La iniciativa propuesta por María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para reformar el sistema de financiación autonómica con un modelo inclusivo, no cuenta por ahora con los respaldos parlamentarios imprescindibles para su aprobación.
Este sistema que financia servicios fundamentales como sanidad, educación y atención a la dependencia, junto con otras competencias transferidas, está regulado por una ley orgánica que exige mayoría absoluta en el Congreso para cualquier cambio, requisito que el Ejecutivo no tiene asegurado.
En la práctica, el rechazo de Partido Popular o Junts per Catalunya sería suficiente para bloquear la reforma, puesto que el Gobierno precisa al menos el apoyo de uno de estos dos grupos para avanzar.
Un sistema obsoleto
El actual modelo fue aprobado en 2009 con una vigencia inicial de cinco años, por lo que se considera no solo caducado sino también fuera de sintonía con las necesidades actuales. Los expertos señalan que el progresivo aumento de competencias autonómicas no ha estado acompañado de una financiación adecuada, generando presiones en las cuentas públicas de varias comunidades.
La principal innovación del proyecto gubernamental es aumentar los fondos disponibles para las comunidades mediante una mayor retención del IRPF y del IVA en cada territorio, proporcional a la recaudación.
El Gobierno confía en que, pese al descontento de algunos presidentes autonómicos del PP por los pactos bilaterales suscritos por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, los populares finalmente reconozcan la necesidad de actualizar el sistema.
Con este fin, Montero ha convocado para el 14 de enero el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reunirá a los responsables económicos regionales. Ahí se planteará la propuesta oficialmente y se recogerán aportaciones de los gobiernos autonómicos.
La respuesta que reciba el modelo en esa reunión será determinante para evaluar su factibilidad política. Sin una base mínima para el diálogo, la reforma podría quedar comprometida, especialmente ante la dificultad para obtener el respaldo de Junts.
El debate sobre el concierto catalán
La postura de Junts está vinculada a los acuerdos de investidura firmados por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, que contemplan que Cataluña gestione la recaudación de impuestos y luego acuerde una aportación con el Estado, siguiendo el modelo del País Vasco y Navarra.
Estas dos comunidades disponen de un sistema propio, denominado concierto y convenio, que las excluye del régimen general de financiación autonómica. No obstante, la propuesta presentada por Montero se centra en reformar el sistema común, incluyendo expresamente a Cataluña dentro de este marco.
Consultada sobre la cesión total del IRPF a Cataluña y la creación de una Agencia Tributaria catalana, la ministra reconoció que este punto sigue siendo objeto de negociación y presenta desafíos tanto técnicos como políticos.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso manifestó antes de la presentación de Montero que su grupo solo apoyará un nuevo sistema si incorpora un «concierto catalán», condición que complica aún más el futuro de la iniciativa del Gobierno.
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