El magistrado José Luis Calama pide apoyo internacional a Washington para proteger los mensajes vinculados al expresidente, mientras la defensa cuestiona la procedencia de un volcado efectuado hace cinco años sin autorización judicial en territorio estadounidense.
Las pesquisas judiciales en España han evolucionado hacia un momento de especial complejidad técnica y diplomática. José Luis Calama, juez del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha remitido con carácter urgente una comisión rogatoria internacional dirigida a las autoridades judiciales de Estados Unidos. La finalidad es clara: obtener la certificación oficial para incorporar al proceso penal español, con vistas a un posible juicio, el volcado total del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, exdirectivo y principal accionista venezolano de la aerolínea Plus Ultra. Dicho dispositivo contiene conversaciones que fundamentan la investigación por presunto tráfico de influencias contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la empresa tras la pandemia.
Esta acción del magistrado Calama se produce en un momento decisivo. La defensa de Rodríguez Zapatero ha respondido solicitando formalmente a las autoridades norteamericanas la documentación detallada (resoluciones judiciales u órdenes administrativas) que justifiquen la incautación del dispositivo. El núcleo del conflicto jurídico no solo reside en el contenido de los mensajes, sino en la legitimidad constitucional con la que una agencia de seguridad estadounidense obtuvo, duplicó y compartió los datos privados con la Policía española, lo que plantea dudas sobre la validez de la principal prueba del caso.
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Procedencia del dispositivo y el volcado en EE. UU.
Para entender el origen del móvil, es necesario remontarse cinco años atrás. El teléfono de Rodolfo Reyes fue inicialmente intervenido en 2021 en el contexto de una amplia investigación transnacional iniciada por agencias federales estadounidenses en 2018. Esta pesquisa perseguía desmantelar redes de delincuencia organizada, lavado de capitales provenientes de Venezuela y posibles tramas corruptas vinculadas con exdirigentes chavistas en Florida y otras zonas de Estados Unidos.
La agencia de seguridad estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) realizó la duplicación del contenido del teléfono en suelo norteamericano. Sin embargo, la controversia se centra en que esta copia se llevó a cabo conforme a las facultades de seguridad nacional y aduaneras de EE. UU., que permiten a ciertas agencias fronterizas examinar y copiar dispositivos tecnológicos en aduanas o durante detenciones específicas sin una orden judicial previa, a diferencia de lo que exige la legislación europea.
«Nuestro pana Zapatero detrás… Delcy, que llame a Ábalos o a Zapatero»
— Mensajes de WhatsApp interceptados en el móvil de Rodolfo Reyes (marzo 2020)
Razones del retraso de cinco años en la entrega a España
El desarrollo de la causa penal muestra un proceso de cooperación policial que avanzó en paralelo a otras decisiones judiciales internacionales. A comienzos de marzo, se reactivó una orden de arresto contra el directivo venezolano dentro de la investigación que instruye la Audiencia Nacional española. Doce días después, el 18 de marzo, EE. UU. informó oficialmente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre la disponibilidad de una copia íntegra y fiable de las comunicaciones del móvil.
El retraso se explica por el hecho de que las autoridades estadounidenses mantuvieron la información bajo reserva mientras se llevaban a cabo procedimientos internos en Miami y Washington relacionados con el lavado de dinero. Cuando la relevancia de ese material excedió el ámbito de la investigación estadounidense y alcanzó el interés de la instrucción española, centrada en el rescate millonario de la SEPI a Plus Ultra, la agencia federal hizo llegar los volcados. La UDEF elaboró dos informes detallados que sirvieron de base para imputar al expresidente socialista.
El conflicto legal: línea de defensa
El punto clave del proceso reside en la validez y legalidad internacional de la prueba obtenida. El abogado que representa a José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito al juzgado reclamando la revisión de cómo se efectuó la extracción en EE. UU. La defensa sostiene que es indispensable verificar si la obtención de los chats de WhatsApp respetó las garantías procesales requeridas o si supuso una vulneración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, protegidos por el artículo 18 de la Constitución Española.
Fuentes jurídicas recuerdan que, si se confirma que la obtención inicial careció de una supervisión judicial equivalente, el tribunal podría aplicar la doctrina del «fruto del árbol envenenado» y anular los informes de la UDEF. Sin embargo, en la jurisprudencia española existen precedentes relevantes en sentido contrario, como el caso conocido como ‘Falciani’. En aquella situación, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional admitieron el uso de listas bancarias sustraídas en el extranjero porque la violación original del secreto bancario fue realizada por un particular sin colaboración previa con la policía del Estado receptor. En este contexto, dado que se trata de una agencia estatal extranjera actuando legítimamente bajo su legislación penal, el juez Calama intenta que la justicia estadounidense respalde formalmente la entrega para preservar la integridad del procedimiento.
Preguntas y respuestas esenciales sobre el litigio jurídico:
- ¿Es admisible en España una prueba obtenida en otro país sin orden judicial? La normativa procesal penal española requiere autorización judicial para intervenir comunicaciones. Sin embargo, por medio de convenios internacionales, si la prueba se obtuvo en un tercer país conforme a su legislación interna (en este caso, las normas de seguridad de EE. UU.) y se formaliza mediante comisión rogatoria, los tribunales españoles suelen aceptarla, salvo que se demuestre una violación evidente de derechos fundamentales absolutos.
Con esta solicitud oficial dirigida a Washington, el procedimiento de Plus Ultra avanza a nivel técnico. La respuesta de la justicia de EE. UU. definirá si los mensajes que relacionan a Zapatero con la presunta intervención en la ayuda financiera a la aerolínea tienen plena validez en los tribunales españoles o si, por el contrario, quedan descartados en la Audiencia Nacional.
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