Artículo de opinión
Después de las numerosas y alentadoras muestras de apoyo a Ceuta en toda España, y la insatisfactoria presentación del presidente Sánchez en el Congreso, es momento de analizar la situación, evaluar la respuesta del Gobierno y considerar otras opciones.
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En primer lugar, los ceutíes debemos reconocer el respaldo de la Nación española. Desde las masivas movilizaciones por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, no se habían visto niveles tan altos de solidaridad en España. Si aquellas manifestaciones inspiraron el «Espíritu de Ermua» que contribuyó al fin de ETA, esperamos que estas impulsen el «Espíritu de Ceuta» que termine con la subordinación de España a Marruecos y promueva una postura clara y firme en defensa de nuestra integridad territorial, así como en la integración de Ceuta y Melilla en la UE mediante su incorporación al Comité de las Regiones, el despliegue de FRONTEX en nuestras fronteras y la creación de un régimen especial similar al de las Regiones Ultraperiféricas, como Canarias.
En segundo lugar, todos los grupos parlamentarios salvo el PSOE coinciden en que la respuesta del Gobierno fue tardía y deficiente. La sucesión constante de ministros visitando Ceuta en agosto solo sirvió para ocultar las largas vacaciones de Sánchez en La Mareta. No fue hasta el 26 de agosto que se publicó el Real Decreto que declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, solicitado por Vivas desde el 30 de julio. Finalmente se estableció un mando único bajo el ministro Ángel Víctor Torres, quien designó espacios para alojar a los llegados, incluyendo polideportivos municipales y escolares, y áreas cercanas a las barriadas de Manzanera, el Mixto y O’Donnell, lo que generó malestar entre los ceutíes. La presión social obligó al Gobierno a rectificar, aunque siguen las controversias por el uso del Centro Ecuestre y las explanadas del muelle de Poniente, junto a la nueva Escuela Infantil detrás de la antigua prisión de Los Rosales.
El Ejecutivo se ha centrado en proporcionar alojamiento, una medida necesaria para obtener un recuento y evitar la imagen precaria que mostraba la playa del Trampolín, las naves del Tarajal y otros asentamientos al aire libre en diferentes zonas. No obstante, se ha rechazado la propuesta municipal de utilizar un buque con camarotes para alojar temporalmente a estas personas.
La principal inquietud del pueblo ceutí es conocer la duración de esta situación. El Gobierno trata el asunto como una crisis migratoria aplicando los procedimientos habituales de Extranjería y Protección Internacional. Sin embargo, la falta de un conteo preciso después de un mes y las cifras contradictorias evidencian una gestión muy deficiente.
¿Cuántos entraron los días 30 y 31 de julio? La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó el 25 de agosto que el ingreso fue a un ritmo de 5.200 por hora, lo que sumaría más de 120.000 personas. Las últimas cifras oficiales mencionan alrededor de 80.000, mientras que el presidente Sánchez habló en el Congreso del 3 de septiembre de 63.000 retornados en las primeras 72 horas. ¿Cuántos permanecen? El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señaló 5.000 el 28 de agosto, pero el presidente anunció el 3 de septiembre que se dispondrán de 7.000 plazas de alojamiento temporal tras instalar carpas. ONG locales hablan de cerca de 9.000 personas. Estas cifras no parecen incluir a los menores no acompañados, cuyo número varía entre 1.500 reconocidos oficialmente y hasta 4.800 en informes vecinales.
¿Cuánto tiempo llevará retornar a la normalidad? Aunque el ministro Torres no dio estimaciones en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, el Gobierno ha hecho algunas indicaciones. Marlaska afirmó que hay presupuesto para mantener a los antidisturbios en Ceuta hasta fin de año. El decreto que declara la situación excepcional establece esta vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga.
Sobre la identificación y registro policial de los llegados, el sindicato SUP denuncia la insuficiencia de medios: solo 14 ordenadores y alrededor de 80 expedientes diarios en el CATE. El Ministerio del Interior informó que se dispondrá de 24 equipos policiales para estas tareas. A este ritmo, la identificación completa podría tardar meses. Además, es probable que casi todos soliciten Protección Internacional para evadir la expulsión y comenzar un nuevo proceso administrativo. Para los mayores de edad marroquíes, considerando a Marruecos país seguro según la normativa europea, el proceso puede tomar hasta 12 semanas.
Hasta ahora, solo han salido voluntariamente, quienes fueron condenados mediante juicio rápido, y quienes pagaron a las mafias para llegar a la península. No se ha aplicado ninguna orden de expulsión derivada de la denegación del asilo a las personas que llegaron el 30 de julio. La Dirección General de Protección Internacional procesa los expedientes en orden cronológico y aún está atendiendo solicitudes anteriores.
Ceuta no merece esta situación: meses de anormalidad con impactos económicos, reputacionales y morales considerables. Se cancelaron eventos como la Feria, el Mercado Medieval, escalas de cruceros y actividades deportivas. Surgen dudas sobre la disponibilidad de profesionales sanitarios y docentes dispuestos a trabajar, así como sobre la afluencia de estudiantes universitarias de Enfermería. Se cuestiona la celebración de eventos tradicionales como la Mochila, la Navidad y el Carnaval.
El Gobierno de Sánchez prolonga la incertidumbre, inseguridad, insalubridad y tensión social para sostener su versión de una crisis migratoria sencilla. Sin embargo, es incierto cómo reaccionarán las personas cuando comiencen las resoluciones de retorno. ¿Se podrá controlar un posible motín? ¿Quién atenderá los llamamientos a la calma de las autoridades locales en caso de incidentes graves contra la población?
La llegada masiva del 30 y 31 de julio no fue solo una crisis migratoria. Informes oficiales y declaraciones de ministros marroquíes cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla clarifican el papel de Marruecos. El régimen alauí aprovechó una situación migratoria inicialmente vinculada a una sentencia judicial, popularizada erróneamente en redes sociales como la apertura de las puertas de Europa, para convertirla en un ataque de guerra híbrida usando a la población como herramienta contra España. No se trata de migrantes ordinarios, sino de invasores. Como un mexicano que cruza el río Bravo no reclama Texas, el objetivo es una limpieza étnica progresiva de la población española en Ceuta, que podría llevar a su desplazamiento.
Frente a esta excepcionalidad, solo son apropiadas medidas extraordinarias. A título personal, y como diputado nacional del Partido Popular, considero que una agresión o violación de la integridad territorial española, como expresó el presidente del Gobierno durante su visita, justifica la propuesta al Congreso para declarar el Estado de Sitio según el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/1981.
Dicha declaración debería limitarse territorialmente a Ceuta y temporalmente al proceso de retorno a Marruecos, y permitir bajo autoridad militar restringir la movilidad y acelerar la tramitación sumaria de expedientes de identificación y protección internacional para quienes no puedan demostrar su residencia previa al 30 de julio. La legislación europea y española prohíben las expulsiones colectivas para evitar genocidios, pero es posible simplificar los procedimientos individuales conforme al Pacto Europeo de Migración y Asilo, evitando que el derecho de asilo sea aprovechado injustamente.
La propuesta de Estado de Sitio puede sonar extrema, pero España ha vivido situaciones excepcionales en los últimos doce años amparadas por la Constitución, sin que ello paralizara el país. Desde la abdicación de 2014, el artículo 155 en Cataluña en 2017, la moción de censura en 2018, hasta el Estado de Alarma por la pandemia en 2020, y la continuidad presupuestaria en 2023, todo se ha manejado dentro del marco legal.
En Ceuta no hay rechazo hacia la autoridad militar, pues la presencia de militares genera confianza y orgullo. Si alguien tiene una solución más ágil y legal, debe plantearla. El Gobierno socialista ha demostrado que la voluntad política permite adoptar medidas excepcionales, como con la Ley de Amnistía para garantizar la investidura de Sánchez.
Mientras el Gobierno continúe demorando acciones después de un mes de inactividad por las vacaciones del presidente, los ceutíes seguirán en una situación complicada. Es fundamental continuar con las movilizaciones y mantener la atención mediática, para que quienes fueron usados como parte de esta guerra híbrida entiendan que han sido engañados y que la mayoría no conseguirá el asilo.
Para terminar, recuerdo con afecto los apoyos recibidos a lo largo de España, que viví personalmente en la Cibeles, y expreso mi admiración por la resistencia histórica de nuestros antepasados, como relata Alejandro Correa da Franca (1673-1750) sobre el levantamiento del asedio de Muley Ismail en 1727: «Es indescriptible la alegría que ese día despertó en los habitantes de esta noble ciudad, afligida durante más de treinta y dos años. Todos unánimemente agradecían al Altísimo por tan gran fortuna. Salieron al campo, incluso las mujeres mayores que anhelaban ver aquellos terrenos antes dominados por enemigos. Se cantó el Te Deum y se rindió homenaje a la Virgen de África con la mayor devoción y alegría por el favor recibido.»
Javier Celaya Brey
Diputado nacional por Ceuta
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