El magistrado ha requerido al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que se abstenga en la instrucción al estar investigando los mismos hechos con una tipificación penal correspondiente a delitos contra las instituciones del Estado. Por otro lado, el exjuez Manuel García Castellón ha solicitado su personación en la causa tras conocerse seguimientos y posibles ofertas económicas en su contra.
MADRID, 3 de junio de 2026 — Santiago Pedraz, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha pedido formalmente al juez de instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que se inhiba a favor de su juzgado respecto a la investigación abierta hace un año contra la exmiembro del PSOE, Leire Díez. La causa indaga en una supuesta red de maniobras y acoso dirigidas contra jueces, fiscales y altos mandos de la Guardia Civil.
Fuentes jurídicas han indicado que Pedraz sustenta su petición en que la competencia para investigar estos hechos corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional. La investigación comenzó centrada en presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias —por los que Zamarriego abrió diligencias en verano de 2025 contra Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol—, pero ahora incorpora un delito contra las instituciones del Estado, que otorga jurisdicción preferente a la Audiencia Nacional.
Extensión de la investigación y vínculo con Ferraz
Esta solicitud de inhibición surge una semana después de que Pedraz emitiera una resolución en la que amplió considerablemente el alcance del caso. En ella, incluyó como investigados a siete personas destacadas en política, entre ellas Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE; Gaspar Zarrías, exconsejero andaluz; y Ana María Fuentes, de la gestora socialista.
Estos se suman a los inicialmente implicados, como Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. La instrucción considera que existe una red organizada con la presunta finalidad de paralizar y neutralizar procesos judiciales que afectan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y su círculo familiar cercano.
La semana pasada, Pedraz autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que accediera a la sede del PSOE en la calle Ferraz con el fin de recopilar documentos relacionados con los presuntos pagos a Leire Díez a cambio de su implicación en supuestas interferencias judiciales.
La variedad de delitos imputados en la causa es amplia. Se investiga la posible comisión de delitos como organización criminal, múltiples casos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsificación de documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y el delito contra las instituciones del Estado mencionado anteriormente.
García Castellón se incorpora como afectado directo
El desarrollo del caso ha generado una respuesta inmediata dentro del ámbito judicial. El magistrado jubilado Manuel García Castellón presentó ante el juzgado de Pedraz un escrito solicitando poder intervenir en calidad de perjudicado para ejercer la acusación particular.
García Castellón señala en su escrito que la resolución de Pedraz expone claramente que el empresario Javier Pérez Dolset, vinculado a la trama por intereses propios, participó en estas maniobras. Pérez Dolset ya había sido investigado en otras piezas relacionadas con el ‘caso Villarejo’, que García Castellón instruyó antes de su jubilación.
Los indicios recabados revelan que Pérez Dolset habría colaborado con otros investigados relevantes, entre ellos el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez —actualmente acusado en la ‘pieza Kitchen’—, con el fin de obtener «información confidencial, secreta o comprometedora» para presionar o chantajear al juez de la Audiencia Nacional.
Además, la solicitud incluye la declaración como testigo del ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, quien relató que en una reunión del 7 de mayo de 2025, con la participación de Leire Díez y Pérez Dolset, se abordaron posibles ofrecimientos económicos para García Castellón y se planificó una estrategia coordinada para desacreditar su labor judicial.
Para el magistrado jubilado, los detalles del encuentro constituyen un ejemplo claro de cómo se utilizaba a un juez penal en activo como blanco para obtener información sensible y aplicar presiones corporativas, dentro de una estrategia más amplia destinada a influir en procedimientos judiciales de gran relevancia política.
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