La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de un posible delito de malversación de fondos públicos. Esta petición se produce después de la localización de joyas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, que no fueron entregadas al Patrimonio del Estado.
El juez ha recibido una comunicación del fiscal y ha requerido a la Subdirección General de Patrimonio del Estado una copia con el inventario de obsequios institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno entre 2004 y 2011. En dicho inventario no aparecen las joyas encontradas en la caja fuerte del exlíder socialista.
Postura de la defensa de Zapatero y contestación de la Fiscalía
La defensa de Rodríguez Zapatero indica que las joyas constituyen un obsequio del rey saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita oficial a España en 2007. Zapatero manifestó haber solicitado a la Casa Real saudí que confirmara esta versión, sin obtener respuesta, y solicitó al juez que enviara una comisión rogatoria a Arabia Saudí, petición que la Fiscalía ha rechazado.
En un documento, la fiscal Elena Lorente señala la ausencia de documentación que avale la versión presentada por Zapatero y advierte que el juzgado no debería aceptar dicha versión sin pruebas adicionales. Además, la Fiscalía señala que los bienes recibidos por Zapatero durante su mandato fueron cedidos al Patrimonio del Estado, y que las joyas no constan en el acta de entrega de bienes fechada el 1 de marzo de 2012.
Consecuencias legales y análisis de la Fiscalía
La Fiscalía determina que, si fuera verdad la versión de Zapatero, el origen de las joyas podría suponer un delito de malversación de fondos públicos. La fiscal Lorente destaca que, aunque está permitida la aceptación de regalos de bajo valor, el valor monetario elevado de las joyas impide calificarlas como tales.
Anticorrupción expone que, tomando como base la defensa de Zapatero, podría imputarse al expresidente un acto de apropiación indebida de caudal público, lo que constituiría un delito de malversación penado con prisión e inhabilitación. Las joyas, al ser recibidas en Moncloa, pasaron a formar parte del caudal público, del cual Zapatero presuntamente se apoderó con intención de lucro tras su mandato.
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