Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un operativo en Mallorca para inspeccionar varias propiedades de alto valor vinculadas a Nikolai Kolesov, fabricante ruso de armamento y persona cercana al presidente Vladímir Putin. La acción, coordinada por la Comisaría General de Información y bajo secreto de sumario, busca verificar si el empresario utilizó a sus familiares para evadir las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania.
Un entramado de lujo para eludir las sanciones europeas
La pesquisa indica que Kolesov, director general de Russian Helicopters —principal proveedor de aeronaves para las fuerzas armadas rusas— registró cinco residencias a nombre de sus hijos menores y de su hermana, que tiene 72 años. Este esquema familiar y societario habría sido diseñado exclusivamente para proteger sus activos frente al embargo impuesto por la Unión Europea.
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En 2024, Kolesov fue incluido en la lista de sancionados de la Comisión Europea por su papel esencial en el complejo militar-industrial ruso. Sus compañías proveen equipamiento clave utilizado actualmente por el ejército ruso en la línea de combate.
Propiedades valoradas en 18 millones de euros
El patrimonio sujeto a investigación en Mallorca destaca tanto por su valor como por los titulares registrados. Entre los inmuebles señalados por la Fundación Anticorrupción y las autoridades policiales se encuentran:
- La villa de Calvià: Un chalet de 1.200 metros cuadrados con piscina y vistas al mar. Inicialmente adquirida por una empresa vinculada a Kolesov, fue transferida en 2022 a su hija, que entonces tenía solamente cuatro años.
- El complejo de la loma: Conjunto de tres viviendas anexas valorado en aproximadamente 10 millones de euros. El propietario formal es el hijo menor del empresario, inscrito desde la edad de cuatro años.
- La residencia de la hermana: Casa de 500 metros cuadrados valorada en 3 millones de euros, adquirida a nombre de la hermana del magnate.
El inicio de la investigación
La operación actual surge tras una denuncia presentada el año pasado por una organización opositora rusa vinculada a Alexey Navalny. Dicha agrupación pidió a las autoridades españolas que clarifiquen la «titularidad real» de estos bienes, alegando que los fondos provienen directamente del sector armamentístico ruso.
Con estos registros, el sistema judicial español busca recopilar documentos que posibiliten el bloqueo definitivo de estos activos, en línea con las medidas establecidas por la Unión Europea contra empresarios que respaldan la maquinaria bélica del Kremlin.
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