Los sindicatos policiales señalan a Francisco Martín por aplicar una «doble vara de medir» en plena precampaña electoral y por colocar a los agentes en una posición vulnerable políticamente tras su expediente a la intervención en la protesta educativa de Ciudad Universitaria, que terminó con cinco detenciones.
Se produce un nuevo enfrentamiento abierto entre los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno en Madrid. Las agrupaciones policiales JUPOL y la Confederación Española de Policía (CEP) demandaron este jueves la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a raíz de sus declaraciones en las que cuestionaba la «proporcionalidad» de las cargas efectuadas por las Unidades de Intervención Policial (UIP) durante la manifestación de profesores y estudiantes en la Universidad Complutense.
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El enfrentamiento comenzó en la segunda jornada de huelga indefinida en la educación madrileña, cuando varios grupos de manifestantes —algunos con rostro cubierto— bloquearon el tránsito en el campus de Ciudad Universitaria. Según fuentes policiales, los concentrados intentaron romper el cordón de seguridad y agredieron directamente a los agentes, lo que llevó a una intervención policial que acabó con al menos cinco detenidos —varios de ellos con lesiones— y dos agentes heridos.
No obstante, en lugar de respaldar la actuación de los antidisturbios, Francisco Martín anunció la puesta en marcha de una «investigación de urgencia» dirigida al Jefe Superior de Policía, al considerar que las imágenes difundidas eran «muy duras» y dejar entrever que la respuesta policial no mantuvo la proporcionalidad requerida.
JUPOL señala a Moncloa por un «apagón informativo» y un riesgo intencionado
La reacción de la central sindical JUPOL fue firme, acusando a la Delegación del Gobierno de hacer imputaciones públicas hacia las Fuerzas de Seguridad, mientras les niega la información operativa necesaria para asegurar despliegues con garantías. Según JUPOL, la decisión de Martín responde a un «cálculo político» ante las elecciones generales del 29-N que pone en serio peligro la integridad física tanto de los agentes como de la ciudadanía.
Por su parte, la CEP calificó de «escandaloso ejercicio de sospecha prematura» la postura del delegado, recordando que Martín prejuzgó la intervención antes de contar con los informes de la investigación interna solicitada por el mismo. La confederación comparó la severidad mostrada por Martín hacia los agentes en Ciudad Universitaria con la «pasividad y comprensión» demostrada ante otros sucesos de orden público, criticando una «deriva de incoherencia institucional» motivada por el contexto electoral.
Reiterados reproches a la actuación de la Policía Nacional
Desde la CEP insisten en que no se trata de un caso aislado en la gestión del delegado del Gobierno. Los sindicatos recordaron sus fuertes críticas tras el controvertido desahucio de la anciana Maricarmen Abascal a finales de septiembre en el distrito de Retiro —cuando Martín manifestó públicamente su desacuerdo con las imágenes de la intervención policial— o sus comentarios sobre las intervenciones en el barrio de Lavapiés en marzo de 2024.
«Para CEP resulta inaceptable esta doble vara de medir. La profesionalidad de los compañeros debe contar con el mismo respeto, independientemente de la controversia política que rodee a cada operación», concluyó la organización. Mientras la disputa política continúa sin resolverse, la policía mantiene activados los dispositivos de vigilancia en los campus universitarios y principales vías de la ciudad ante la continuidad de los paros en el sector educativo madrileño.
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