La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado la absolución previa dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura y ha condenado por homicidio imprudente a un agente policial responsable de la muerte accidental de un preso. El tribunal considera que, pese a no existir intención homicida, el agente cometió una «imprudencia grave» al no seguir los protocolos de seguridad en el manejo de su arma reglamentaria.
El fallo: una negligencia letal en seguridad
Los hechos ocurrieron en el transcurso de una persecución para detener a un recluso que se había escapado. Según la descripción de los sucesos, el policía perseguía al prófugo con el arma desenfundada y desbloqueada. En un instante, el agente tropezó, provocando que el arma se disparara de forma involuntaria, alcanzando fatalmente al preso.
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El Tribunal Supremo basa su fallo en varios aspectos fundamentales:
- Uso inapropiado del arma: El tribunal concluye que no era adecuado ni necesario correr con el arma en posición de disparo durante esa fase de la persecución.
- Incumplimiento de los protocolos de seguridad: Se destaca que la regulación policial obliga a extremar las precauciones con el seguro del arma para impedir accidentes como el ocurrido tras la caída.
- Revocación de la absolución previa: El Supremo corrige al TSJ de Extremadura al considerar que la muerte no fue un accidente fortuito sino resultado directo de una falta de la diligencia profesional requerida.
Las consecuencias de la falta de prudencia profesional
La sentencia determina que la conducta del agente sobrepasó el margen del riesgo tolerable. Aunque se reconoce que el disparo se produjo por un tropiezo y no por voluntad deliberada, la justicia española recuerda que los miembros de las fuerzas de seguridad tienen un deber de cuidado elevado al manipular equipos potencialmente peligrosos.
Con este pronunciamiento, el Tribunal Supremo establece un precedente sobre el manejo de armas de fuego en situaciones de tensión o persecución, reafirmando que cualquier negligencia en la activación del seguro puede conllevar responsabilidad penal si genera víctimas.
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