Juan Vivas, presidente de Ceuta, reclama devoluciones a Marruecos tras el desalojo en El Trampolín: “Reubicar a los migrantes no soluciona el problema”

• Reocupación parcial: Aproximadamente 500 personas retornaron al arenal pocas horas tras la intervención policial que trasladó a 1.400 migrantes a espacios provisionales.
• Posición de Bruselas: La Comisión Europea apoya la devolución de quienes hayan entrado de forma irregular, pero solicita a España que asegure la protección de los colectivos vulnerables.

Juan Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha expresado una crítica firme hacia el operativo desplegado para desalojar la playa del Trampolín, ubicada en Loma Colmenar. Ha señalado que mover a las personas acampadas a otros puntos de la ciudad «no representa una verdadera intención de resolver el conflicto». Vivas ha solicitado al Gobierno central que incremente de manera urgente los recursos materiales y humanos en Ceuta para acelerar los procesos que posibiliten la devolución a Marruecos de todos los migrantes que hayan entrado irregularmente, incluyendo tanto a adultos como a menores.

La actuación, que comenzó a primera hora con presencia policial, permitió inicialmente el traslado de unas 1.400 personas desde la playa hacia dos zonas habilitadas temporalmente: un recinto militar y un aparcamiento. Sin embargo, la eficacia de la medida se vio afectada poco tiempo después. Las tareas de limpieza y acondicionamiento del arenal tuvieron que suspenderse debido a que cerca de 500 migrantes regresaron al lugar, argumentando que necesitaban recuperar objetos personales dejados atrás.

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Demanda de retornos y protección para vulnerables desde la Unión Europea

En el ámbito internacional, el desalojo ha vuelto a centrar la atención en la frontera sur de la Unión Europea. Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, reiteró la «expectativa» del ejecutivo comunitario respecto a que «todos los migrantes que accedieron ilegalmente a Ceuta sean regresados a Marruecos».

No obstante, la Comisión Europea ha insistido ante el Gobierno español en la necesidad de «garantizar la protección de las personas vulnerables», haciendo referencia directa a los planes para trasladar a unas 500 niñas hacia la península. La situación en el enclave fronterizo continúa siendo muy tensa, a la espera de una estrategia conjunta para gestionar los retornos y aliviar los recursos locales.