La propuesta del Gobierno para integrar a Ceuta y Melilla en Schengen y la Unión Aduanera se fundamenta en un documento elaborado por el exeurodiputado Jordi Cañas. No obstante, las cuestiones jurídicas indican que el ‘atajo’ para obtener el estatus de RUP solo es válido para territorios de ultramar.
Una iniciativa con cuatro años de evolución
El proyecto presentado el 3 de septiembre por el presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso para reforzar la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Europea sigue las pautas de un informe técnico titulado «Ceuta y Melilla: + España + Europa».
Dicho documento, con 124 páginas, fue presentado en el Parlamento Europeo el 1 de junio de 2022 por el entonces eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas —desarrollado tras la crisis migratoria de mayo de 2021— y ya proponía los tres pilares que ahora plantea el Gobierno:
- Integración en la Unión Aduanera (TAU): Eliminar la condición de «terceros Estados» para fines comerciales y unificar el sistema arancelario sin renunciar al IPSI.
- Incorporación al espacio Schengen: Eliminar los controles documentales en los viajes hacia la Península, además de constituir una medida para dificultar el contrabando.
- Estatuto de Región Ultraperiférica (RUP) o equivalente: Acceder a fondos europeos específicos y programas de cohesión.
El obstáculo legal: el ‘atajo’ reservado a territorios ultramarinos
Aunque las metas coinciden, la diferencia principal se encuentra en la factibilidad jurídica que señala la «letra pequeña» del informe.
Mientras que el procedimiento simplificado del artículo 355.6 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) permite un cambio rápido de estatus —como se hizo en 2011 con Mayotte por Francia—, el informe puntualiza que este método está reservado exclusivamente para territorios designados como «ultramar», una categoría que no abarca a Ceuta ni Melilla, ya que son territorios integrales de un Estado miembro.
Por ello, si no se emplea esta vía simplificada, la incorporación de ambas ciudades debería pasar por la revisión ordinaria de los Tratados europeos, un proceso complejo que requiere unanimidad y la ratificación de los Veintisiete. Esta dificultad legal llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a aclarar que el Ejecutivo da prioridad al contenido sobre la denominación, abriendo la posibilidad de negociar un estatus similar al de las RUP sin necesidad de modificar los Tratados.
Una estrategia para fortalecer la protección europea
Más allá del debate formal sobre su clasificación, el documento de 2022 que ahora adopta el Gobierno sostiene que una integración institucional más profunda en Bruselas aumentará la implicación de la Unión Europea en la protección política, económica y fronteriza de las ciudades autónomas, superando la relación bilateral entre España y Marruecos.
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Una iniciativa con cuatro años de evolución
El proyecto presentado el 3 de septiembre por el presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso para reforzar la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Europea sigue las pautas de un informe técnico titulado «Ceuta y Melilla: + España + Europa».
Dicho documento, con 124 páginas, fue presentado en el Parlamento Europeo el 1 de junio de 2022 por el entonces eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas —desarrollado tras la crisis migratoria de mayo de 2021— y ya proponía los tres pilares que ahora plantea el Gobierno:
- Integración en la Unión Aduanera (TAU): Eliminar la condición de «terceros Estados» para fines comerciales y unificar el sistema arancelario sin renunciar al IPSI.
- Incorporación al espacio Schengen: Eliminar los controles documentales en los viajes hacia la Península, además de constituir una medida para dificultar el contrabando.
- Estatuto de Región Ultraperiférica (RUP) o equivalente: Acceder a fondos europeos específicos y programas de cohesión.
El obstáculo legal: el ‘atajo’ reservado a territorios ultramarinos
Aunque las metas coinciden, la diferencia principal se encuentra en la factibilidad jurídica que señala la «letra pequeña» del informe.
Mientras que el procedimiento simplificado del artículo 355.6 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) permite un cambio rápido de estatus —como se hizo en 2011 con Mayotte por Francia—, el informe puntualiza que este método está reservado exclusivamente para territorios designados como «ultramar», una categoría que no abarca a Ceuta ni Melilla, ya que son territorios integrales de un Estado miembro.
Por ello, si no se emplea esta vía simplificada, la incorporación de ambas ciudades debería pasar por la revisión ordinaria de los Tratados europeos, un proceso complejo que requiere unanimidad y la ratificación de los Veintisiete. Esta dificultad legal llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a aclarar que el Ejecutivo da prioridad al contenido sobre la denominación, abriendo la posibilidad de negociar un estatus similar al de las RUP sin necesidad de modificar los Tratados.
Una estrategia para fortalecer la protección europea
Más allá del debate formal sobre su clasificación, el documento de 2022 que ahora adopta el Gobierno sostiene que una integración institucional más profunda en Bruselas aumentará la implicación de la Unión Europea en la protección política, económica y fronteriza de las ciudades autónomas, superando la relación bilateral entre España y Marruecos.
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La propuesta del Gobierno para integrar a Ceuta y Melilla en Schengen y la Unión Aduanera se fundamenta en un documento elaborado por el exeurodiputado Jordi Cañas. No obstante, las cuestiones jurídicas indican que el ‘atajo’ para obtener el estatus de RUP solo es válido para territorios de ultramar.
Una iniciativa con cuatro años de evolución
El proyecto presentado el 3 de septiembre por el presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso para reforzar la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Europea sigue las pautas de un informe técnico titulado «Ceuta y Melilla: + España + Europa».
Dicho documento, con 124 páginas, fue presentado en el Parlamento Europeo el 1 de junio de 2022 por el entonces eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas —desarrollado tras la crisis migratoria de mayo de 2021— y ya proponía los tres pilares que ahora plantea el Gobierno:
- Integración en la Unión Aduanera (TAU): Eliminar la condición de «terceros Estados» para fines comerciales y unificar el sistema arancelario sin renunciar al IPSI.
- Incorporación al espacio Schengen: Eliminar los controles documentales en los viajes hacia la Península, además de constituir una medida para dificultar el contrabando.
- Estatuto de Región Ultraperiférica (RUP) o equivalente: Acceder a fondos europeos específicos y programas de cohesión.
El obstáculo legal: el ‘atajo’ reservado a territorios ultramarinos
Aunque las metas coinciden, la diferencia principal se encuentra en la factibilidad jurídica que señala la «letra pequeña» del informe.
Mientras que el procedimiento simplificado del artículo 355.6 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) permite un cambio rápido de estatus —como se hizo en 2011 con Mayotte por Francia—, el informe puntualiza que este método está reservado exclusivamente para territorios designados como «ultramar», una categoría que no abarca a Ceuta ni Melilla, ya que son territorios integrales de un Estado miembro.
Por ello, si no se emplea esta vía simplificada, la incorporación de ambas ciudades debería pasar por la revisión ordinaria de los Tratados europeos, un proceso complejo que requiere unanimidad y la ratificación de los Veintisiete. Esta dificultad legal llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a aclarar que el Ejecutivo da prioridad al contenido sobre la denominación, abriendo la posibilidad de negociar un estatus similar al de las RUP sin necesidad de modificar los Tratados.
Una estrategia para fortalecer la protección europea
Más allá del debate formal sobre su clasificación, el documento de 2022 que ahora adopta el Gobierno sostiene que una integración institucional más profunda en Bruselas aumentará la implicación de la Unión Europea en la protección política, económica y fronteriza de las ciudades autónomas, superando la relación bilateral entre España y Marruecos.
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Una iniciativa con cuatro años de evolución
El proyecto presentado el 3 de septiembre por el presidente Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso para reforzar la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Europea sigue las pautas de un informe técnico titulado «Ceuta y Melilla: + España + Europa».
Dicho documento, con 124 páginas, fue presentado en el Parlamento Europeo el 1 de junio de 2022 por el entonces eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas —desarrollado tras la crisis migratoria de mayo de 2021— y ya proponía los tres pilares que ahora plantea el Gobierno:
- Integración en la Unión Aduanera (TAU): Eliminar la condición de «terceros Estados» para fines comerciales y unificar el sistema arancelario sin renunciar al IPSI.
- Incorporación al espacio Schengen: Eliminar los controles documentales en los viajes hacia la Península, además de constituir una medida para dificultar el contrabando.
- Estatuto de Región Ultraperiférica (RUP) o equivalente: Acceder a fondos europeos específicos y programas de cohesión.
El obstáculo legal: el ‘atajo’ reservado a territorios ultramarinos
Aunque las metas coinciden, la diferencia principal se encuentra en la factibilidad jurídica que señala la «letra pequeña» del informe.
Mientras que el procedimiento simplificado del artículo 355.6 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) permite un cambio rápido de estatus —como se hizo en 2011 con Mayotte por Francia—, el informe puntualiza que este método está reservado exclusivamente para territorios designados como «ultramar», una categoría que no abarca a Ceuta ni Melilla, ya que son territorios integrales de un Estado miembro.
Por ello, si no se emplea esta vía simplificada, la incorporación de ambas ciudades debería pasar por la revisión ordinaria de los Tratados europeos, un proceso complejo que requiere unanimidad y la ratificación de los Veintisiete. Esta dificultad legal llevó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a aclarar que el Ejecutivo da prioridad al contenido sobre la denominación, abriendo la posibilidad de negociar un estatus similar al de las RUP sin necesidad de modificar los Tratados.
Una estrategia para fortalecer la protección europea
Más allá del debate formal sobre su clasificación, el documento de 2022 que ahora adopta el Gobierno sostiene que una integración institucional más profunda en Bruselas aumentará la implicación de la Unión Europea en la protección política, económica y fronteriza de las ciudades autónomas, superando la relación bilateral entre España y Marruecos.
