La Audiencia Nacional ha retomado las sesiones con las declaraciones de los agentes que participaron en la incautación del material sensible que dio origen a la macrocausa Tándem.
MADRID – El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la operación Kitchen, el supuesto operativo parapolicial ideado para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, centra este martes su atención en los registros realizados en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo. Esta sesión resulta fundamental, ya que los documentos y objetos incautados durante estos registros forman la base documental no solo de esta pieza, sino de toda la estructura del caso Tándem.
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Testigos principales y línea de defensa
En la quinta semana del juicio, la atención se dirige hacia la legalidad de las pruebas presentadas. Se han convocado a varios agentes de la Policía Nacional implicados en los registros de noviembre de 2017 realizados en las viviendas y la oficina de Villarejo en la Torre Picasso. Fue en estos lugares donde se encontraron las agendas y grabaciones que detallan la presunta trama para obtener información comprometedora para el Partido Popular.
La defensa de Villarejo, encabezada por el abogado Antonio García Cabrera, intenta anular estas pruebas. Sus principales argumentos son:
- Cuestionamiento del manejo de la prueba: La defensa alega que se cometieron irregularidades en la custodia de los dispositivos y documentos incautados.
- Impugnación de los registros: Se sostiene que las entradas en los domicilios habrían vulnerado derechos fundamentales, lo cual podría invalidar parte de la evidencia.
Otros acusados presentes en la sesión
Este día también está dedicado a otros imputados relevantes, como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Además, la defensa de Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas y presunto confidente, se ha adherido a la petición de estas declaraciones, dado que en 2020 su domicilio también fue registrado en el curso de la instrucción del caso.
Con estas declaraciones, el tribunal busca verificar si el inicio de la investigación se llevó a cabo conforme a las garantías legales o si, como sostienen los acusados, existieron fallos procedimentales que podrían afectar el resultado final del juicio.
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