María Tardón solicita todas las alertas previas a la crisis y ordena investigar las convocatorias digitales, la financiación y la posible organización de la movilización
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha avanzado en la investigación sobre la llegada masiva de migrantes ocurrida en Ceuta a finales de julio, citando como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local.
La responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha ordenado estas diligencias como parte de un conjunto amplio de medidas encaminadas a esclarecer la organización de esta movilización, la información previa disponible y qué organismos recibieron alertas antes de la masiva llegada de personas a la frontera.
Vivas ha sido convocado para el 30 de septiembre, mientras que Gonzalo Sanz y el mando policial local deberán presentarse el 1 de octubre.
La jueza solicita todas las alertas previas
Entre las diligencias principales se incluye la petición de todas las alertas emitidas antes de la entrada masiva y los destinatarios de estas.
La magistrada destaca la importancia de esta medida para aclarar qué datos tenían las instituciones españolas con anticipación y qué comunicaciones se transmitieron a los organismos responsables de la seguridad fronteriza.
La solicitud se dirige a diversas unidades policiales y militares, especialmente a organismos relacionados con la Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El objetivo es reconstruir la cadena informativa previa a los hechos y verificar si existían avisos sobre una posible concentración o movilización coordinada.
Investigación tecnológica en redes sociales
El auto, que consta de 18 folios, también recoge solicitudes de datos a grandes plataformas digitales, como Meta, WhatsApp, Facebook, TikTok, Telegram, Google y Apple.
La jueza busca recopilar información sobre posibles convocatorias difundidas en internet en los días previos al 30 de julio, cuando miles de personas intentaron entrar a Ceuta por el Espigón de El Tarajal.
Para ello, Tardón ha decidido abrir una pieza separada de investigación tecnológica de carácter reservado, para analizar la información facilitada por estas empresas.
Análisis biométrico y estudio de organizadores potenciales
La jueza también ha solicitado informes a diversas unidades policiales acerca de los supuestos promotores de la movilización.
Entre estas medidas incluye un análisis biométrico y de reconocimiento facial con el fin de identificar a quienes podrían haber participado en la planificación de los hechos.
Asimismo, pide informes para determinar qué grupos, individuos u organizaciones pudieron tener capacidad para planificar una movilización de este tipo.
Estos análisis compararán similitudes con episodios previos de entradas masivas ocurridos en los años 2021, 2024 y 2026.
Informe financiero para evaluar la logística
Otra línea de investigación está enfocada en la posible financiación que facilitó el desplazamiento de miles de personas.
La jueza ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe financiero para examinar movimientos económicos relacionados con la movilización.
El informe abarcará aspectos como transferencias informales, sistemas conocidos como hawala, contratación de transportes colectivos y cualquier operación vinculada a la logística necesaria.
La magistrada señala que una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas requeriría de importantes recursos materiales y económicos.
Investigación de inmuebles usados en Ceuta
Entre las diligencias acordadas está también la identificación de posibles viviendas, locales, garajes e inmuebles empleados por migrantes para ocultarse en la ciudad autónoma.
Con ello, la jueza busca completar la investigación sobre la magnitud de la movilización y conocer todos los elementos implicados en la crisis migratoria que afectó a Ceuta recientemente.
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La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha avanzado en la investigación sobre la llegada masiva de migrantes ocurrida en Ceuta a finales de julio, citando como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, y al jefe de la Policía Local.
La responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha ordenado estas diligencias como parte de un conjunto amplio de medidas encaminadas a esclarecer la organización de esta movilización, la información previa disponible y qué organismos recibieron alertas antes de la masiva llegada de personas a la frontera.
Vivas ha sido convocado para el 30 de septiembre, mientras que Gonzalo Sanz y el mando policial local deberán presentarse el 1 de octubre.
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La magistrada destaca la importancia de esta medida para aclarar qué datos tenían las instituciones españolas con anticipación y qué comunicaciones se transmitieron a los organismos responsables de la seguridad fronteriza.
La solicitud se dirige a diversas unidades policiales y militares, especialmente a organismos relacionados con la Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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Para ello, Tardón ha decidido abrir una pieza separada de investigación tecnológica de carácter reservado, para analizar la información facilitada por estas empresas.
Análisis biométrico y estudio de organizadores potenciales
La jueza también ha solicitado informes a diversas unidades policiales acerca de los supuestos promotores de la movilización.
Entre estas medidas incluye un análisis biométrico y de reconocimiento facial con el fin de identificar a quienes podrían haber participado en la planificación de los hechos.
Asimismo, pide informes para determinar qué grupos, individuos u organizaciones pudieron tener capacidad para planificar una movilización de este tipo.
Estos análisis compararán similitudes con episodios previos de entradas masivas ocurridos en los años 2021, 2024 y 2026.
Informe financiero para evaluar la logística
Otra línea de investigación está enfocada en la posible financiación que facilitó el desplazamiento de miles de personas.
La jueza ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe financiero para examinar movimientos económicos relacionados con la movilización.
El informe abarcará aspectos como transferencias informales, sistemas conocidos como hawala, contratación de transportes colectivos y cualquier operación vinculada a la logística necesaria.
La magistrada señala que una movilización de entre 75.000 y 85.000 personas requeriría de importantes recursos materiales y económicos.
Investigación de inmuebles usados en Ceuta
Entre las diligencias acordadas está también la identificación de posibles viviendas, locales, garajes e inmuebles empleados por migrantes para ocultarse en la ciudad autónoma.
Con ello, la jueza busca completar la investigación sobre la magnitud de la movilización y conocer todos los elementos implicados en la crisis migratoria que afectó a Ceuta recientemente.
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La responsable del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha ordenado estas diligencias como parte de un conjunto amplio de medidas encaminadas a esclarecer la organización de esta movilización, la información previa disponible y qué organismos recibieron alertas antes de la masiva llegada de personas a la frontera.
Vivas ha sido convocado para el 30 de septiembre, mientras que Gonzalo Sanz y el mando policial local deberán presentarse el 1 de octubre.
La jueza solicita todas las alertas previas
Entre las diligencias principales se incluye la petición de todas las alertas emitidas antes de la entrada masiva y los destinatarios de estas.
La magistrada destaca la importancia de esta medida para aclarar qué datos tenían las instituciones españolas con anticipación y qué comunicaciones se transmitieron a los organismos responsables de la seguridad fronteriza.
La solicitud se dirige a diversas unidades policiales y militares, especialmente a organismos relacionados con la Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
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Asimismo, pide informes para determinar qué grupos, individuos u organizaciones pudieron tener capacidad para planificar una movilización de este tipo.
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La jueza ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe financiero para examinar movimientos económicos relacionados con la movilización.
El informe abarcará aspectos como transferencias informales, sistemas conocidos como hawala, contratación de transportes colectivos y cualquier operación vinculada a la logística necesaria.
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Vivas ha sido convocado para el 30 de septiembre, mientras que Gonzalo Sanz y el mando policial local deberán presentarse el 1 de octubre.
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Entre las diligencias principales se incluye la petición de todas las alertas emitidas antes de la entrada masiva y los destinatarios de estas.
La magistrada destaca la importancia de esta medida para aclarar qué datos tenían las instituciones españolas con anticipación y qué comunicaciones se transmitieron a los organismos responsables de la seguridad fronteriza.
La solicitud se dirige a diversas unidades policiales y militares, especialmente a organismos relacionados con la Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio del Interior y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El objetivo es reconstruir la cadena informativa previa a los hechos y verificar si existían avisos sobre una posible concentración o movilización coordinada.
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La jueza también ha solicitado informes a diversas unidades policiales acerca de los supuestos promotores de la movilización.
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La jueza ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un informe financiero para examinar movimientos económicos relacionados con la movilización.
El informe abarcará aspectos como transferencias informales, sistemas conocidos como hawala, contratación de transportes colectivos y cualquier operación vinculada a la logística necesaria.
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Investigación de inmuebles usados en Ceuta
Entre las diligencias acordadas está también la identificación de posibles viviendas, locales, garajes e inmuebles empleados por migrantes para ocultarse en la ciudad autónoma.
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