El magistrado Santiago Pedraz investiga si la dirección del partido financió una trama destinada a desestabilizar procesos judiciales vinculados al Gobierno.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado para declarar como investigados el próximo 9 de septiembre a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y al abogado Ismael Oliver, vinculado a la formación y exdefensor de Koldo García.
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Esta resolución forma parte del llamado ‘caso Leire’, un proceso penal que examina la posible existencia de una red diseñada para influir y desestabilizar procedimientos judiciales que podrían perjudicar al PSOE o al Gobierno central.
El PSOE como presunto origen de los fondos de la trama
De acuerdo con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados al caso, hay indicios consistentes de que la financiación de esta red criminal procedía de los recursos del partido:
- Fuente común de financiación: Los investigadores sostienen que los fondos para cubrir las necesidades logísticas, de personal y los gastos habituales del grupo —presuntamente encabezado por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez— tenían un origen común: el PSOE.
- Empleo de empresas pantalla: La UCO sospecha que se utilizó una estructura de empresas interpuestas y facturas falsas para ocultar el origen del dinero.
Las sospechas sobre los nuevos investigados
La resolución del juez Pedraz describe el rol que habrían desempeñado tanto el abogado como la gerente de finanzas del partido en la gestión de los pagos:
Ismael Oliver (Abogado y administrador de Oliver Gruppe): El magistrado sospecha que actuó como un «vehículo» financiero dentro de la trama. Se investiga una transferencia de 27.225 euros que Leire Díez presuntamente recibió de forma irregular a través de una de las empresas vinculadas a este abogado.
Ana María Fuentes (Gerente del PSOE): Está siendo investigada por posible complicidad o coautoría en un delito de falsificación en documento mercantil. El juez le atribuye la emisión de «notas de encargo falsas» supuestamente destinadas a justificar y encubrir los pagos realizados por el PSOE a los abogados implicados en el caso, incluidos Oliver y Jacobo Teijelo.
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