La Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) ha revelado en su más reciente informe dirigido a la Audiencia Nacional la estructura de la red liderada por Mustapha Ch.B., considerado el principal responsable de unas galerías subterráneas por las que se introducían hasta dos toneladas de hachís diariamente y que contaba con información privilegiada sobre operaciones policiales.
La investigación sobre los narcotúneles en Ceuta ha puesto de manifiesto una de las organizaciones criminales más complejas y con mayores conexiones en los últimos tiempos. Según el informe, esta red controlaba la entrada de hachís desde Marruecos hacia la península y disponía de un sistema de corrupción que permitía filtrar las investigaciones en curso bajo secreto de sumario.
El documento identifica a Mustapha Ch.B. como la máxima autoridad de la organización, propietario de los dos túneles encontrados y de un tercer proyecto en construcción. A través de estos túneles se movían diariamente entre una y dos toneladas de hachís, imponiendo a otras bandas criminales un peaje por kilo si deseaban emplear sus infraestructuras.
Avisos previos que permitieron actuar con antelación
Un aspecto preocupante del informe es la habilidad de la red para anticipar las operaciones policiales. Grabaciones obtenidas por la UDYCO muestran que Mustapha Ch.B. fue alertado por «terceras personas» antes de que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil interviniera la primera galería, que estaba camuflada en una marmolería en la zona del Tarajal.
«Me han llamado estos días, me han dicho que me tienen en el punto de mira», reconocía el líder de la organización en una de las conversaciones escuchadas. En los audios interceptados, afirmaba haber tenido tiempo suficiente para retirar la droga y cerrar la nave: «Gracias a Dios y a las bendiciones de los padres estaba cerrado. Si lo hubieran encontrado abierto, habría sido un desastre».
Durante esas mismas conversaciones, el capo reconocía la honestidad de ciertos mandos policiales, indicando que el jefe de la UDYCO «no se compra, viene directamente protegido de Madrid».
Propiedades lujosas y sobornos en Marruecos
Las conexiones de la organización traspasaban fronteras. El primer túnel comunicaba con una vivienda ubicada en territorio militar marroquí. Tras la intervención policial, el socio marroquí de la red se refugió bajo la protección de Mustapha Ch.B.
Para asegurar la impunidad de sus miembros en Marruecos, el líder del grupo sobornó a las autoridades locales. El informe recoge conversaciones en las que se confirma que se alquiló una casa con piscina en Cabo Negro destinada al jefe de la brigada marroquí encargada del caso, a quien también se le planeaba entregar una significativa cantidad de dinero en efectivo.
Relación con la Guardia Civil y mensaje de audio particular
La UDYCO también señala la posible implicación de agentes españoles. En el documento se detallan contactos entre el narcotraficante y A.A., un guardia civil retirado detenido tras el descubrimiento del segundo túnel. Ambos coordinaban precios y logística para trasladar mercancías hacia Pontevedra o La Línea de la Concepción, utilizando embarcaciones motoras. El exagente mantenía además vínculos amistosos con el conocido, y en busca y captura, ‘Messi del hachís’.
La sorpresa más relevante fue un audio de WhatsApp captado en enero de 2026. En este mensaje, una persona identificada como «un tal Jose, presunto guardia civil» contactaba con el exagente encarcelado para solicitar información sobre el hijo del «jefe del túnel». Lo llamativo para la UDYCO es que el audio fue enviado meses antes de que se descubriera oficialmente la segunda galería subterránea, lo que evidencia que el entorno de la Guardia Civil ya manejaba datos privilegiados.
Obreros transportados en pateras por 9.000 euros
La red planeaba un tercer narcotúnel para ampliar su estructura. Para la construcción de esta nueva infraestructura, Mustapha Ch.B. requería mano de obra especializada que no dejara rastros legales en Ceuta.
Las escuchas policiales revelaron que se pagó 9.000 euros por cada trabajador para trasladarlos desde localidades como Alcazarquivir hasta Ceuta en pateras de pescadores. Además, el informe indica que en octubre de 2025 la organización abonó hasta 12.000 euros para introducir personas a través de la frontera terrestre, eludiendo todos los controles establecidos.
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