La titular del Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid ha desestimado la demanda interpuesta por Joaquín Leguina, exdirigente socialista y expresidente de la Comunidad de Madrid, contra el PSOE. La demanda surgió tras su expulsión del partido en diciembre de 2022, donde Leguina reclamaba 18.000 euros por una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales.
El PSOE había iniciado un expediente de expulsión contra Leguina el 6 de mayo de 2021, después de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid. El motivo fue su apoyo público a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un acto de campaña para las elecciones del 4 de mayo.
La magistrada considera deslealtad
La jueza a cargo del caso concluyó que las declaraciones de Joaquín Leguina constituían una manifestación de deslealtad hacia el partido, contrarias a los intereses electorales del PSOE. Según la magistrada, la naturaleza de las expresiones y el contexto en el que fueron realizadas justificaban la decisión del partido de proceder con la expulsión.
La sentencia, que aún puede ser recurrida por Leguina ante la Audiencia Provincial, rechaza sus demandas de anular la resolución de suspensión de su militancia y de recibir una indemnización de 18.000 euros. Esta suma se dividía en 12.000 euros dirigidos al secretario general del PSOE, Santos Cerdán, y 6.000 euros a la dirigente socialista Marta López Expósito.
Defensa de Leguina
Durante el juicio oral celebrado el pasado 8 de noviembre, Leguina, de 83 años, defendió que su expulsión fue irregular. Argumentó que la suspensión de su militancia no fue avalada por la Junta de Garantías, sino aprobada directamente por Santos Cerdán. Este conflicto comenzó en mayo de 2021, cuando la Ejecutiva Federal del PSOE abrió un expediente de expulsión contra él y Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del partido en Euskadi, por su apoyo a Díaz Ayuso.
El PSOE formalizó la expulsión en diciembre de 2022, indicando que el expediente fue tramitado por el Comité de Garantías del partido. Leguina sostiene que este proceso no cumplió con los procedimientos internos adecuados, lo que motivó su demanda.
Este caso ha generado un debate sobre la lealtad partidaria y la libertad de expresión dentro de los partidos políticos, poniendo en cuestión hasta qué punto un miembro puede expresar opiniones divergentes sin enfrentar represalias.
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