefalópodos congelados dispone de una capacidad limitada para desplazar sus actividades a otros lugares, a diferencia de otros segmentos pesqueros que tienen mayor flexibilidad para adaptarse.
El incremento de costes presiona al sector
Además de la incertidumbre sobre el convenio con Mauritania, el sector enfrenta un aumento en los costes de explotación, principalmente debido al alza del precio del combustible y a las dificultades relacionadas con las paradas biológicas del pulpo, que han reducido los días efectivos de pesca en los últimos años.
El protocolo más reciente, firmado en 2021, establecía una contribución europea de 57,5 millones de euros a Mauritania, además de otros 3,3 millones de euros para proyectos locales de desarrollo, investigación e infraestructuras.
Anamar indica que los costes operativos por buque superan fácilmente el millón de euros anuales, lo que deja a la flota especialmente vulnerable ante posibles incrementos de las tasas de acceso o un eventual cierre del caladero.
La asociación espera que se logre una prórroga que garantice la continuidad de la actividad mientras prosiguen las negociaciones entre la Unión Europea y Mauritania, evitando así un impacto económico mayor para el sector pesquero español.
Los armadores advierten sobre la incertidumbre ante el fin del protocolo en noviembre y el aumento de los costes operativos.
La flota pesquera española que faena en aguas de Mauritania se muestra preocupada por los próximos meses debido a la incertidumbre acerca de la renovación del acuerdo entre la Unión Europea y el estado africano, un convenio que finaliza en noviembre y que es clave para la continuidad de una parte significativa de la pesca nacional.
Los barcos con base en Huelva que forman parte de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Productos del Mar (Anamar) han expresado su preocupación por el porvenir de esta flota específica, que en la actualidad cuenta con pocas opciones si se llegara a romper el acuerdo o si se endurecen las condiciones económicas.
De acuerdo con Anamar, las negociaciones entre Bruselas y Nuakchot son complicadas debido a las mayores demandas financieras presentadas por Mauritania para mantener el acceso europeo a sus zonas de pesca. Los retrasos en estas negociaciones han aumentado la incertidumbre entre los armadores, quienes esperan una resolución antes de que termine el protocolo vigente.
Una flota con escasas opciones
La asociación señala que esta situación aparece tras varios años difíciles para el sector, caracterizados por restricciones y cierres en otros caladeros internacionales.
Los barcos españoles debieron abandonar temporalmente Guinea-Bissau en 2024 a la espera de la aprobación de un nuevo protocolo por parte de Bruselas. Asimismo, la Unión Europea dejó de operar en áreas pesqueras como Marruecos (2023), Senegal (2024), Gambia (2025) y Gabón (2026).
Anamar subraya que la flota dedicada a la captura de cefalópodos congelados dispone de una capacidad limitada para desplazar sus actividades a otros lugares, a diferencia de otros segmentos pesqueros que tienen mayor flexibilidad para adaptarse.
El incremento de costes presiona al sector
Además de la incertidumbre sobre el convenio con Mauritania, el sector enfrenta un aumento en los costes de explotación, principalmente debido al alza del precio del combustible y a las dificultades relacionadas con las paradas biológicas del pulpo, que han reducido los días efectivos de pesca en los últimos años.
El protocolo más reciente, firmado en 2021, establecía una contribución europea de 57,5 millones de euros a Mauritania, además de otros 3,3 millones de euros para proyectos locales de desarrollo, investigación e infraestructuras.
Anamar indica que los costes operativos por buque superan fácilmente el millón de euros anuales, lo que deja a la flota especialmente vulnerable ante posibles incrementos de las tasas de acceso o un eventual cierre del caladero.
La asociación espera que se logre una prórroga que garantice la continuidad de la actividad mientras prosiguen las negociaciones entre la Unión Europea y Mauritania, evitando así un impacto económico mayor para el sector pesquero español.
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De acuerdo con Anamar, las negociaciones entre Bruselas y Nuakchot son complicadas debido a las mayores demandas financieras presentadas por Mauritania para mantener el acceso europeo a sus zonas de pesca. Los retrasos en estas negociaciones han aumentado la incertidumbre entre los armadores, quienes esperan una resolución antes de que termine el protocolo vigente.
Una flota con escasas opciones
La asociación señala que esta situación aparece tras varios años difíciles para el sector, caracterizados por restricciones y cierres en otros caladeros internacionales.
Los barcos españoles debieron abandonar temporalmente Guinea-Bissau en 2024 a la espera de la aprobación de un nuevo protocolo por parte de Bruselas. Asimismo, la Unión Europea dejó de operar en áreas pesqueras como Marruecos (2023), Senegal (2024), Gambia (2025) y Gabón (2026).
Anamar subraya que la flota dedicada a la captura de cefalópodos congelados dispone de una capacidad limitada para desplazar sus actividades a otros lugares, a diferencia de otros segmentos pesqueros que tienen mayor flexibilidad para adaptarse.
El incremento de costes presiona al sector
Además de la incertidumbre sobre el convenio con Mauritania, el sector enfrenta un aumento en los costes de explotación, principalmente debido al alza del precio del combustible y a las dificultades relacionadas con las paradas biológicas del pulpo, que han reducido los días efectivos de pesca en los últimos años.
El protocolo más reciente, firmado en 2021, establecía una contribución europea de 57,5 millones de euros a Mauritania, además de otros 3,3 millones de euros para proyectos locales de desarrollo, investigación e infraestructuras.
Anamar indica que los costes operativos por buque superan fácilmente el millón de euros anuales, lo que deja a la flota especialmente vulnerable ante posibles incrementos de las tasas de acceso o un eventual cierre del caladero.
La asociación espera que se logre una prórroga que garantice la continuidad de la actividad mientras prosiguen las negociaciones entre la Unión Europea y Mauritania, evitando así un impacto económico mayor para el sector pesquero español.
