VALÈNCIA. – La Sección Civil y Penal de la Audiencia Provincial de Valencia ha dado la razón en el recurso de apelación presentado por el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y ha autorizado su personación en la causa que analiza la gestión de la DANA. Esta decisión, unánime por parte de los seis magistrados y respaldada también por la Fiscalía, revoca la resolución anterior emitida por la jueza instructora el 31 de marzo, que le había negado esta posibilidad.
El fallo se fundamenta en los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Los magistrados sostienen que, dado que Mazón conserva su estatus de aforado gracias a su cargo como diputado autonómico del PP en las Cortes Valencianas, impedirle personarse implicaría privarle de «tener conocimiento de la actuación judicial de investigación que le afecta».
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El seguimiento de los mensajes borrados, factor clave en la resolución
La Audiencia justifica su corrección a la actuación de la instructora debido a las diligencias que se encuentran en curso. Señala que se han acordado investigaciones que todavía no han arrojado resultados con capacidad para brindar información que pudiera implicar a Mazón en el futuro.
Dichas investigaciones están centradas en la extracción informática y recuperación de mensajes de texto que el expresident intercambió con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. La instructora ordenó la búsqueda en el teléfono del asesor después de que este reiniciara el dispositivo antes de entregarlo a la Generalitat.
La Audiencia indica que, en caso de recuperar esos chats, podrían aportar elementos decisivos sobre:
- La posible «participación directa» de Mazón, ya sea de forma personal o mediante sus subordinados, en la emisión de la alerta masiva ES-Alert.
- Las causas que provocaron el retraso en la difusión de esta notificación de emergencia a la ciudadanía.
No obstante, el tribunal puntualiza que esta resolución se limita exclusivamente a resguardar el derecho a la defensa del aforado y que no debe interpretarse como un juicio definitivo sobre su posible responsabilidad penal.
La defensa de Mazón planea impugnar algunos aspectos de la investigación
Después de oficializarse la resolución, Ignacio Gally, abogado del expresident, señaló que su personación les facultará para revisar con minuciosidad técnica todas las actuaciones practicadas hasta ahora. Recalcó que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya ha rechazado la existencia de responsabilidad penal en decisiones anteriores y que no se ha detectado indicio alguno contra su representado.
Gally advirtió que, tras analizar detalladamente el expediente, valorarán solicitar la impugnación de las diligencias que estimen han «sobrepasado los límites» de la instrucción o que pudieran haber vulnerado derechos fundamentales del exjefe del Consell, comprometiéndose a actuar con «máxima firmeza», pero siempre conservando una «plena lealtad procesal».
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