MADRID – Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional, ha dictado el ingreso a trámite de dos querellas para abrir una investigación contra dos altos oficiales militares israelíes, bajo la sospecha de un delito de detención ilegal. La investigación se enfoca en el ataque llevado a cabo el 1 de octubre de 2025 contra la Flotilla Global Sumud, una misión de ayuda humanitaria destinada a Gaza que contaba entre sus participantes a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otros activistas.
El magistrado, actuando en contra del parecer de la Fiscalía, ha admitido las querellas presentadas conjuntamente por el Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Unida (IU) y varios particulares. Los señalados en la causa son Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y Ram Rothberg, identificado en la resolución judicial como excomandante en jefe de la Marina israelí, puesto que dejó en 2016.
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Competencia restringida a embarcaciones con bandera española
Para fundamentar la jurisdicción española, el juez De Jorge se basa en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En la resolución se explica que durante el asalto de las fuerzas israelíes, ocurrido a unas 70 millas náuticas de la costa en mar abierto, fueron abordadas por la fuerza embarcaciones que navegaban bajo el pabellón español, y sus tripulantes fueron privados de libertad. Según el derecho internacional, dichos barcos están completamente sujetos a la jurisdicción española.
No obstante, el magistrado ha delimitado estrictamente el alcance del proceso penal:
- Ámbito exclusivo: La investigación se centrará únicamente en los presuntos delitos de detención ilegal cometidos a bordo de los buques con bandera española.
- Exclusión del territorio israelí: Se descartan las denuncias relacionadas con eventos ocurridos tras el traslado de los tripulantes a buques de guerra o centros de detención israelíes, pues se consideran penalmente desvinculados de los hechos sucedidos en las embarcaciones españolas.
- Denuncias desestimadas: El juez ha rechazado las querellas presentadas contra Itamar Ben Gvir, actual ministro israelí responsable de prisiones, y contra Yosef Knipes, director del centro penitenciario de Ketziot. Asimismo, no concede la calificación de delitos de piratería, torturas o crímenes protegidos en conflictos armados que solicitaban los querellantes.
Colaboración con la Corte Penal Internacional
A pesar de las limitaciones establecidas, el juzgado central número 1 mantiene el procedimiento activo y ha dispuesto la realización inmediata de diligencias consideradas urgentes. Entre las primeras medidas, se ha ordenado localizar los domicilios de todos los ciudadanos que viajaban en las embarcaciones bajo bandera española para tomarles declaración y brindarles la oportunidad de iniciar acciones legales.
Además, el juez ha enviado una comisión rogatoria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, solicitando que verifique si los oficiales investigados ya están bajo su supervisión, si existen medidas cautelares internacionales vigentes y si tienen cargos formales. También pide a la CPI que indique si puede proceder con una investigación independiente sobre las naves españolas o si es necesario que la Audiencia Nacional se aparte para integrar estos hechos en su causa general por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad.
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