Tribuna
Fortalecer la frontera es esencial y las ayudas ofrecen alivio, pero ninguna de estas acciones genera empleos estables. La solución para que Ceuta avance es que se impulse la inversión en la ciudad.
Ceuta ha atravesado semanas complejas y su respuesta habitual ha sido resistir. Ahora llega una etapa menos visible pero crucial: definir cómo manejar lo ocurrido. Es fundamental aclarar desde el inicio que garantizar la seguridad fronteriza es esencial, y que las ayudas de urgencia son necesarias, pero ni una ni otra constituyen un plan sostenible para la ciudad.
Fortalecer la frontera impide que se repitan incidentes, pero no fomenta la actividad económica. Las ayudas temporales cubren déficits durante un año, para tener que solicitar nuevas al año siguiente. Este ciclo se ha repetido durante décadas y los resultados son evidentes: una renta per cápita un 30 % inferior a la media nacional y un desempleo del 26,1 %. Con estas cifras, cualquier ayuda se destina a mantener lo existente, sin dejar recursos para el desarrollo.
La transformación de un territorio solo se logra con inversión privada. Una empresa que se instala, emplea, cotiza, compra a proveedores locales y permanece en el área. Así se han recuperado otros territorios en situaciones similares, sin atajos.
La cuestión es por qué alguien decidiría invertir en Ceuta. La respuesta real es que por el momento existen pocas motivaciones. Al quedar fuera del territorio aduanero europeo, enviar mercancías a la Península supone una exportación con sus trámites y tiempos. Dispone de un puerto y un helipuerto pequeños, un espacio territorial limitado y un mercado interno de 83.000 personas. Desde 2020 tampoco cuenta con la frontera comercial que durante años fue base de la economía local.
Ante tales desafíos no se compite con solo voluntad. Se compite creando condiciones que hagan rentable establecerse aquí a pesar de todo, lo que implica medidas fiscales concretas. Descuentos reales en el Impuesto de Sociedades y en cotizaciones sociales, deducciones por invertir y contratar personal cualificado, compensar los costos extra de transporte, y garantizar estabilidad por periodos prolongados, ya que nadie apuesta por un régimen que pueda modificarse abruptamente. No se trata de privilegios, sino de compensar desventajas objetivas, conforme al Derecho europeo para regiones con nuestro perfil de renta y desempleo.
El anuncio del presidente del Gobierno en el Congreso indica —tras mucho tiempo— una línea favorable: ingresar en la Unión Aduanera preservando el régimen fiscal propio, optar al estatus de región ultraperiférica y conseguir representación en el Comité de las Regiones. Es un marco adecuado y debe ser tomado en serio. Ahora es necesario que no quede solo en promesas, y para ello conviene señalar tres aspectos incómodos.
Primero, estos tres objetivos avanzan a diferentes ritmos, y agruparlos puede generar falsas expectativas. La representación en el Comité de las Regiones depende de una decisión interna española y de una validación que suele tardar alrededor de dos meses. Ya se ha avanzado en ese sentido, pues la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha cedido su puesto a Ceuta. Incorporarse a la Unión Aduanera requiere una solicitud formal de España, la propuesta de la Comisión Europea y la aprobación unánime del Consejo de los veintisiete. El estatus de región ultraperiférica implica reformar los Tratados mediante Convención, conferencia intergubernamental y ratificación en todos los países miembros, además de redefinir la categoría actual, que se fundamenta en insularidad y lejanía, circunstancias que no aplican a Ceuta. Este proceso se mide en legislaturas, no en años.
Segundo, la incorporación a la Unión Aduanera es factible y está prevista desde hace cuatro décadas. El tratado de adhesión de España contempla que Ceuta y Melilla puedan integrarse al territorio aduanero si el Gobierno presenta la solicitud. No requiere reformas, solo pedirlo. Este mismo procedimiento se empleó en 1991 con Canarias, que había quedado fuera en 1986, y que actualmente está dentro del territorio aduanero y fuera del IVA, con impuestos propios, entre ellos uno autorizado por el Consejo para proteger la producción local. La fórmula existe, está operativa y tiene más de treinta años de funcionamiento a unos mil kilómetros de Ceuta.
También es importante reconocer que entrar en la Unión Aduanera conlleva costes: se aplicará el arancel exterior común que elevará el precio de algunos suministros antes exentos, y se perderá la condición de territorio franco. Será necesario un periodo transitorio y compensar a la Ciudad por la pérdida de ingresos. Aunque estas circunstancias no deben impedir la incorporación, sí requieren un estudio riguroso y planificación adecuada.
Tercero, el más incómodo: la Comisión Europea confirmó a Europa Press el 6 de septiembre que España aún no ha presentado formalmente la solicitud. Sin dicha solicitud no se abre expediente, no hay análisis ni propuesta, y no se inicia el proceso. Es un trámite sencillo, sin negociaciones complejas, que podría realizarse esta misma semana. Hasta que no ocurra, todo será solo una intención declarada. Ojalá para la publicación de estas líneas España ya haya enviado la solicitud a Bruselas; sería la mejor noticia y la más sencilla de anunciar.
Existe, además, un plazo crucial que pasa casi desapercibido. La Unión Europea está ultimando la legislación de su presupuesto para 2028-2034, con la intención de aprobarla antes de finalizar el año. En estos reglamentos se definen los territorios elegibles, los criterios y los porcentajes de cofinanciación. Si Ceuta no queda incluida en este paquete, el marco se fijará hasta 2034 sin posibilidad de modificaciones posteriores. Recientemente se evidenció, con el retraso en la entrega de fondos de emergencia por una solicitud tardía, las consecuencias de no cumplir los plazos europeos. Este proceso es similar, pero con implicaciones a siete años.
Por todo ello, las medidas necesarias son claras. Presentar cuanto antes la solicitud formal para la Unión Aduanera, que es el único paso que activa el procedimiento. Completar el proceso para que Ceuta disponga de representación en el Comité de las Regiones, que está a punto de finalizar. Garantizar que la posición española ante Bruselas incluya explícitamente a Ceuta en los reglamentos de fondos antes de diciembre. Convertir las ayudas anunciadas en bonificaciones fiscales estables, no en gastos de un solo año. Y encargar sin demora un estudio sobre el impacto del arancel exterior común en el comercio local, para basar las negociaciones en datos y no en percepciones.
Todo esto trasciende a los partidos y debería ser así. La diferencia entre seguir hablando de ayudas en diez años o contar con empresas establecidas y empleo efectivo. Ceuta ha demostrado en estos meses su capacidad de resistencia. Sería lamentable que eso siga siendo lo único que sabemos hacer.
Juan Goñi
Empresario ceutí
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