BARCELONA – El llamado ‘caso Negreira’ podría experimentar un cambio decisivo en su desarrollo judicial. Un reciente informe pericial, al que han accedido varios medios, determina que José María Enríquez Negreira ha empeorado notablemente debido a su enfermedad neurodegenerativa y, en consecuencia, no está apto para enfrentar un proceso penal.
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), de 80 años, se sometió el 24 de marzo a una nueva evaluación médica en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, solicitada por su defensa. Tras el análisis, los expertos judiciales concluyeron que el investigado «no posee las capacidades cognitivas ni volitivas necesarias para entender el alcance del proceso judicial».
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Deterioro progresivo en lo clínico y psicométrico
El informe entregado a la jueza encargada de la instrucción en Barcelona señala que el exdirigente arbitral presenta un trastorno neurocognitivo mayor mixto, que conlleva un «déficit cognitivo moderado». Los especialistas resaltan que «se constata un empeoramiento evidente tanto en pruebas psicométricas como en el examen clínico», en comparación con la revisión anterior realizada el 18 de enero de 2024.
Entre las afectaciones observadas, destaca una grave alteración en la memoria episódica de Negreira, que limita su capacidad para retener información reciente y lo coloca en una situación de alta vulnerabilidad ante influencias externas.
Ante esta situación, la defensa había reafirmado formalmente que el avance del alzhéimer impide que su representado disponga de las garantías constitucionales mínimas para defenderse en juicio.
La jueza decidirá sobre su posible exclusión del proceso
Con este informe pericial definitivo, la decisión corresponde ahora a la jueza instructora de Barcelona, quien probablemente dictará en los próximos días la exclusión de Enríquez Negreira en la causa por supuesta corrupción deportiva. Esta eventual exclusión, basada en motivos de salud, no implicaría una absolución formal sobre el fondo del caso, sino la suspensión de su responsabilidad penal personal debido a su incapacidad judicial.
Es importante recordar que la Fiscalía mantiene la investigación acerca de los pagos realizados por el FC Barcelona a empresas vinculadas a Enríquez Negreira entre 2001 y 2018, suma que superó los 7,3 millones de euros durante casi dos décadas. El objetivo del proceso judicial es esclarecer si estos pagos tenían la intención de influir o desviar fondos a favor de árbitros para asegurar su «neutralidad» en las decisiones arbitrales, cuestión a la que el principal implicado ya no responderá en sede judicial.
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