Tim Walz, gobernador de Minnesota, denunció este sábado un reciente tiroteo en Minneapolis que, según sus declaraciones, estaría relacionado con la intervención de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este suceso ha vuelto a generar controversia respecto a la presencia de fuerzas federales en la región y ha incrementado la tensión entre autoridades estatales y el Gobierno federal.
Walz expresó a través de redes sociales que se trata de «otro tiroteo atroz» y manifestó su preocupación por lo que considera un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de operaciones migratorias. Señaló que el hecho ocurre apenas dos semanas después de un incidente similar, en el cual una mujer falleció tras recibir disparos durante una intervención federal en la misma ciudad.
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«La población de Minnesota está agotada por esta violencia», afirmó Walz, quien solicitó la suspensión inmediata de las operaciones federales en Minneapolis y la retirada de los agentes asignados. Sus comentarios reflejan el descontento creciente entre las autoridades estatales, que perciben la estrategia migratoria como agresiva y potencialmente peligrosa para la ciudadanía.
El jefe de la Policía de Minneapolis detalló que la víctima del último incidente fue un hombre de 37 años, residente local y propietario legal de armas, sin antecedentes penales relevantes. Esta información ha generado cuestionamientos y ha contribuido a incrementar las críticas sobre la actuación de los agentes involucrados.
En tanto, diversas protestas y manifestaciones ciudadanas se han llevado a cabo en las calles de la ciudad, mostrando rechazo hacia la presencia del ICE y los procedimientos usados en las operaciones. Videos publicados en redes sociales evidencian momentos de tensión en el transcurso de los disturbios, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la veracidad de estas imágenes.
El despliegue federal en Minnesota forma parte de una ofensiva nacional destinada a intensificar las redadas y deportaciones. No obstante, el aumento de incidentes violentos ha abierto un debate político y social sobre los límites de estas prácticas y la importancia de proteger los derechos civiles.
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