La teniente fiscal considera desproporcionada la sanción de dos años de inhabilitación y destaca que el condenado no persiguió un beneficio personal, sino defender la reputación de la institución.
MADRID – Se abre una nueva etapa en el caso judicial contra el exmáximo responsable del Ministerio Público. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado un informe favorable para conceder un indulto parcial a Álvaro García Ortiz, condenado en noviembre pasado por un delito de revelación de secretos.
Este indulto se enfocaría únicamente en reducir la pena de dos años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de Fiscal General del Estado. Según el informe, García Ortiz ya cumplió con el pago de la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros establecida a favor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Argumentos centrados en justicia y reputación
La teniente fiscal del Supremo fundamenta su respaldo al indulto en varios aspectos que consideran la pena excesiva en sus consecuencias extrapenales:
- Sin lucro personal: Se señala que García Ortiz no obtuvo beneficio económico ni patrimonial con la publicación de la nota que motivó la causa.
- Motivación institucional: El informe indica que el exfiscal actuó para desmentir informaciones erróneas y proteger la imagen de la Fiscalía frente a ataques mediáticos, asumiendo siempre su responsabilidad.
- Consecuencias desmedidas: La Fiscalía argumenta que la condena ha tenido un impacto muy negativo en su reputación y trayectoria profesional, y que la inhabilitación no tiene utilidad pública dado que ya cesó en el cargo y una nueva Fiscal General ha sido nombrada para un período de cuatro años.
“Cumplir íntegramente la pena no se considera necesario ni proporcional desde la perspectiva de la justicia”, señala el informe, indicando que la sanción ha servido para demostrar que “incluso las autoridades más altas están sujetas a la ley”.
Indulto con efectos restringidos
La Fiscalía aclara que este indulto no revisa los hechos probados ni cuestiona la sentencia del Supremo, sino que busca acortar los plazos para que el exfiscal pueda eliminar sus antecedentes penales y aminorar el efecto de la inhabilitación, la cual en la práctica se hizo efectiva tras su dimisión.
La decisión definitiva corresponde ahora al Gobierno, que gestionará el expediente de indulto tras recibir el informe favorable de la Fiscalía, aunque la Sala Segunda del Supremo, tribunal que dictó la sentencia, también debe emitir su valoración, generalmente más rigurosa en estos casos.
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