Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evalúa si archiva definitivamente las cinco diligencias informativas abiertas contra Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, ha presentado la propuesta de archivo de todas las actuaciones iniciadas tras las denuncias contra el magistrado en relación con la investigación a Begoña Gómez.
Entre las actuaciones revisadas destaca la incoada de oficio luego del auto en el que Peinado ordenó la retirada del pasaporte a Gómez —una medida que fue revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid—, en el que insinuó que los policías nacionales asignados a la escolta podrían colaborar en una posible fuga de la investigada. Estas expresiones motivaron una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al entender que cuestionaban la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un abanico de denuncias e interpretaciones jurídicas
Las otras quejas bajo análisis fueron presentadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños —relativas a su citación como testigo—, la asesora Cristina Álvarez, el grupo municipal Más Madrid junto al diputado socialista Pedro Guillermo Hita, y un ciudadano particular.
Hace un mes, la Comisión Permanente, con el voto de calidad de su presidenta y el apoyo del bloque progresista, encargó al promotor investigar si el juez incurrió en una «falta grave de consideración» o «exceso de autoridad». Por su parte, los vocales conservadores sostuvieron en voto particular que la vía adecuada para impugnar el contenido de las resoluciones judiciales son los recursos ante la Audiencia Provincial.
El criterio ahora defendido por el promotor coincide con esta última posición, indicando que el CGPJ debe intervenir solo ante expresiones improcedentes u ofensivas contenidas en autos cuando exista un requerimiento formal o un testimonio dictaminado por el tribunal superior que conozca de la apelación. Esto deja la resolución definitiva sobre el archivo en manos de la Comisión Permanente en la sesión de este martes.
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Entre las actuaciones revisadas destaca la incoada de oficio luego del auto en el que Peinado ordenó la retirada del pasaporte a Gómez —una medida que fue revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid—, en el que insinuó que los policías nacionales asignados a la escolta podrían colaborar en una posible fuga de la investigada. Estas expresiones motivaron una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al entender que cuestionaban la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Las otras quejas bajo análisis fueron presentadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños —relativas a su citación como testigo—, la asesora Cristina Álvarez, el grupo municipal Más Madrid junto al diputado socialista Pedro Guillermo Hita, y un ciudadano particular.
Hace un mes, la Comisión Permanente, con el voto de calidad de su presidenta y el apoyo del bloque progresista, encargó al promotor investigar si el juez incurrió en una «falta grave de consideración» o «exceso de autoridad». Por su parte, los vocales conservadores sostuvieron en voto particular que la vía adecuada para impugnar el contenido de las resoluciones judiciales son los recursos ante la Audiencia Provincial.
El criterio ahora defendido por el promotor coincide con esta última posición, indicando que el CGPJ debe intervenir solo ante expresiones improcedentes u ofensivas contenidas en autos cuando exista un requerimiento formal o un testimonio dictaminado por el tribunal superior que conozca de la apelación. Esto deja la resolución definitiva sobre el archivo en manos de la Comisión Permanente en la sesión de este martes.
Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evalúa si archiva definitivamente las cinco diligencias informativas abiertas contra Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, ha presentado la propuesta de archivo de todas las actuaciones iniciadas tras las denuncias contra el magistrado en relación con la investigación a Begoña Gómez.
Entre las actuaciones revisadas destaca la incoada de oficio luego del auto en el que Peinado ordenó la retirada del pasaporte a Gómez —una medida que fue revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid—, en el que insinuó que los policías nacionales asignados a la escolta podrían colaborar en una posible fuga de la investigada. Estas expresiones motivaron una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al entender que cuestionaban la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un abanico de denuncias e interpretaciones jurídicas
Las otras quejas bajo análisis fueron presentadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños —relativas a su citación como testigo—, la asesora Cristina Álvarez, el grupo municipal Más Madrid junto al diputado socialista Pedro Guillermo Hita, y un ciudadano particular.
Hace un mes, la Comisión Permanente, con el voto de calidad de su presidenta y el apoyo del bloque progresista, encargó al promotor investigar si el juez incurrió en una «falta grave de consideración» o «exceso de autoridad». Por su parte, los vocales conservadores sostuvieron en voto particular que la vía adecuada para impugnar el contenido de las resoluciones judiciales son los recursos ante la Audiencia Provincial.
El criterio ahora defendido por el promotor coincide con esta última posición, indicando que el CGPJ debe intervenir solo ante expresiones improcedentes u ofensivas contenidas en autos cuando exista un requerimiento formal o un testimonio dictaminado por el tribunal superior que conozca de la apelación. Esto deja la resolución definitiva sobre el archivo en manos de la Comisión Permanente en la sesión de este martes.
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Entre las actuaciones revisadas destaca la incoada de oficio luego del auto en el que Peinado ordenó la retirada del pasaporte a Gómez —una medida que fue revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid—, en el que insinuó que los policías nacionales asignados a la escolta podrían colaborar en una posible fuga de la investigada. Estas expresiones motivaron una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al entender que cuestionaban la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Un abanico de denuncias e interpretaciones jurídicas
Las otras quejas bajo análisis fueron presentadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños —relativas a su citación como testigo—, la asesora Cristina Álvarez, el grupo municipal Más Madrid junto al diputado socialista Pedro Guillermo Hita, y un ciudadano particular.
Hace un mes, la Comisión Permanente, con el voto de calidad de su presidenta y el apoyo del bloque progresista, encargó al promotor investigar si el juez incurrió en una «falta grave de consideración» o «exceso de autoridad». Por su parte, los vocales conservadores sostuvieron en voto particular que la vía adecuada para impugnar el contenido de las resoluciones judiciales son los recursos ante la Audiencia Provincial.
El criterio ahora defendido por el promotor coincide con esta última posición, indicando que el CGPJ debe intervenir solo ante expresiones improcedentes u ofensivas contenidas en autos cuando exista un requerimiento formal o un testimonio dictaminado por el tribunal superior que conozca de la apelación. Esto deja la resolución definitiva sobre el archivo en manos de la Comisión Permanente en la sesión de este martes.
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Entre las actuaciones revisadas destaca la incoada de oficio luego del auto en el que Peinado ordenó la retirada del pasaporte a Gómez —una medida que fue revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid—, en el que insinuó que los policías nacionales asignados a la escolta podrían colaborar en una posible fuga de la investigada. Estas expresiones motivaron una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al entender que cuestionaban la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evalúa si archiva definitivamente las cinco diligencias informativas abiertas contra Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, ha presentado la propuesta de archivo de todas las actuaciones iniciadas tras las denuncias contra el magistrado en relación con la investigación a Begoña Gómez.
Entre las actuaciones revisadas destaca la incoada de oficio luego del auto en el que Peinado ordenó la retirada del pasaporte a Gómez —una medida que fue revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid—, en el que insinuó que los policías nacionales asignados a la escolta podrían colaborar en una posible fuga de la investigada. Estas expresiones motivaron una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al entender que cuestionaban la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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El criterio ahora defendido por el promotor coincide con esta última posición, indicando que el CGPJ debe intervenir solo ante expresiones improcedentes u ofensivas contenidas en autos cuando exista un requerimiento formal o un testimonio dictaminado por el tribunal superior que conozca de la apelación. Esto deja la resolución definitiva sobre el archivo en manos de la Comisión Permanente en la sesión de este martes.
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Hace un mes, la Comisión Permanente, con el voto de calidad de su presidenta y el apoyo del bloque progresista, encargó al promotor investigar si el juez incurrió en una «falta grave de consideración» o «exceso de autoridad». Por su parte, los vocales conservadores sostuvieron en voto particular que la vía adecuada para impugnar el contenido de las resoluciones judiciales son los recursos ante la Audiencia Provincial.
El criterio ahora defendido por el promotor coincide con esta última posición, indicando que el CGPJ debe intervenir solo ante expresiones improcedentes u ofensivas contenidas en autos cuando exista un requerimiento formal o un testimonio dictaminado por el tribunal superior que conozca de la apelación. Esto deja la resolución definitiva sobre el archivo en manos de la Comisión Permanente en la sesión de este martes.
