El consejero Alejandro Ramírez estima en 15.000 toneladas los residuos acumulados tras dos meses de crisis y sostiene que la expulsión es la única solución frente a las demandas de Vox para proteger y militarizar los parques infantiles.
CEUTA.– La Asamblea autonómica de Ceuta ha vivido un intenso debate debido a las repercusiones operativas, de limpieza y seguridad ciudadana que atraviesa la ciudad. Durante el pleno de control, el consejero encargado del área, Alejandro Ramírez, presentó datos que muestran el impacto en los servicios públicos: en apenas dos meses se han recogido 15.000 toneladas de basura, una cifra que equivale casi a la mitad de las 38.000 toneladas que se proyectan para el total del año 2025.
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1. Servicios de limpieza duplicados y alta saturación urbana
El manejo de los residuos y el mantenimiento del espacio público se han vuelto el indicador principal de la crisis de los servicios:
- Aumento en la generación de residuos: Ramírez reconoció que, pese a que los primeros días resultaron «caóticos», los equipos de limpieza municipales han debido prácticamente duplicar su capacidad desde el inicio para hacer frente a la acumulación de basura en calles y áreas recreativas.
- Mayor presencia policial: La Policía Local ha intensificado la vigilancia constante en zonas sensibles con el fin de reducir y controlar las incidencias reportadas.
2. Controversia política sobre el uso y seguridad de los parques infantiles
El pleno alcanzó momentos de maximal tensión cuando la diputada de Vox, Ana Belén Cifuentes, cuestionó la situación de los parques infantiles municipales:
- Reclamos de Vox: Cifuentes solicitó medidas inmediatas de protección, cierre perimetral y reducción de horarios, denunciando la instalación de asentamientos informales dentro de estos parques con problemas de salubridad y alteraciones del orden.
- Críticas al Gobierno local: La portavoz de Vox acusó al Ejecutivo de falta de actuación para priorizar el uso de estos espacios por parte de los niños y cuestionó la rapidez con la que se han preparado los contratos de emergencia frente a la protección efectiva de las infraestructuras.
3. Desestiman la «militarización» y demandan expulsiones
En su réplica, el consejero Alejandro Ramírez claramente estableció la postura del Gobierno local respecto al manejo del conflicto en áreas públicas:
- No a la vigilancia permanente en parques: Ramírez rechazó de plano implementar medidas excepcionales permanentes para los parques infantiles: «No acepto que la nueva realidad sea parques militarizados o con un policía local en cada uno».
- Expulsión como única vía: El consejero insistió en que la solución definitiva debe llegar a través de la actuación estatal e institucional, exigiendo que tras dos meses de crisis se lleve a cabo la expulsión y retorno de los implicados para recuperar la normalidad plena en la ciudad.
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