Madrid.— La acusación popular unificada en el ‘caso Leire’, coordinada por el Partido Popular, ha presentado una solicitud ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a su predecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al Director Adjunto Operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
Esta petición se basa en las supuestas maniobras e influencias ejercidas por la exmilitante socialista Leire Díez para que se iniciara una investigación interna contra la Unidad Central Operativa (UCO), relacionada con presuntas filtraciones en investigaciones judiciales que involucran al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. La acusación considera que estos hechos podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos.
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Las declaraciones que reactivan el caso
La acusación ha realizado esta petición después de las recientes declaraciones como testigos de varios altos mandos de la Guardia Civil. Destaca la del exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien confirmó ante el juez que el DAO, Manuel Llamas, recomendó a la unidad “mantenerse en un segundo plano” y no ser “proactiva” en investigaciones que pudieran tener “repercusiones políticas”, aunque los oficiales señalaron que no se sintieron coaccionados.
Por su parte, Mercedes González compareció el 16 de junio en el Senado, donde descartó rotundamente haber intervenido en “ninguna trama o conspiración contra la UCO ni por influencia de Leire Díez ni de ninguna otra persona”.
Las cuatro incongruencias que destaca la acusación
En el escrito dirigido al juez Pedraz, la acusación popular argumenta que la directora general debe ser investigada, ya que ha presentado al menos cuatro contradicciones en relación con su vínculo con Leire Díez:
- Negación inicial de reuniones: Primero, mediante el Ministerio del Interior, negó cualquier encuentro. Más tarde, González reconoció dos reuniones en cafeterías y finalmente admitió una tercera que justificó por “motivos personales y familiares”. La UCO sitúa estas citas el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025.
- Reincorporación de un mando imputado: Se estableció que la directora solicitó la reincorporación del comandante Rubén Villalba, imputado en el ‘caso Koldo’ y que aparentemente se había reunido con Leire Díez para recopilar información.
El rastro de los mensajes eliminados
La sospecha de la UCO: Los informes policiales indican que Leire Díez podría haber impulsado una investigación reservada en la Guardia Civil para determinar si la UCO filtró a la prensa mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente Pedro Sánchez.
La pesquisa relaciona esta acción con el intercambio de mensajes entre Díez y la directora general de la Guardia Civil. Según la UCO, al día siguiente de la publicación de esos mensajes en medios de comunicación, ambas intercambiaron textos que posteriormente fueron borrados.
El informe técnico detectó en ese momento la creación de un nuevo chat que podría estar asociado al borrado de conversaciones anteriores, junto con la activación de la eliminación automática de mensajes cada 24 horas. Para la acusación, esta acción deliberada de destruir fuentes probatorias simultáneamente con la investigación contra la UCO representa un indicio relevante de posible responsabilidad penal.
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