Un informe preliminar elaborado por la Guardia Civil indica que la empresa Masterman no contaba con los recursos necesarios para ofrecer los servicios de consultoría por los cuales recibió pagos del grupo Quirón en 2021.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expresado reservas sobre la legitimidad de los servicios realizados por una de las sociedades propiedad de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un documento preliminar de 32 páginas, fechado el 19 de diciembre de 2025 pero divulgado recientemente, los agentes destacan que Masterman SL carecía del personal y los medios materiales imprescindibles para justificar su actividad consultora con el grupo sanitario privado Quirónsalud.
Contexto de la investigación
Dicho informe forma parte de una investigación judicial donde González Amador enfrenta también cargos por presunto fraude fiscal. En esta línea, se examina un presunto soborno de 500.000 euros realizado a un alto dirigente de Quirón, Fernando Camino.
La Fiscalía sospecha que esta suma habría servido como compensación por la intermediación de González Amador en una importante transacción de mascarillas llevada a cabo meses antes, en la que intervinieron diversos actores del ámbito sanitario y empresarial.
Hallazgos de la UCO
Las pesquisas policiales se concentran en la estructura y modificaciones societarias de Masterman SL:
- Antecedentes: La compañía, antes conocida como CirculoBelleza SL, dedicaba su actividad a la venta de productos cosméticos y de perfumería, con una plantilla muy reducida.
- Cambio de control: En diciembre de 2020, González Amador asumió la administración única de la empresa tras una compra valorada en aproximadamente 500.000 euros, pese a que la compañía mostraba unos ingresos limitados, oscilando entre 31.000 y 59.000 euros anuales.
- Recursos insuficientes: El análisis indica que, en el momento en que se firmó el contrato con Quirón, la sociedad no contaba con la capacidad operativa ni el personal requerido para justificar los servicios de asesoría que alegaba prestar.
La UCO subraya que la finalidad del estudio es determinar si las ganancias derivadas de estas actividades han sido ocultadas o transformadas para disfrazar su probable origen ilícito. El juez a cargo del expediente ha autorizado la investigación de las cuentas bancarias implicadas, mientras el proceso continúa adelante en los tribunales madrileños.
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