El Grupo Popular ha elevado la tensión institucional calificando al entorno socialista como una «organización criminal» y reprochando a Teresa Peramato su papel como «defensora del sanchismo».
MADRID. — Este viernes, el Partido Popular ha lanzado una ofensiva parlamentaria contundente contra la dirección del Ministerio Fiscal. Durante la comparecencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ante la comisión de Justicia del Senado, los portavoces conservadores criticaron la gestión del organismo, acusándolo de perder su imparcialidad y actuar como «abogada defensora del sanchismo».
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La sesión alcanzó su punto más álgido cuando los representantes del PP afirmaron que la Fiscalía, en lugar de perseguir los delitos como establece la Constitución, ha optado por «abrir sus puertas ampliamente a las cloacas del PSOE, a una organización criminal, supuestamente». Según la argumentación del PP en el Senado, estas cloacas habrían sido «creadas y financiadas por el PSOE para atacar a jueces, fiscales y policías» que investigan al Gobierno.
El ‘caso Ayuso’ protagoniza el debate
Más allá de las críticas generales, el foco principal de controversia fue la defensa que Peramato hizo de su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos en relación con la filtración de datos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Para el PP, el respaldo de la actual fiscal general a su predecesor confirma la «completa dependencia» de la institución respecto a los intereses políticos del Palacio de la Moncloa. Los populares reprocharon que el Ministerio Público se esté utilizando como herramienta para realizar contraataques políticos y desgastar a los líderes de la oposición.
Respuesta institucional
Fuentes parlamentarias señalaron que este enfrentamiento refleja la profunda división en las relaciones institucionales y la constante estrategia de vigilancia del PP sobre la Justicia. Durante la sesión, se defendió la autonomía del Ministerio Fiscal y el respeto al principio de legalidad que guía todas sus actuaciones, rechazando las acusaciones de parcialidad y respaldando el trabajo de la carrera fiscal frente a lo que consideran una campaña de deslegitimación impulsada por la oposición.
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