La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha reconocido que cerca de un centenar de personas protegidas por DACA fueron deportadas en el último año. El Ejecutivo alega la existencia de «cargos criminales» para justificar estas acciones, mientras que los demócratas critican detenciones arbitrarias y falta de claridad.
La administración de Donald Trump ha intensificado sus medidas de «tolerancia cero» al reconocer oficialmente la deportación de múltiples inmigrantes amparados bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Esta información, que afecta a los llamados «dreamers», fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mediante una carta enviada al Senado.
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Datos y argumentos del Departamento de Seguridad Nacional
En la comunicación dirigida al senador demócrata Richard Durbin, Noem informó que entre enero y noviembre de 2025, se arrestó a 261 beneficiarios del programa DACA, de los cuales 86 ya han sido deportados. Según la versión oficial, la mayoría de estas detenciones correspondían a personas con antecedentes penales, aunque la secretaria no detalló la naturaleza ni severidad de las acusaciones.
La fundamentación legal del Gobierno se basa en una reciente resolución de un juez federal en Texas, que consideró ilegal el programa DACA por tratarse de una medida administrativa y no de una ley aprobada por el Congreso. Noem enfatizó que DACA supone una «suspensión temporal», sin otorgar derecho a una permanencia indefinida en territorio estadounidense.
Contexto político y señalamientos de arbitrariedad
Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes respondieron rápidamente. Alegan que muchas de estas detenciones se basan en cargos menores o infundados, los cuales frecuentemente son desestimados en los tribunales, pero que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza para acelerar los procesos de expulsión.
Asimismo, el senador Richard Durbin ha comenzado una investigación para determinar si estas deportaciones vulneran los objetivos del programa instaurado por Barack Obama en 2012, que tiene como finalidad proteger a jóvenes que llegaron a Estados Unidos en la infancia y que están plenamente integrados en la sociedad.
La reactivación de un conflicto judicial histórico
Este anuncio representa un nuevo episodio en la confrontación de Trump con DACA. Durante su primer mandato, el Tribunal Supremo detuvo su intento de eliminar el programa debido a fallos en el procedimiento legal, pero actualmente, con un contexto judicial más favorable y una política más estricta, la administración parece determinada a desmantelar progresivamente la protección de los «dreamers».
Esta situación genera incertidumbre entre los cientos de miles de beneficiarios restantes, que observan cómo la protección legal contra la deportación se reduce bajo un nuevo marco de seguridad nacional impuesto desde Washington.
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