La Sala de lo Penal ha aceptado el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción, revocando el archivo provisional de la investigación sobre blanqueo de capitales contra Alejandro Betancourt.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha emitido un auto que impone al juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la reapertura inmediata del procedimiento penal en contra del empresario venezolano Alejandro Betancourt López, conocido en España por ser el principal inversor y propietario de la marca de gafas de sol Hawkers.
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Esta decisión responde al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, que había manifestado su desacuerdo con el cierre provisional del caso ordenado por el juez en marzo de 2026, calificando dicha resolución de prematura y señalando que aún quedaban aspectos esenciales por investigar.
Contexto del archivo revertido
El juez Pedraz fundamentó el archivo de la investigación alegando que las autoridades judiciales venezolanas ya habían examinado el origen de los fondos de Betancourt, concluyendo que no existía ningún delito penal en Venezuela.
No obstante, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuestionaron la exhaustividad e independencia de las resoluciones emitidas por los tribunales venezolanos, al considerar que no reúnen los requisitos necesarios para condicionar automáticamente el proceso en España.
Alejandro Betancourt, junto a socios y familiares como su primo Pedro Trebbau y Francisco Convit, forma parte del grupo de empresarios conocidos internacionalmente como los ‘bolichicos’. Este colectivo acumuló un considerable patrimonio durante los gobiernos de Hugo Chávez, principalmente gracias a la adjudicación directa de importantes contratos energéticos e infraestructuras eléctricas.
Vínculos con Estados Unidos y presuntos sobornos por 42 millones
La causa que se reabre ahora busca esclarecer si parte de los fondos obtenidos mediante posibles sobrecostes y comisiones ilegales en Venezuela fueron introducidos en el sistema económico español a través de inversiones inmobiliarias, capital riesgo o el financiamiento de empresas emergentes como Hawkers.
La reactivación del procedimiento judicial coincide con la tramitación de diligencias en el extranjero. A comienzos de este año, el juzgado de Pedraz envió solicitudes de cooperación a Estados Unidos para tomar declaración a ex altos cargos del Ministerio de Energía venezolano.
Estos funcionarios están bajo custodia federal estadounidense y sus testimonios son considerados fundamentales para comprobar una red de sobornos valorada en más de 42 millones de euros vinculada a adjudicaciones ligadas a Betancourt, cuyo rastro financiero conecta con cuentas offshore y fondos transferidos a España.
Un entramado judicial complejo
La reapertura del caso incrementa la complejidad de las investigaciones internacionales sobre el lavado de activos procedentes de Venezuela, que se están desarrollando en los juzgados de Madrid. Estas pesquisas guardan relación con otros procedimientos de relevancia mediática y política en la Audiencia Nacional, como el ‘Caso Plus Ultra’, que investiga supuestas redes de influencia y desvíos económicos asociados al rescate público de la aerolínea.
Con este fallo, la Audiencia Nacional revoca la decisión del juez instructor y establece como criterio que los tribunales españoles deben agotar de forma autónoma la investigación del dinero sospechoso, evitando que las decisiones judiciales venezolanas sirvan para bloquear la acción penal en territorio europeo.
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