El Gobierno central ha reconocido la expulsión de 307 individuos en Ceuta tras la crisis migratoria que comenzó el 30 de julio. No obstante, el Ejecutivo puntualiza que estas repatriaciones se realizaron por la comisión de delitos y no por procedimientos relacionados con la entrada no autorizada en la ciudad autónoma.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde el inicio de la crisis en el espigón de El Tarajal se han llevado a cabo 307 expulsiones. Fuentes gubernamentales explicaron que estas medidas coercitivas no resultan de expedientes por cruces irregulares de frontera, sino por la comisión de infracciones y delitos. Además, aclararon que no se puede precisar si las personas expulsadas ingresaron durante el flujo masivo o si ya estaban en la ciudad autónoma con anterioridad.
Según los datos oficiales del Ejecutivo, cerca de 10.000 personas permanecen en Ceuta distribuidas en áreas habilitadas, calles y playas, luego de que 5.482 personas regresaran voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.
En cuanto a la situación de la infancia, la cantidad de menores registrados asciende a 1.612, que se suman a casi 400 menores bajo tutela de la ciudad autónoma anteriormente. El ministro Torres indicó la dificultad para determinar cuántos niños continúan sin registro en espacios públicos, estimando entre 700 y 1.000 adicionales según la distribución de alimentos en la zona, lo que llevaría el total a alrededor de 3.000.
Respecto a la gestión de los expedientes, Torres afirmó que la mayoría de adultos no recibirán protección bajo el derecho internacional y serán devueltos. Para agilizar la primera evaluación relacionada con identificación, salud y vulnerabilidad, se ha reforzado el operativo con aproximadamente 100 agentes de la Policía Nacional, habiéndose realizado hasta ahora 1.822 valoraciones a mayores de edad.
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde el inicio de la crisis en el espigón de El Tarajal se han llevado a cabo 307 expulsiones. Fuentes gubernamentales explicaron que estas medidas coercitivas no resultan de expedientes por cruces irregulares de frontera, sino por la comisión de infracciones y delitos. Además, aclararon que no se puede precisar si las personas expulsadas ingresaron durante el flujo masivo o si ya estaban en la ciudad autónoma con anterioridad.
Según los datos oficiales del Ejecutivo, cerca de 10.000 personas permanecen en Ceuta distribuidas en áreas habilitadas, calles y playas, luego de que 5.482 personas regresaran voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.
En cuanto a la situación de la infancia, la cantidad de menores registrados asciende a 1.612, que se suman a casi 400 menores bajo tutela de la ciudad autónoma anteriormente. El ministro Torres indicó la dificultad para determinar cuántos niños continúan sin registro en espacios públicos, estimando entre 700 y 1.000 adicionales según la distribución de alimentos en la zona, lo que llevaría el total a alrededor de 3.000.
Respecto a la gestión de los expedientes, Torres afirmó que la mayoría de adultos no recibirán protección bajo el derecho internacional y serán devueltos. Para agilizar la primera evaluación relacionada con identificación, salud y vulnerabilidad, se ha reforzado el operativo con aproximadamente 100 agentes de la Policía Nacional, habiéndose realizado hasta ahora 1.822 valoraciones a mayores de edad.
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde el inicio de la crisis en el espigón de El Tarajal se han llevado a cabo 307 expulsiones. Fuentes gubernamentales explicaron que estas medidas coercitivas no resultan de expedientes por cruces irregulares de frontera, sino por la comisión de infracciones y delitos. Además, aclararon que no se puede precisar si las personas expulsadas ingresaron durante el flujo masivo o si ya estaban en la ciudad autónoma con anterioridad.
Según los datos oficiales del Ejecutivo, cerca de 10.000 personas permanecen en Ceuta distribuidas en áreas habilitadas, calles y playas, luego de que 5.482 personas regresaran voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.
En cuanto a la situación de la infancia, la cantidad de menores registrados asciende a 1.612, que se suman a casi 400 menores bajo tutela de la ciudad autónoma anteriormente. El ministro Torres indicó la dificultad para determinar cuántos niños continúan sin registro en espacios públicos, estimando entre 700 y 1.000 adicionales según la distribución de alimentos en la zona, lo que llevaría el total a alrededor de 3.000.
Respecto a la gestión de los expedientes, Torres afirmó que la mayoría de adultos no recibirán protección bajo el derecho internacional y serán devueltos. Para agilizar la primera evaluación relacionada con identificación, salud y vulnerabilidad, se ha reforzado el operativo con aproximadamente 100 agentes de la Policía Nacional, habiéndose realizado hasta ahora 1.822 valoraciones a mayores de edad.
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El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que desde el inicio de la crisis en el espigón de El Tarajal se han llevado a cabo 307 expulsiones. Fuentes gubernamentales explicaron que estas medidas coercitivas no resultan de expedientes por cruces irregulares de frontera, sino por la comisión de infracciones y delitos. Además, aclararon que no se puede precisar si las personas expulsadas ingresaron durante el flujo masivo o si ya estaban en la ciudad autónoma con anterioridad.
Según los datos oficiales del Ejecutivo, cerca de 10.000 personas permanecen en Ceuta distribuidas en áreas habilitadas, calles y playas, luego de que 5.482 personas regresaran voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.
En cuanto a la situación de la infancia, la cantidad de menores registrados asciende a 1.612, que se suman a casi 400 menores bajo tutela de la ciudad autónoma anteriormente. El ministro Torres indicó la dificultad para determinar cuántos niños continúan sin registro en espacios públicos, estimando entre 700 y 1.000 adicionales según la distribución de alimentos en la zona, lo que llevaría el total a alrededor de 3.000.
Respecto a la gestión de los expedientes, Torres afirmó que la mayoría de adultos no recibirán protección bajo el derecho internacional y serán devueltos. Para agilizar la primera evaluación relacionada con identificación, salud y vulnerabilidad, se ha reforzado el operativo con aproximadamente 100 agentes de la Policía Nacional, habiéndose realizado hasta ahora 1.822 valoraciones a mayores de edad.
