MADRID — El Ejecutivo ha decidido no realizar una revisión extraordinaria de los miles de expedientes de nacionalidad otorgados bajo la denominada «ley de nietos» (Ley de Memoria Democrática). Esta resolución llega tras las resoluciones judiciales que mantienen suspendido de forma cautelar el derecho a votar en las elecciones generales del 29-N para más de 160.000 personas nacionalizadas en el exterior.
Desde La Moncloa no se ha definido un plan para acelerar la auditoría de los expedientes detenidos ni se han comunicado medidas para aumentar el personal en las oficinas consulares. Esta falta de acción operativa mantiene congelado el censo CERA, afectando a poco más de un mes para la jornada electoral.
Conflicto judicial y estrategia del relato
Frente a la suspensión cautelar respaldada por los tribunales debido a los recursos contra los criterios de tramitación, la Abogacía del Estado ya había señalado previamente la dificultad técnica para revisar con garantías la totalidad de las resoluciones antes de la apertura de los colegios electorales.
Aunque el Gobierno ha denunciado públicamente que se está impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental a ciudadanos españoles, no se han puesto en marcha planes urgentes para resolver el atasco administrativo. De esta forma, el conflicto se traslada al ámbito político, donde el Ejecutivo elige reforzar la explicación del bloqueo judicial, mientras que la posibilidad de restaurar a tiempo el derecho al voto para los inscritos está casi descartada.
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Desde La Moncloa no se ha definido un plan para acelerar la auditoría de los expedientes detenidos ni se han comunicado medidas para aumentar el personal en las oficinas consulares. Esta falta de acción operativa mantiene congelado el censo CERA, afectando a poco más de un mes para la jornada electoral.
Conflicto judicial y estrategia del relato
Frente a la suspensión cautelar respaldada por los tribunales debido a los recursos contra los criterios de tramitación, la Abogacía del Estado ya había señalado previamente la dificultad técnica para revisar con garantías la totalidad de las resoluciones antes de la apertura de los colegios electorales.
Aunque el Gobierno ha denunciado públicamente que se está impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental a ciudadanos españoles, no se han puesto en marcha planes urgentes para resolver el atasco administrativo. De esta forma, el conflicto se traslada al ámbito político, donde el Ejecutivo elige reforzar la explicación del bloqueo judicial, mientras que la posibilidad de restaurar a tiempo el derecho al voto para los inscritos está casi descartada.
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MADRID — El Ejecutivo ha decidido no realizar una revisión extraordinaria de los miles de expedientes de nacionalidad otorgados bajo la denominada «ley de nietos» (Ley de Memoria Democrática). Esta resolución llega tras las resoluciones judiciales que mantienen suspendido de forma cautelar el derecho a votar en las elecciones generales del 29-N para más de 160.000 personas nacionalizadas en el exterior.
Desde La Moncloa no se ha definido un plan para acelerar la auditoría de los expedientes detenidos ni se han comunicado medidas para aumentar el personal en las oficinas consulares. Esta falta de acción operativa mantiene congelado el censo CERA, afectando a poco más de un mes para la jornada electoral.
Conflicto judicial y estrategia del relato
Frente a la suspensión cautelar respaldada por los tribunales debido a los recursos contra los criterios de tramitación, la Abogacía del Estado ya había señalado previamente la dificultad técnica para revisar con garantías la totalidad de las resoluciones antes de la apertura de los colegios electorales.
Aunque el Gobierno ha denunciado públicamente que se está impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental a ciudadanos españoles, no se han puesto en marcha planes urgentes para resolver el atasco administrativo. De esta forma, el conflicto se traslada al ámbito político, donde el Ejecutivo elige reforzar la explicación del bloqueo judicial, mientras que la posibilidad de restaurar a tiempo el derecho al voto para los inscritos está casi descartada.
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Aunque el Gobierno ha denunciado públicamente que se está impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental a ciudadanos españoles, no se han puesto en marcha planes urgentes para resolver el atasco administrativo. De esta forma, el conflicto se traslada al ámbito político, donde el Ejecutivo elige reforzar la explicación del bloqueo judicial, mientras que la posibilidad de restaurar a tiempo el derecho al voto para los inscritos está casi descartada.
