El Tribunal Supremo ha rechazado provisionalmente dos recursos que intentaban impedir la aplicación de aspectos fundamentales del decreto gubernamental para la regulación de la creación y funcionamiento de universidades, cuyo objetivo es restringir la proliferación de las llamadas universidades chiringuito.
En sendos autos firmados el 27 de enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo resolvió no adoptar medidas cautelares mientras se tramita el fondo de los recursos interpuestos por varias entidades y administraciones autonómicas. Entre los demandantes destaca la Universidad Hespérides, situada en Canarias y que ofrece educación a distancia, junto a cuatro universidades extranjeras con actividad en España: CIS, Schiller, Saint Louis y Francisco Marroquín.
El decreto, aprobado en octubre de 2025, introduce modificaciones en la regulación para la creación y reconocimiento de universidades, con el propósito de controlar la expansión de nuevos centros y títulos sin las garantías adecuadas de calidad. Las medidas principales incluyen limitar el número de nuevos títulos oficiales en función de la oferta existente, exigir una verificación previa para ampliar los programas de estudio y requerir que al menos el 75 % del profesorado de las universidades online resida en España o en la Unión Europea.
Las instituciones demandantes argumentan que estos requerimientos crean obstáculos administrativos excesivos y establecen un trato desfavorable hacia centros de menor tamaño o con origen extranjero. Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que no se ha demostrado un daño grave al interés general que justifique la suspensión cautelar del decreto antes de una resolución definitiva.
Respecto a la Universidad Hespérides, el alto tribunal también le impuso las costas procesales, al estimar que no presentó pruebas suficientes para justificar el impacto negativo alegado. Las solicitudes de las universidades extranjeras tampoco prosperaron, pese a que señalaron dificultades para adaptarse a los nuevos requisitos en el plazo estipulado.
El Ejecutivo defiende esta regulación como una herramienta esencial para mejorar la calidad del sistema universitario español y prevenir prácticas irregulares en la oferta educativa, mientras que el debate sigue abierto entre administraciones, entidades académicas y la comunidad educativa sobre el alcance efectivo de esta norma.
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