La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha manifestado su insatisfacción ante la ausencia de respuestas claras por parte del Ministerio de Defensa sobre la situación del personal militar destacado en Ceuta. La organización envió dos escritos al ministerio los días 5 y 27 de agosto solicitando detalles acerca de las garantías legales y las medidas de protección para los militares en la ciudad autónoma.
En el primer escrito, fechado el 5 de agosto, la ATME reclamó información sobre las garantías jurídicas disponibles para los miembros del ejército. La asociación buscaba confirmar que los militares disponen de instrucciones precisas sobre sus tareas y las limitaciones legales que deben respetar. Asimismo, preguntó cuál es el procedimiento aplicable en caso de que sean denunciados durante el cumplimiento de sus funciones.
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Respuesta del Ministerio de Defensa
El segundo escrito, remitido tras la agresión sufrida por cuatro militares en Benzú el 27 de agosto, solicitaba datos sobre el estado de los heridos y las medidas de protección vigentes. La ATME preguntó si los protocolos actuales aseguran una protección mínima para el personal y si existen planes para reforzar los recursos de seguridad y prevenir episodios similares en el futuro.
La contestación del Ministerio de Defensa, basada en un informe de la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra y trasladada por el Mando de Personal, señaló que los temas planteados quedan fuera del ámbito de actuación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Según la ATME, ninguna de las cuestiones planteadas obtuvo respuesta concreta.
Críticas a la normativa vigente
La ATME considera que esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. La asociación señala que la legislación vigente limita en exceso la capacidad de las asociaciones profesionales para representar eficazmente a los militares.
Además, la organización cuestiona las reservas del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos a ampliar las posibilidades de participación, información y control de las asociaciones. La ATME sostiene que el modelo actual es restrictivo y dificulta el conocimiento y la transmisión de las inquietudes reales del personal militar. Por ello, defiende la importancia de una reforma normativa que adapte los mecanismos de representación profesional a la realidad actual de las Fuerzas Armadas.
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