Isabel López critica ante las víctimas la falta de autonomía del organismo estatal encargado de analizar la tragedia ferroviaria en Córdoba y solicita que se respete el criterio técnico: «Queremos que se conozca la verdad».
La revisión técnica del fatal accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero y que causó la muerte de 46 personas, se puso en entredicho este jueves en el Congreso de los Diputados. En un encuentro con asociaciones de afectados por grandes tragedias, Isabel López, investigadora de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), manifestó ante los familiares de las víctimas la ausencia de transparencia e independencia en los organismos oficiales y señaló que los informes periciales sufren cambios significativos cuando llegan a niveles superiores.
«Somos plenamente conscientes de que el procedimiento no se ha seguido como debía haberse hecho», sostuvo la perito desde la zona de público, rompiendo la disciplina institucional para comunicar un mensaje consensuado por el equipo de investigadores. «Frecuentemente, los informes técnicos sobre las causas del accidente se modifican tras alcanzar instancias superiores», afirmó López mientras el presidente de la entidad investigadora escuchaba, resaltando la urgencia de proteger el criterio profesional: «Es la única garantía de que nuestro trabajo no responde a intereses particulares, ni de ninguna entidad».
El carril dañado en la tragedia, aún bajo custodia sin haber sido analizado
Las graves declaraciones realizadas en la Cámara Baja reabren la herida del accidente en el que un tren Alvia con destino Sevilla impactó con un convoy de Iryo que había descarrilado momentos antes en la vía contigua. El descarrilamiento ocurrió en la soldadura que unía dos tramos de vía instalados con una diferencia de tres décadas. Aunque las pruebas iniciales señalaban una fractura en el carril, tanto el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, como el gestor de infraestructuras Adif rechazaron categóricamente esta hipótesis.
La gestión informativa del ministerio provocó un considerable descontento en el sector, derivando en convocatorias de paros generales que solo se cancelaron tras el compromiso de aumentar el presupuesto destinado al mantenimiento de la red. Casi nueve meses después del siniestro, la pieza dañada del carril permanece bajo custodia sin haber sido enviada a un laboratorio especializado para su investigación definitiva.
Respuesta del AITAT y advertencia sobre posibles represalias
Frente al contundente testimonio de la investigadora, el presidente del AITAT —organismo que incorporó a la CIAF en julio pasado para centralizar la investigación de accidentes terrestres, marítimos y aéreos—, Gonzalo Julián Guillén, negó la falta de transparencia y solicitó más tiempo para organizar la estructura funcional, alegando que solo han dispuesto de tres meses para ello.
No obstante, la desconfianza entre las familias afectadas es total. Mario Samper, presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, criticó la paralización en los avances y solicitó la divulgación inmediata de las recomendaciones oficiales para evitar futuros descarrilamientos. Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del accidente de Angrois, alertó a la perito sobre posibles represalias profesionales por revelar estas irregularidades, recordando casos previos de investigadores que fueron apartados tras cuestionar las versiones oficiales de la Administración.
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La revisión técnica del fatal accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero y que causó la muerte de 46 personas, se puso en entredicho este jueves en el Congreso de los Diputados. En un encuentro con asociaciones de afectados por grandes tragedias, Isabel López, investigadora de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), manifestó ante los familiares de las víctimas la ausencia de transparencia e independencia en los organismos oficiales y señaló que los informes periciales sufren cambios significativos cuando llegan a niveles superiores.
«Somos plenamente conscientes de que el procedimiento no se ha seguido como debía haberse hecho», sostuvo la perito desde la zona de público, rompiendo la disciplina institucional para comunicar un mensaje consensuado por el equipo de investigadores. «Frecuentemente, los informes técnicos sobre las causas del accidente se modifican tras alcanzar instancias superiores», afirmó López mientras el presidente de la entidad investigadora escuchaba, resaltando la urgencia de proteger el criterio profesional: «Es la única garantía de que nuestro trabajo no responde a intereses particulares, ni de ninguna entidad».
El carril dañado en la tragedia, aún bajo custodia sin haber sido analizado
Las graves declaraciones realizadas en la Cámara Baja reabren la herida del accidente en el que un tren Alvia con destino Sevilla impactó con un convoy de Iryo que había descarrilado momentos antes en la vía contigua. El descarrilamiento ocurrió en la soldadura que unía dos tramos de vía instalados con una diferencia de tres décadas. Aunque las pruebas iniciales señalaban una fractura en el carril, tanto el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, como el gestor de infraestructuras Adif rechazaron categóricamente esta hipótesis.
La gestión informativa del ministerio provocó un considerable descontento en el sector, derivando en convocatorias de paros generales que solo se cancelaron tras el compromiso de aumentar el presupuesto destinado al mantenimiento de la red. Casi nueve meses después del siniestro, la pieza dañada del carril permanece bajo custodia sin haber sido enviada a un laboratorio especializado para su investigación definitiva.
Respuesta del AITAT y advertencia sobre posibles represalias
Frente al contundente testimonio de la investigadora, el presidente del AITAT —organismo que incorporó a la CIAF en julio pasado para centralizar la investigación de accidentes terrestres, marítimos y aéreos—, Gonzalo Julián Guillén, negó la falta de transparencia y solicitó más tiempo para organizar la estructura funcional, alegando que solo han dispuesto de tres meses para ello.
No obstante, la desconfianza entre las familias afectadas es total. Mario Samper, presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, criticó la paralización en los avances y solicitó la divulgación inmediata de las recomendaciones oficiales para evitar futuros descarrilamientos. Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del accidente de Angrois, alertó a la perito sobre posibles represalias profesionales por revelar estas irregularidades, recordando casos previos de investigadores que fueron apartados tras cuestionar las versiones oficiales de la Administración.
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«Somos plenamente conscientes de que el procedimiento no se ha seguido como debía haberse hecho», sostuvo la perito desde la zona de público, rompiendo la disciplina institucional para comunicar un mensaje consensuado por el equipo de investigadores. «Frecuentemente, los informes técnicos sobre las causas del accidente se modifican tras alcanzar instancias superiores», afirmó López mientras el presidente de la entidad investigadora escuchaba, resaltando la urgencia de proteger el criterio profesional: «Es la única garantía de que nuestro trabajo no responde a intereses particulares, ni de ninguna entidad».
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Las graves declaraciones realizadas en la Cámara Baja reabren la herida del accidente en el que un tren Alvia con destino Sevilla impactó con un convoy de Iryo que había descarrilado momentos antes en la vía contigua. El descarrilamiento ocurrió en la soldadura que unía dos tramos de vía instalados con una diferencia de tres décadas. Aunque las pruebas iniciales señalaban una fractura en el carril, tanto el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, como el gestor de infraestructuras Adif rechazaron categóricamente esta hipótesis.
La gestión informativa del ministerio provocó un considerable descontento en el sector, derivando en convocatorias de paros generales que solo se cancelaron tras el compromiso de aumentar el presupuesto destinado al mantenimiento de la red. Casi nueve meses después del siniestro, la pieza dañada del carril permanece bajo custodia sin haber sido enviada a un laboratorio especializado para su investigación definitiva.
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No obstante, la desconfianza entre las familias afectadas es total. Mario Samper, presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, criticó la paralización en los avances y solicitó la divulgación inmediata de las recomendaciones oficiales para evitar futuros descarrilamientos. Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del accidente de Angrois, alertó a la perito sobre posibles represalias profesionales por revelar estas irregularidades, recordando casos previos de investigadores que fueron apartados tras cuestionar las versiones oficiales de la Administración.
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La revisión técnica del fatal accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado 18 de enero y que causó la muerte de 46 personas, se puso en entredicho este jueves en el Congreso de los Diputados. En un encuentro con asociaciones de afectados por grandes tragedias, Isabel López, investigadora de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), manifestó ante los familiares de las víctimas la ausencia de transparencia e independencia en los organismos oficiales y señaló que los informes periciales sufren cambios significativos cuando llegan a niveles superiores.
«Somos plenamente conscientes de que el procedimiento no se ha seguido como debía haberse hecho», sostuvo la perito desde la zona de público, rompiendo la disciplina institucional para comunicar un mensaje consensuado por el equipo de investigadores. «Frecuentemente, los informes técnicos sobre las causas del accidente se modifican tras alcanzar instancias superiores», afirmó López mientras el presidente de la entidad investigadora escuchaba, resaltando la urgencia de proteger el criterio profesional: «Es la única garantía de que nuestro trabajo no responde a intereses particulares, ni de ninguna entidad».
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No obstante, la desconfianza entre las familias afectadas es total. Mario Samper, presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, criticó la paralización en los avances y solicitó la divulgación inmediata de las recomendaciones oficiales para evitar futuros descarrilamientos. Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del accidente de Angrois, alertó a la perito sobre posibles represalias profesionales por revelar estas irregularidades, recordando casos previos de investigadores que fueron apartados tras cuestionar las versiones oficiales de la Administración.
