Varias Audiencias Provinciales están flexibilizando la estricta exigencia de demostrar un intento previo de acuerdo extrajudicial, evitando que este requisito impida el acceso a la tutela judicial.
MADRID – El complejo marco legal que afecta a los procesos de desahucio en España muestra señales de alivio gracias a recientes decisiones judiciales. Diversas Audiencias Provinciales han comenzado a relajar las rigurosas condiciones impuestas a particulares y empresas para iniciar demandas de desalojo. Los jueces actúan atendiendo a la realidad del mercado inmobiliario, donde los propietarios enfrentan grandes dificultades –en muchos casos imposibilidad práctica– para negociar con ocupantes ilegales.
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Este cambio en la interpretación judicial representa un respiro para los propietarios, quienes hasta ahora veían prolongados indefinidamente los tiempos para recuperar sus viviendas debido a las trabas normativas.
El origen del bloqueo: la obligación legal de intentar negociar
La situación se origina con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que estableció como obligatorio el uso previo de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), como la mediación, conciliación o negociación directa, para tratar de alcanzar un acuerdo amistoso antes de acudir a la vía judicial.
Con esta regulación, si un propietario presentaba una demanda sin acreditar un intento efectivo de negociación con los ocupantes ilegales, los tribunales podían rechazarla directamente. En la práctica, esta exigencia prolongaba la tramitación de desahucios hasta un promedio de 14 meses, pudiendo extenderse hasta tres años si se interponían recursos.
El cambio doctrinal: prevalece el sentido común en las salas
Recientemente, varias Audiencias Provinciales han adoptado una postura más flexible, reconociendo que exigir una negociación genuina con quienes ocupan un inmueble ilícitamente es inviable y afecta al derecho constitucional de acceso a la justicia.
Los magistrados explican que, aunque la ley persigue descargar la carga judicial promoviendo acuerdos extrajudiciales, esta obligación no debe convertirse en una barrera infranqueable para el propietario cuando la parte ocupante rehúsa identificarse, responder a notificaciones o dialogar. Así, se permite que las demandas de desahucio sigan adelante aun con evidencia limitada o inexistente del intento previo de contacto.
Distribución judicial con posiciones variadas
Aunque estos avances judiciales representan un esfuerzo para agilizar los procesos, la seguridad jurídica de los propietarios todavía varía según la zona geográfica:
- Áreas con criterios flexibles: Algunas Audiencias Provinciales permiten admitir la demanda considerando la situación de indefensión del propietario.
- Áreas con criterios rígidos: En otras regiones, se mantiene una postura estricta que exige demostrar el desplazamiento físico al inmueble y el envío formal de notificaciones para evitar el rechazo de la demanda.
Esta variabilidad territorial mantendrá activo el debate jurídico hasta que el Tribunal Supremo establezca una doctrina homogénea. Sin embargo, las recientes decisiones constituyen un precedente importante que devuelve a los propietarios la posibilidad de acceder a la vía judicial sin quedar atrapados en procesos mediadores infructuosos con los ocupantes ilegales.
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