El magistrado Santiago Pedraz ha citado a declarar a la jueza instructora Beatriz Biedma por un presunto delito de calumnias, tras identificar indicios de campañas destinadas a desacreditarla para frenar la investigación sobre el hermano del presidente.
MADRID — Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional encargado del conocido caso Leire Díez, ha admitido la personación de la jueza Beatriz Biedma como perjudicada y víctima de, por lo menos, un delito de calumnia. Biedma, que encabezó las pesquisas contra David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno, condenado en julio pasado por la Audiencia Provincial de Badajoz—, solicitó participar en el proceso al entender que la red bajo investigación actuó con la intención de desacreditarla, investigarla irregularmente y apartarla del caso.
En una resolución emitida este lunes, el juez Pedraz ha programado la declaración de la magistrada para el 8 de octubre a las 10:15 horas, con el apoyo parcial de la Fiscalía Anticorrupción.
Acciones para «destruir el procedimiento»
El caso Leire Díez indaga la presunta red organizada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, cuyo propósito habría sido sabotear y «desestabilizar» las causas judiciales contra miembros del partido y del entorno gubernamental.
Los informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indican que la red buscó de forma constante erosionar la credibilidad de jueces, fiscales y agentes. En relación con Badajoz, los investigadores encontraron anotaciones explícitas en las agendas de Díez, tales como «Badajoz. Cuatro jueces de instrucción. Paso 1: Destruir procedimiento», lo que, según la UCO, evidencia la intención de paralizar el proceso a través de denuncias, recusaciones o campañas para desacreditar profesionalmente.
Denuncias de acoso e indagación sobre el entorno
En la documentación presentada para su personación, Biedma alegó que la trama impulsó acciones orientadas a obtener información sobre su vida personal y laboral, iniciar quejas formales en su contra y procurar su exclusión de las investigaciones. Además, la jueza manifestó su inquietud por supuestos contactos de la red con círculos relacionados con el narcotráfico local, para recabar datos sobre su domicilio o rutina diaria.
En este sentido, Biedma pidió abrir una investigación específica sobre una anotación en la agenda atribuida a Díez («Jueza de Badajoz. Celsa. Heroína o gitano»). No obstante, el juez Pedraz decidió no iniciar esa línea de pesquisa por carecer de indicios suficientes recogidos en los informes de la Guardia Civil, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía de no explorar cada apunte manuscrito sin pruebas adicionales.
Con la convocatoria a declarar de la jueza Biedma el 8 de octubre, la Audiencia Nacional avanza en identificar el alcance y posibles delitos relacionados con las presiones supuestamente ejercidas sobre los operadores de justicia vinculados a causas que involucraban al entorno del Gobierno.
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MADRID — Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional encargado del conocido caso Leire Díez, ha admitido la personación de la jueza Beatriz Biedma como perjudicada y víctima de, por lo menos, un delito de calumnia. Biedma, que encabezó las pesquisas contra David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno, condenado en julio pasado por la Audiencia Provincial de Badajoz—, solicitó participar en el proceso al entender que la red bajo investigación actuó con la intención de desacreditarla, investigarla irregularmente y apartarla del caso.
En una resolución emitida este lunes, el juez Pedraz ha programado la declaración de la magistrada para el 8 de octubre a las 10:15 horas, con el apoyo parcial de la Fiscalía Anticorrupción.
Acciones para «destruir el procedimiento»
El caso Leire Díez indaga la presunta red organizada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, cuyo propósito habría sido sabotear y «desestabilizar» las causas judiciales contra miembros del partido y del entorno gubernamental.
Los informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indican que la red buscó de forma constante erosionar la credibilidad de jueces, fiscales y agentes. En relación con Badajoz, los investigadores encontraron anotaciones explícitas en las agendas de Díez, tales como «Badajoz. Cuatro jueces de instrucción. Paso 1: Destruir procedimiento», lo que, según la UCO, evidencia la intención de paralizar el proceso a través de denuncias, recusaciones o campañas para desacreditar profesionalmente.
Denuncias de acoso e indagación sobre el entorno
En la documentación presentada para su personación, Biedma alegó que la trama impulsó acciones orientadas a obtener información sobre su vida personal y laboral, iniciar quejas formales en su contra y procurar su exclusión de las investigaciones. Además, la jueza manifestó su inquietud por supuestos contactos de la red con círculos relacionados con el narcotráfico local, para recabar datos sobre su domicilio o rutina diaria.
En este sentido, Biedma pidió abrir una investigación específica sobre una anotación en la agenda atribuida a Díez («Jueza de Badajoz. Celsa. Heroína o gitano»). No obstante, el juez Pedraz decidió no iniciar esa línea de pesquisa por carecer de indicios suficientes recogidos en los informes de la Guardia Civil, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía de no explorar cada apunte manuscrito sin pruebas adicionales.
Con la convocatoria a declarar de la jueza Biedma el 8 de octubre, la Audiencia Nacional avanza en identificar el alcance y posibles delitos relacionados con las presiones supuestamente ejercidas sobre los operadores de justicia vinculados a causas que involucraban al entorno del Gobierno.
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En una resolución emitida este lunes, el juez Pedraz ha programado la declaración de la magistrada para el 8 de octubre a las 10:15 horas, con el apoyo parcial de la Fiscalía Anticorrupción.
Acciones para «destruir el procedimiento»
El caso Leire Díez indaga la presunta red organizada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, cuyo propósito habría sido sabotear y «desestabilizar» las causas judiciales contra miembros del partido y del entorno gubernamental.
Los informes aportados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indican que la red buscó de forma constante erosionar la credibilidad de jueces, fiscales y agentes. En relación con Badajoz, los investigadores encontraron anotaciones explícitas en las agendas de Díez, tales como «Badajoz. Cuatro jueces de instrucción. Paso 1: Destruir procedimiento», lo que, según la UCO, evidencia la intención de paralizar el proceso a través de denuncias, recusaciones o campañas para desacreditar profesionalmente.
Denuncias de acoso e indagación sobre el entorno
En la documentación presentada para su personación, Biedma alegó que la trama impulsó acciones orientadas a obtener información sobre su vida personal y laboral, iniciar quejas formales en su contra y procurar su exclusión de las investigaciones. Además, la jueza manifestó su inquietud por supuestos contactos de la red con círculos relacionados con el narcotráfico local, para recabar datos sobre su domicilio o rutina diaria.
En este sentido, Biedma pidió abrir una investigación específica sobre una anotación en la agenda atribuida a Díez («Jueza de Badajoz. Celsa. Heroína o gitano»). No obstante, el juez Pedraz decidió no iniciar esa línea de pesquisa por carecer de indicios suficientes recogidos en los informes de la Guardia Civil, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía de no explorar cada apunte manuscrito sin pruebas adicionales.
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Con la convocatoria a declarar de la jueza Biedma el 8 de octubre, la Audiencia Nacional avanza en identificar el alcance y posibles delitos relacionados con las presiones supuestamente ejercidas sobre los operadores de justicia vinculados a causas que involucraban al entorno del Gobierno.
