La resolución judicial considera que la sanción impuesta por el Gobierno fue inapropiada, pues los actos contaban con autorización oficial y estaban protegidos por el derecho de reunión.
MADRID – La sección de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha emitido una sentencia definitiva que anula la multa de 10.001 euros dictada por el Gobierno de España contra la Falange. Esta sanción, establecida en junio de 2023 por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, penalizaba las actividades realizadas el 20 de noviembre de 2022 en memoria de José Antonio Primo de Rivera.
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Derecho a expresión frente a la Ley de Memoria Democrática
El Ejecutivo argumentó que las consignas, símbolos y mensajes exhibidos durante la conmemoración infringían gravemente la Ley de Memoria Democrática, señalando que exaltaban el franquismo y ofendían a las víctimas.
No obstante, la magistrada encargada del caso refutó estas razones mediante tres fundamentos esenciales:
- Autorización previa: La celebración había sido comunicada y aprobada por la Delegación del Gobierno, lo que garantiza que se trató de una reunión legal.
- Ámbito de la Ley: La sentencia precisa que la Ley de Memoria Democrática sanciona la convocatoria o la publicidad que promueva la exaltación, pero no permite sancionar después el contenido ideológico expresado en una manifestación autorizada, protegiendo así la libertad de expresión.
- Falta de concreción: La resolución indica que no se especificaron con claridad los hechos concretos que supusieron una humillación a las víctimas ni el momento exacto de su ocurrencia, basándose más en la repercusión mediática que en pruebas vinculadas a la convocatoria.
“El contenido de las ideas expresadas en una manifestación no puede someterse a controles políticos de oportunidad”, afirma la sentencia, haciendo referencia a la protección constitucional del derecho de reunión.
Implicaciones legales
Al tratarse de una resolución definitiva, la Administración está obligada a cancelar la multa y también ha sido condenada a abonar los costes del proceso.
Desde la Falange han valorado esta decisión como un avance para la libertad de expresión frente a lo que califican como el rigor de la legislación vigente. Por su parte, el Ministerio de Memoria Democrática no ha emitido aún declaraciones oficiales sobre este fallo, que cuestiona cómo se ha aplicado la normativa sancionadora en manifestaciones públicas.
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